Promueve que la empresa se consolide como clave para la soberanía nacional
Iniciativa del PRI busca acotar discrecionalidad del Ejecutivo para nombrar consejeros en Pemex
ALONSO URRUTIA
La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República promueve reformas a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos con el objetivo de cerrarle el paso a la discrecionalidad con que el Poder Ejecutivo puede designar a los integrantes del consejo de administración, ''en razón de sus intereses personales''. De igual forma, busca consolidar la concepción de esta empresa como clave en la soberanía nacional y que no se retome la pretensión gubernamental de incorporar empresarios a la administración de la paraestatal.
La iniciativa priísta -elaborada por el senador Oscar Cantón Zetina- justifica que sólo mediante el establecimiento de normas claras y precisas, con plena observancia, se impedirá que en lo sucesivo, al amparo de interpretaciones escasamente fundamentadas en la ley, se pretenda disponer discrecionalmente de los hidrocarburos, según los criterios del gobierno federal en turno.
De aprobarse las reformas propuestas por el PRI, el consejo de administración se integraría por 15 miembros, de los cuales ocho serían secretarios de Estado y corresponderían a los titulares de: Energía, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Economía, Medio Ambiente (que son los que ya se encuentran en el consejo de administración), más Gobernación, del Trabajo y de Desarrollo Social. Asimismo, participarían dos representantes de las entidades donde se produce el petróleo y que estarían en el consejo de manera rotativa. Finalmente, la propuesta incorpora a cinco representantes del sindicato petrolero.
La justificación que da el PRI a la incorporación de la Secretaría de Gobernación obedece a que la producción petrolera se vincula necesariamente con asuntos de seguridad nacional, pues Pemex es una empresa estratégica para el país.
La incorporación de Sedesol se desprende del hecho de que buena parte de los programas sociales que desarrolla el Ejecutivo federal se financia con recursos que provienen de la venta de petróleo.
En cuanto a la Secretaría del Trabajo, se la incorpora como consecuencia del impacto que tiene la producción petrolera en la generación de empleos.
La participación de los gobiernos estatales tiene que ver con la necesidad de que los estados que enfrentan los perjuicios ocasionados por la producción petrolera puedan expresar sus puntos de vista.
En la actualidad, dice la exposición de motivos, los estados tienen que enfrentar los problemas sociales y ambientales que genera la presencia de Pemex en su territorio. Con esta participación se lograría una mayor coordinación entre la Federación y los gobiernos estatales.