Se negocian reformas a la ley federal del ramo

Concesionarios de radio y televisión rechazan regulación de contenidos

"El derecho de réplica se le concederá a toda persona física o jurídica que se considere perjudicada en su honor, prestigio o dignidad, por una información, noticia o comentario transmitido por la radio y la televisión y que le lleva a exigir la reparación del daño sufrido, mediante la inserción de la correspondiente aclaración en el mismo medio de comunicación e idéntica forma en que fue lesionado, sin perjuicio de acciones legales", plantean negociadores de reformas a la ley federal del ramo

JENARO VILLAMIL

Casi un año después de que se iniciaran las negociaciones para la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, los documentos finales de las siete mesas de trabajo revelan disensos sobre la necesidad de crear un órgano de regulación de los contenidos en los medios electrónicos, así como en torno a los requisitos para renovar y adquirir concesiones y permisos.

Mientras existe consenso entre partidos políticos y grupos ciudadanos de que las concesiones duren entre 8 y 15 años, los permisionarios insisten en que sean hasta 30 años y se restrinja el acceso a ellas.

Según las conclusiones de la mesa 4, sobre Concesiones y Permisos, otro disenso importante radica en la posibilidad de que las estaciones que en su mayoría son administradas por organismos públicos y estatales puedan captar publicidad.

También existe rechazo a la creación de una figura adicional a la de concesiones y permisos.

Son permisionarios la mayoría de las mil 54 estaciones de radio (AM y FM) y de televisión que operan asociaciones civiles, instituciones educativas, municipios, el IMER, el INI y los gobiernos estatales.

Tan sólo en las televisiones estatales se contabilizan 695, que operan en todo el país como permisionarios, y existen 65 estaciones de radio que operan las instituciones educativas, incluyendo Radio UNAM.

La representación del PAN en esa mesa, encabezada por la diputada María Teresa Gómez Mont, y el representante de los grupos ciudadanos, Alma Rosa Alva de la Selva, coincidieron en la necesidad de crear una figura adicional a la de concesiones y permisos, que denominan "explotación directa del Estado".

Se propuso que ambas figuras cuenten con patrocinios y puedan "suscribir convenios de intercambio o practicar otras modalidades que, sin ser lucrativas, les representen recursos financieros para su sostenimiento".

Los concesionarios, representados en esa mesa por Alberto Guilbot Serros y por Casio Carlos Narváez Lidolf, de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), se opusieron tajantemente a esa posibilidad. Señalan: "bajo ningún concepto podrán transmitir publicidad comercial ni propaganda de servicios comerciales, marcas, nombres comerciales o efectos de comercio. Lo anterior, tratándose de estaciones de organismos públicos, estatales o federales, que cuenten con partida en el presupuesto de egresos y tengan facultades para operarlas".

No sólo a eso se opuso la representación de la CIRT. Al discutirse los mecanismos para otorgar nuevas concesiones, expresó: "no debe incorporarse bajo ningún concepto el sistema establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Por lo tanto, no debe aplicarse la licitación ni el sorteo".

Apertura de licitaciones

La propuesta de abrir el sistema de otorgamiento de concesiones fue hecha por todas las demás representaciones en la negociación. El PAN propuso que se incorporara el esquema de la Ley Federal de Telecomunicaciones. El representante del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc) abogó por el proceso de licitación. Los grupos de participación ciudadana propusieron que fuera un órgano autónomo, denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión, "quien se encargue de otorgar las concesiones y permisos previa opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes".

"Dicho consejo ?se establece en las conclusiones? determinará el plazo de duración de una concesión, realizando revisiones anuales a la misma, para verificar el cumplimiento del proyecto presentado para obtener la concesión; la calidad de las transmisiones (técnica y de contenidos); el equilibrio temático de la programación, y el manejo de los contenidos publicitarios, de acuerdo con la ley."

La duración de las concesiones fue otro tema polémico. La mesa manifestó que, tomando en cuenta las experiencias de 14 países, debe ser de 8 a 15 años. La CIRT se pronunció por mantener los actuales 30 años, y argumentó que para otorgar los refrendos debe considerarse que "se requieren de certidumbre para invertir en el proceso de modernización tecnológica que requiere la digitalización de esta actividad".

La mesa también se pronunció en favor de que la evaluación de la concesión o permiso "sea un proceso continuo, que no se limita a la revisión para el otorgamiento del refrendo".

En materia de inversión extranjera, la CIRT señaló que este punto no es materia de la Ley Federal de Radio y Televisión, pero solicitó mantener la figura de "inversión neutra", la cual ha permitido la inversión de grupos como el español PRISA en la radio mexicana. Los representantes del PRI, Carlos Ortiz Tejeda, y del PT, Roberto Rodríguez Soria, se pronunciaron porque la actividad quede restringida sólo para mexicanos.

