Los escándalos crecientes por la cantidad y gravedad de delitos sexuales perpetrados por sacerdotes católicos en Estados Unidos dieron lugar, en días pasados, a inopinadas y preocupantes reacciones por parte de jerarcas de esa Iglesia en nuestro país.

Las primeras apuntaron a marcar una supuesta diferencia entre lo que ocurre en las filas del catolicismo estadunidense y un panorama nacional presuntamente mucho menos inquietante, en el cual los abusos sexuales de los curas --cometidos sobre todo contra menores, pero también contra religiosas, así como contra mujeres seculares-- serían, se dice, singularísimas excepciones en un contexto de piedad, devoción, rectitud y amor al prójimo.

Lo anterior podría ser tomado como parte de la propaganda reactiva de cualquier institución política, civil o religiosa afectada por un escándalo, pero a esas reflexiones se ha agregado la advertencia de que la jerarquía eclesiástica está dispuesta a sustraer del imperio de la ley a quienes cometan delitos sexuales y a sancionarlos en procesos internos regulados por el derecho canónico. Semejante pretensión de impunidad resulta inaceptable, escandalosa y probablemente delictiva en sí misma.

Ante esas expresiones, resulta oportuno recordar que el único territorio de excepción dentro del derecho mexicano es el fuero castrense --ciertamente cuestionable y acaso suprimible, pero aún vigente--, el cual es aplicable únicamente a faltas cometidas en el ámbito y las circunstancias propias de la milicia. Los abusos sexuales como los que se perpetran en seminarios, sacris-tías, confesionarios y clases de catecismo, y cuya frecuencia, abun- dancia y gravedad parecen ser proporcionales a la reticencia del clero a informar puntualmente de ese fenómeno, deben ser ventilados en los tribunales legales correspondientes. Quienes encubren a presuntos criminales son culpables, a su vez, de obstrucción de la justicia.

Hasta ahora, la jerarquía eclesiástica ha logrado evitar el procesamiento de muchos de sus integrantes, clamorosamente señalados por sus presuntos actos de violencia sexual contra menores, como el dirigente de la orden Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, a quien se atribuye haber dado a la frase "dejad que los niños se acerquen a mí" sentidos más sexuales que amorosos y más delictivos que evangélicos. Las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia no deben ceder a chantajes y demandas de impunidad por parte del clero, a menos que pretendan multiplicar el descrédito que de por sí vienen arrastrando.

Los pronunciamientos referidos ameritan una respuesta inequívoca por parte de la Secretaría de Gobernación, la cual, independientemente de las preferencias religiosas dominantes en el actual equipo de gobierno, debe manifestarse en defensa de las leyes y en contra de la impunidad.

Finalmente, cabe apostar por que la población católica del país permanezca decidida a deslindar su vida espiritual privada de la legalidad vigente, a preservar su integridad física, emocional y afectiva, así como la de sus hijos, y a denunciar a la justicia a los agresores sexuales de toda laya, con o sin uniforme y con o sin sotana.