Martí Batres Guadarrama

El interés nacional, ausente de la agenda foxista

Quienes hoy dirigen a México no tienen un proyecto propio de país ni de nación. Con sus acciones y omisiones, nada involuntarias, demuestran que su propósito es administrar las necesidades económicas que interesan a otros estados y a otros poderes, no a los mexicanos a quienes se deben. Es necesario señalarlo, insistentemente, porque es una responsabilidad colectiva evitar que en unos cuantos años, al igual que ocurrió con la banca, las telecomunicaciones, las cadenas de radio y televisión, las grandes firmas comerciales, las empresas, los medios de comunicación, el petróleo y la generación de energía eléctrica, entre otros, estén en manos de extranjeros.

Ejemplos abundan, desafortunadamente. Diversos sectores de la sociedad han demandado modificaciones a la reforma fiscal aprobada en diciembre pasado por el Congreso de la Unión. Uno de ellos la comunidad cultural, pero el Presidente de la República no los ha escuchado. No obstante, fue altamente receptivo a la exigencia de los productores estadunidenses de fructosa que se quejaron ante su gobierno por el impuesto aplicado en México a las mercancías elaboradas con esa sustancia. Si con la eliminación de tal medida se perjudicó a miles de productores de caña de azúcar en nuestro país, poco o nada importó. Es sólo un "incidente", podrán decir.

Otro "incidente" con características similares ocurrió recientemente en el encuentro convocado por Naciones Unidas en Monterrey. La historia, por todos conocida, ubicó la política exterior mexicana en un polo totalmente opuesto al que siguió por décadas, entre otros, con el gobierno de aquel país hermano. "Argumentar oficiosamente" de diversas maneras para justificar errores o una franca abyección hacia una potencia económica sólo ha erosionado más la imagen de este gobierno mexicano y la de su "carismático" canciller.

Un elemento adicional de análisis tiene que ver con el propósito manifiesto de modificar ciertas leyes. México tiene garantizado su abastecimiento de energía eléctrica hasta 2010 y las potencialidades de inversión pública en tan estratégico sector son muchas. ƑPor qué, entonces, la reforma del sector eléctrico nacional debe ser considerada prioritaria para este gobierno? Esta es una pregunta que los actuales funcionarios no han sabido contestar, ni "en corto" ni abiertamente, porque en realidad no corresponde a la agenda nacional. Sabemos, eso sí, que es una urgencia y exigencia de las grandes compañías extranjeras.

Actualmente hay un proyecto en puerta para establecer una nueva legislación en materia de telecomunicaciones. Su objetivo es disminuir la presencia de las grandes empresas de capital nacional (en este caso Telmex) con el argumento de fomentar la competencia internacional. De concretarse esa reforma estaríamos ante una de las grandes aberraciones de la globalización neoliberal porque propiciaría una importante merma en la inversión nacional en dicho sector. Todas las empresas extranjeras competidoras tienen en conjunto una inversión de 100 millones de dólares. Teléfonos de México, por su parte, ha invertido 12 mil millones de dólares en el sector.

De hecho, los organismos gubernamentales encargados de regular las tarifas no han permitido que baje el costo de las mismas para evitar la quiebra y en cambio apoyar a la empresa de capital extranjero. Así las cosas, no estamos ante el libre comercio o la ley de la oferta y la demanda, sino ante el dogma para abrir al capital extranjero el sector de telecomunicaciones. Es un principio ideológico más que una necesidad económica.

En empresas como Avantel el capital "nacional" lo aporta Citigroup. Pero más importante aún es observar cómo los países desarrollados defienden a sus grandes empresas de telecomunicaciones. En Canadá, por ejemplo, país socio de México en el TLC, sólo se permite 20 por ciento de inversión extranjera. En tanto en México la telefonía celular quedó abierta al 100 por ciento a la inversión extranjera y se pretende hacer lo mismo con la telefonía básica.

Para justificar la privatización de Telmex, hace años se decía que nuestro país necesitaba de grandes empresas con capacidad económica para competir en el mundo. Hoy, cuando tenemos una empresa de capital nacional con fuerte capacidad de reinversión y de generación de empleos, se pretende acotarla artificialmente para beneficio de empresas extranjeras con baja capacidad competitiva y nulos deseos de inversión. Telmex es actualmente la única empresa nacional en un país de América Latina con capacidad competitiva. En Brasil, por ejemplo, la empresa similar, Telebras, fue dividida en ocho pedazos, y en Chile la empresa del sector fue privatizada completamente y, aunque sigue siendo la más competitiva, ya no es de capital chileno.

Este punto hace evidente la ceguera respecto de lo que significa la globalización. No es cierto que los países abren sus fronteras por igual y que estamos en una interrelación equitativa entre las naciones. Los gobiernos de los países altamente desarrollados buscan abrir mercados a sus grandes empresas en el mundo, pero cierran los propios a las de otras naciones, especialmente las del sur. Ellos sí reconocen el papel estratégico de las telecomunicaciones en el proceso de globalización, porque si algo distingue a ésta no es el libre comercio sino las comunicaciones.

En el contexto mundial actual la soberanía y la fuerza de un país no están sólo en su ejército y su estructura jurídica, sino que tienen que ver cada vez más con su cultura, sus comunicaciones y el peso propio de su economía. Tenemos que poner atención en el proceso que se está viviendo, dado que existen graves riesgos de involucrarnos en procesos desnacionalizadores que acentúan la dependencia de México, que diluyen su fuerza, haciendo perder no sólo su sentido, sino la identidad nacional.