Límites a monopolios

En la mesa 7, que discutió la competencia económica en radio y televisión, bajo la coordinación de la Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, se ventilaron propuestas en las cuales no se llegó a consensos claros.

El PAN planteó prohibir que algún grupo o propietario de medios controle más de 50 por ciento de estaciones de radio en una plaza y que "ninguna empresa televisiva acapare más de 25 por ciento de la cobertura local".

El PT propuso abrir las concesiones a las organizaciones sociales y los grupos de participación ciudadana. Apoyado por el PRI, estableció que "la nueva legislación debiera prever esta situación como un apartado de la nueva ley".

La CIRT también se opuso a cualquier posibilidad de incorporar criterios de competencia económica a la Ley Federal de Radio y Televisión.

Planteó "que la competencia económica, como fenómeno económico, se regule mediante su propia legislación", está "en contra de mutilaciones y adiciones inadecuadas al texto de la Ley Federal" y dijo que "en la nueva Ley Federal no se deben incluir disposiciones que se encuentran ya contempladas en la vigente Ley Federal de Competencia y su reglamento".

Los representantes de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales AC establecieron que "no existen condiciones de competencia", ya que no se tienen los mismos elementos ni condiciones para los concesionarios y permisionarios.

Los grupos de participación ciudadana destacaron las limitaciones a los productores independientes para la distribución de sus creaciones.

Derecho de réplica, el gran consenso

Tanto en la mesa 3, sobre Participación Social y Derechos Ciudadanos, como en la 5, sobre Programación, el gran consenso entre los 15 grupos de trabajo, incluyendo a la CIRT, fue incorporar a la nueva legislación el derecho de réplica en los medios electrónicos.

En el documento de la mesa 3 se establece: "El derecho de réplica debe estar considerado garantía para toda persona física o moral en el proyecto de ley, así como el procedimiento para acceder a la réplica por parte del afectado".

En el documento de la mesa 5 se da cuenta del consenso:

"1. El derecho de réplica forma parte del derecho a la información y se ajusta a los términos previstos por la Convención Americana de Derechos Humanos.

"2. Se propone que el derecho de réplica se incorpore al texto de la Ley Federal de Radio y Televisión y se especifique en su reglamentación, plazos, gratuidad, extensión y que éste se haga extensivo a todas las transmisiones de radio y televisión.

"3. El derecho de réplica se le concederá a toda persona física o jurídica, que se considere perjudicada en su honor, prestigio o dignidad, por una información, noticia o comentario transmitido por la radio y la televisión y que le lleva a exigir la reparación del daño sufrido, mediante la inserción de la correspondiente aclaración en el mismo medio de comunicación e idéntica forma en que fue lesionado, sin perjuicio de acciones legales."

Pero los concesionarios sostienen profundas diferencias con las demás propuestas en materia de vigilancia de los contenidos de la programación y la publicidad.

Por otro lado, el documento final de la mesa 6, denominada Medios de Estado, planteó que las estaciones televisivas y radiofónicas públicas hagan "una revisión crítica de sus funciones".

Patrocinios

También se reconoce que hay indefinición de la ley en relación con la naturaleza del servicio público de estos medios, sobre las fuentes de financiamiento de las estaciones permisionadas, y se destacó que "algunas de estas emisoras son dirigidas por personas que desconocen los alcances y propósitos de la radiodifusión de servicio público. La designación de los titulares de estos medios depende de decisiones unilaterales, que no siempre toman en cuenta la trayectoria y capacidad profesional en los medios".

Entre las propuestas ventiladas en esta mesa, en la cual fungió como secretario técnico Julio Dibella Roldán, y participó también Héctor Parker, de la red de estaciones de radiodifusión pública de los estados, se acordó crear un nuevo concepto en la ley para permitir el patrocinio en los medios que operan con recursos públicos.

El patrocinio es "la contraprestación en dinero o en especie que recibe una emisora por la transmisión de un mensaje, sin exaltar las cualidades del producto o servicio prestado por el patrocinador, debiendo limitarse a la sola mención de éste de manera oral y/o visual".

Se mantiene la propuesta de que existan dos tipos de régimen jurídico para los medios públicos: concesiones o concesiones y permisos.

La segunda propuesta plantea definir cuatro tipos de concesiones: comerciales (que podrán incluir en su programación anuncios comerciales), públicas (instaladas y operadas por instituciones u organismos con fondos públicos y que podrán incluir en su programación patrocinios), de acceso social y comunitarias (medios instalados y operados por particulares y comunidades, orientados a promover el desarrollo cultural, económico y social de sus comunidades) y experimentales (destinadas para fines científicos o para pruebas temporales de equipo o tecnologías; no podrán transmitir ni anuncios comerciales ni patrocinios).

Hasta el momento, la CIRT se ha opuesto a la creación de la figura de los patrocinios y mantiene su firme rechazo a que los medios públicos puedan comercializar sus espacios de transmisión.