El Congreso presentará controversia constitucional por la decisión del Ejecutivo

A la Corte, decreto que suspende impuesto a fructosa

Coordinadores de diversos partidos se unirán en "defensa de la soberanía del Legislativo"

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

Con el voto en contra de la fracción panista en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación de ese órgano legislativo determinó ayer presentar un recurso de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo federal, por el decreto del pasado 5 de marzo que suspende por seis meses la aplicación de un impuesto al uso de fructosa, que aprobaron en diciembre los legisladores.

Miroslava García Suárez, que en su carácter de representante de la bancada del PRD ante la Comisión Permanente del Congreso presentó una iniciativa en este sentido, manifestó su satisfacción porque cuatro de cinco coordinadores decidieron unirse para hacer una defensa institucional de la soberanía del Poder Legislativo. "Eso es lo vedaderamente importante, más que decir que fue una iniciativa del PRD o que va en un afán de sumarse al coro para atacar a la figura presidencial.

"Nuestra obligación es la defensa del Congreso. Es importante el hecho, porque en este momento hablamos, cuestionamos todo el decreto, desde diversos ángulos: en lo jurídico, lo económico y lo social; hoy se hace énfasis en lo jurídico y eso es bueno", declaró la legisladora.

Bernardo de la Garza, coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista, explicó que el paso siguiente es presentar este planteamiento ante el pleno de la cámara, y una vez aprobado, como se prevé que suceda, se mande a la presidencia de la mesa directiva, que encabeza la priísta Beatriz Paredes Rangel, para que elabore el proyecto de controversia constitucional que deberá entregarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a efecto de que en esta instancia se determine a cuál de las partes asiste la razón en este debate.

De acuerdo con legisladores de PRD, PT y Convergencia por la Democracia, el Ejecutivo recurrió a las llamadas facultades metaconstitucionales "utilizando el más viejo estilo del régimen anterior", pero coinciden en que no deben permitir estas acciones por parte del Presidente, "aun con un gobierno democráticamente electo, porque va en detrimento de la democracia y del equilibrio de poderes".

La perredista García Suárez recordó que aun cuando el PAN votó en contra de que la cámara iniciara ante la SCJN esta controversia constitucional, el propio coordinador de los panistas en San Lázaro, Felipe Calderón Hinojosa, declaró que "sería saludable" que la Corte emitiera una definición al respecto.

Martí Batres Guadarrama, coordinador de los diputados del PRD, manifestó en su oportunidad "plena confianza" en la SCJN, ya que, dijo, "además de que es el órgano que tiene estas atribuciones en sus manos, se ha distinguido por tomar decisiones con independencia y autonomía, estudiando a fondo los casos. Puede haber diferentes puntos de vista, se puede estar de acuerdo o no en alguna u otra resolución, pero definitivamente la Corte ha hecho un trabajo muy profesional para tomar las decisiones correspondientes", estableció.

El triunfo anterior

El antecedente más cercano de un fallo favorable al Congreso en un trámite similar se registró el pasado jueves 24 de agosto de 2000, luego de que la Corte resolvió que en un plazo de un mes el entonces presidente Ernesto Zedillo debía entregar datos específicos sobre Banco Unión, sobre la lista de los fideicomisos de esa institución -hasta junio de 1998-, entre los que se incluyen los que sirvieron para financiar las campañas de Luis Donaldo Colosio, el propio Zedillo y el actual presidente nacional del PRI, Roberto Madrazo Pintado, y que el mandatario en funciones se había negado a proporcionar.

Entonces, los ministros expresaron -en los plenos privados, así como en los trabajos que de manera individual presentaron al pleno, y que finalmente fueron integrados al proyecto de dictamen final- que la Corte no tiene intención de favorecer a ninguna de las dos partes en la controversia, sino establecer la supremacía constitucional sobre las leyes secundarias.

Recientemente el Congreso presentó también ante la SCJN la demanda, vía controversia constitucional, en contra del Presidente de la República por la aplicación del reglamento de la Ley General del Servicio Público de Energía Eléctrica. Se trata de la primera ocasión en que el Legislativo en su conjunto demanda al Ejecutivo.

Esta vez, los ministros tendrán que determinar si es legal que el Presidente, a través de la expedición de reglamentos, vaya más allá de lo que establece la ley en la materia, o bien sólo puede reglamentar lo estrictamente estipulado.