EU, Israel, Rusia, Japón, China y algunas naciones árabes se niegan a ratificarla

Formalizan 66 países la Corte Penal Internacional

Juzgará casos de genocidio o crímenes de guerra que ocurran a partir de julio próximo

Piden inmunidad para soldados estadunidenses; ex funcionario de Milosevic intenta suicidarse

AFP, REUTERS Y DPA

Naciones Unidas, 11 de abril. "Se acaba de dar un golpe a la impunidad", dijo hoy el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, al presidir una ceremonia que marcó el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), instancia competente para juzgar a los responsables de genocidio o crímenes de guerra.

El gobierno estadunidense, por su parte, reiteró que no tiene intenciones de ratificar el tratado que la institucionaliza. No obstante, el portavoz el Departamento de Estado, Philip Reeker, indicó que Washington "examina actualmente su política para saber cómo tratar con esa institución".

Según fuentes diplomáticas en Nueva York, Estados Unidos estudiaría la posibilidad de retirar su firma de ese tratado, signado por el ex presidente Bill Clinton -aunque no lo presentó al Congreso-, pues la actual administración conservadora teme que los soldados estadunidenses involucrados en conflictos en el extranjero puedan ser juzgados.

En este sentido, un grupo de legisladores republicanos y demócratas reclamó al presidente George W. Bush que presione al Consejo de Seguridad de la ONU, ya que consideran la creación de la corte una "lamentable derrota para la promoción de la paz y la seguridad internacionales". Por ello, piden que este consejo otorgue inmunidad al personal estadunidense involucrado en misiones en el extranjero.

Otros países que se niegan a ratificar el documento son Israel, Rusia, Japón, China y varias naciones árabes.

En Belgrado, en cambio, el Parlamento bicameral adoptó la ley sobre cooperación con la CPI, que autoriza a que se transfieran criminales de guerra de la ex Yugoslavia a esa jurisdicción de la ONU.

El proyecto de ley se incluyó de urgencia en la agenda del Parlamento de las repúblicas de Serbia y Montenegro a causa de las presiones de Washington, que pide a Belgrado gestos que demuestren su voluntad de cooperar con la CPI antes de otorgarle ayuda financiera.

Con esto, los colaboradores más cercanos del ex presidente Slobodan Milosevic también podrían verse obligados a responder ante la corte en La Haya. Uno de ellos, Vlajko Stokiljkovic, ex ministro del Interior, protagonizó esta noche un intento de suicidio al dispararse un balazo en la cabeza frente a la entrada del Parlamento, en señal de protesta, y se encuentra hospitalizado en estado crítico.

Durante la ceremonia en Naciones Unidas, 10 votos elevaron a 66 el número de países que ratificaron el tratado de Roma de 1998 para establecer la CPI, seis más de los necesarios para que el tratado entre en vigencia el primero de julio. Bosnia, Bulgaria, Camboya, Congo, Irlanda, Jordania, Mongolia, Níger, Rumania y Eslovaquia depositaron su firma al mismo tiempo para que el honor de ser el Estado número 60 no recayera en un solo país.

"El sueño de una Corte Penal Internacional se ha hecho realidad", dijo Annan en videoconferencia desde Roma, e instó al resto de los países a enviar sus ratificaciones. De los 15 que conforman la Unión Europea, sólo Grecia no ha certificado el tratado de Roma.

Se espera que el tribunal inicie sus tareas el año próximo en La Haya, Holanda, en un esfuerzo por cumplir una promesa hecha a mediados del siglo pasado durante los juicios de Nuremberg contra líderes nazis, y de Tokio, contra japoneses responsabilizados por el conflicto en la región del Pacífico.

Otras cortes internacionales son la de La Haya, que actualmente juzga a Milosevic, mientras que el tribunal internacional para Ruanda fallará sobre los casos de genocidio cometidos en ese país en 1994.

La nueva corte puede enjuiciar a individuos por genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra, así como por graves violaciones de los derechos humanos.

El tribunal sólo tiene jurisdicción cuando los países de donde son originarios los criminales no pueden o no quieren juzgar a esos individuos.

Los casos pueden ser presentados por cualquier nación que haya ratificado el tratado, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o por los fiscales del tribunal, tras la aprobación de tres jueces de la corte.

El mandato del nuevo órgano no es retroactivo, así que no puede ventilar crímenes cometidos antes del primero de julio.

Organismos humanitarios y de derechos humanos saludaron la creación de la corte, al igual que varios países.

Chile lamentó no haber podido ser parte del grupo de los 60 fundadores, luego que la oposición derechista frenara el proceso de adhesión. A su vez, el presidente de Perú, Alejandro Toledo, afirmó este jueves en Costa Rica que la cancillería de su país estudia la posibilidad de que el destituido presidente Alberto Fujimori, refugiado en Japón desde noviembre de 2000, sea juzgado por la CPI por "violaciones a derechos humanos" y otros delitos.