El juez Baltasar Garzón citó a declarar al gobernador del Banco de España

La compra de Bancomer, excusa de consejeros de BBV por los depósitos en paraísos fiscales

Las dimisiones podrían desembocar en castigos de hasta 10 años de cárcel por fraude

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 12 de abril. El caso BBV, en el que se investiga a la ex cúpula directiva del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) por manejos turbios en alrededor de 200 millones de dólares, ocultos durante 13 años en paraísos fiscales, provocó hoy una nueva decisión judicial por parte del juez instructor del caso y magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que comunicó al director del Banco de España (BE), Jaime Caruana, que está citado a declarar como testigo el próximo martes, con el objetivo de desvelar el contenido de dos reuniones celebradas en enero y septiembre del año pasado y que podrían ser claves en el proceso penal.

Garzón asumió la investigación del caso el pasado miércoles a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al señalar que en esta trama financiera presuntamente diseñada por 22 ex directivos del BBV había indicios de "apropiación indebida, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental, administración desleal y fraude fiscal". Las principales sospechas recaen sobre el ex presidente y vicepresidente de la entidad, Emilio Ybarra y Angel Corcóstegui, respectivamente, quienes además fueron los responsables de la negociación en la adquisición de 48.5 por ciento de Bancomer.

Los presuntos hechos delictivos se sucedieron antes de la fusión del BBV con Argentaria, entonces controlado por el gobierno y que dio origen al BBVA, una entidad que tiene una fuerte presencia en América Latina, sobre todo en Argentina, Brasil, Chile, Puerto Rico, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, al tiempo que es accionista de las principales multinacionales españolas, como Telefónica, Repsol e Iberdrola.

La trama presuntamente fraudulenta de los financieros españoles ya provocó una serie de dimisiones en cadena como una primera responsabilidad civil al desfalco, si bien una vez que el caso entró en la vía penal las consecuencias contra los implicados podrían ser más graves, al contemplar el Código Penal sanciones de hasta 10 años de prisión por estos delitos.

Garzón decidió en primer lugar citar a Caruana y a su mano derecha, el vicepresidente del BE, Gonzalo Gil, para que expliquen ante los tribunales el contenido de los encuentros que mantuvieron en septiembre pasado con Ybarra, Pedro Luis Uriarte, que renunció como consejero delegado de la entidad, y con el actual presidente del banco, Francisco González.

El magistrado se interesa por los encuentros del 19 de enero y 21 de septiembre del año pasado, la primera fue de "suma importancia", ya que los financieros informaron a la entidad reguladora de la existencia de los fondos de dinero negro en una serie de cuentas secretas abiertas en paraísos fiscales, lo que propició que los inspectores del BE estrecharan la vigilancia sobre la entidad.

En dichos encuentros los financieros explicaron a los funcionarios del BE sobre la existencia de los planes de pensiones y de las cuentas secretas, si bien de lo discutido ahí no se levantaron actas notariales, aunque sí hay algunas referencias en el expediente disciplinario que abrió el BE, en el que sostienen que Ybarra y Corcóstegui justificaron esos fondos irregurales ante la "necesidad de tomar un posicionamiento en Bancomer" y que una vez que no fue necesaria dicha acción, estos fondos se normalizaron.

Dichos fondos también fueron destinados al financiamiento de campañas políticas, entre ellas la de Hugo Chávez, y a recompensar a los 22 ex consejeros del BBV que perdieron ingresos tras la fusión.

Garzón considera que lo discutido en dichas reuniones podría descubrir el trasfondo del escándalo, que podría salpicar al actual consejero delegado del Santander Central Hispano (SCH, también con presencia en México), Alfredo Sáenz, y a Francisco Luzón, consejero director de la entidad.