Crece la desconfianza de los electores, dice el CEESP

Duda la iniciativa privada de la representatividad de los partidos

DAVID ZUÑIGA

El sector privado puso en duda la representatividad de los partidos políticos y les advirtió que si persisten en su rechazo a las reformas estructurales serán "castigados" por los electores.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló que la reciente negativa del Senado a permitir la gira de Vicente Fox a Estados Unidos y Canadá mostró que "las prioridades de algunos legisladores y partidos no coinciden con las de la población".

Advirtió: "Es obvio que el electorado desconfía cada vez más de sus representantes y va a castigarlos, lo que debería preocuparlos enormemente".

En tanto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló que las mesas de trabajo del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional darán a los empresarios la oportunidad de exponer directamente sus propuestas de reformas laboral, educativa, presupuestal, de telecomunicaciones y energética, entre otras.

Argumentó que si bien los partidos políticos son indispensables para las elecciones, "no agotan todas las dimensiones de la actuación democrática de la sociedad, por ejemplo la empresarial", por lo cual deben buscarse nuevas vías de participación.

El acuerdo, agregó, deberá facilitar el diálogo directo entre el Ejecutivo, los partidos, el sector empresarial y otras organizaciones sociales, con el objetivo de que los consensos para aprobar reformas estructurales "no sean después bloqueados".

Señaló que el gobierno federal se comprometió a tomar en cuenta las propuestas del sector privado, con las cuales busca "la consolidación de la democracia mexicana, el establecimiento pleno de la economía de mercado con responsabilidad social y un auténtico estado de derecho".

Algunos asuntos que el sector privado planteará en las mesas de trabajo del acuerdo son la creación de un instituto de evaluación educativa, con la participación de organismos empresariales; la eliminación gradual del déficit público, para que al final de este sexenio se logre un superávit, y la rendición de cuentas y resultados claros en el combate a corrupción e impunidad.

Además, profundizar la desregulación y el apoyo a la pequeña y mediana empresa; reformar la ley de telecomunicaciones para ampliar la infraestructura y promover nuevas inversiones; garantizar a los ciudadanos el acceso a toda la información oficial; promover una "auténtica" reforma fiscal que aliente el ahorro y la inversión y erradique la economía ilegal.

También propondrá apertura total al capital privado en el sector energético, "modernización" de las normas que rigen el mercado laboral y creación de un consejo ciudadano de seguridad pública con facultades amplias de coordinación y coadyuvancia con las dependencias federales, estatales y municipales.

Contra la educación laica y la rectoría estatal en los energéticos

Antes de que empiecen las mesas de discusión, el organismo expresó su desacuerdo con algunos puntos del documento, como el acceso universal a la educación "pública, laica, gratuita y de calidad".

Asimismo se opone a la rectoría del Estado en el sector energético, por considerar que esta premisa ha hecho mucho daño "al propiciar el intervencionismo arbitrario del gobierno", cuya responsabilidad es reducir el costo-país y promover la actividad económica de los particulares.