Ayer, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, emitió una condena inequívoca a Israel por las atrocidades que sus fuerzas militares han perpetrado en los territorios palestinos, reocupados a sangre y fuego tras el colapso del proceso de paz en Medio Oriente. Ese gesto puede contribuir a preservar la vida y las garantías del martirizado pueblo palestino, y su relevancia es, por tanto, indiscutible.

Fuera de esa resolución, absolutamente prioritaria en los momentos que corren, el asunto que acapara la atención internacional en las actuales sesiones del organismo es, como todos los años, el tortuoso proceso para condenar o exonerar al gobierno cubano por violaciones a derechos humanos.

Ciertamente, sería deseable que la discusión del tema se llevara a cabo sin las cargas políticas, ideológicas y estratégicas características del debate, el cual hace mucho tiempo dejó de ser un mero asunto de derechos humanos y se ha convertido en parte de la añeja confrontación diplomática entre Washington y La Habana.

La isla caribeña no es un paraíso de las garantías individuales, pero los abusos que allí se cometen no son comparables con lo que ocurre, por ejemplo, en Irán, China, Arabia Saudita o Estados Unidos, países que ejecutan anualmente a cientos o miles de prisioneros y en los cuales están vigentes castigos crueles, excesivos y degradantes, empezando por la pena de muerte.

En esa dinámica, sería lógico y natural que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitiera una condena menor contra el gobierno cubano. De hecho, la resolución presentada al respecto por Uruguay, a la cual se adherirá el gobierno mexicano, según notificó ayer la Presidencia de la República, es una suerte de condena menor, con la recomendación a La Habana de realizar esfuerzos adicionales en la materia, el reconocimiento de avances y la solicitud girada a la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, para que envíe a un representante que constate, in situ, la situación de los derechos humanos en la isla.

Pero no debe ignorarse que los señalamientos a Cuba están cargados de significados adicionales y peligrosos. Concretamente, el bloqueo --o embargo, asedio, cerco o como quiera llamársele-- que Estados Unidos mantiene contra la isla desde hace cuatro décadas se nutre de argumentos en las críticas hacia este país por la situación de los derechos humanos y, en esa medida, la resolución referida será sin duda instrumentada por el Departamento de Estado para justificar el bloqueo mismo, que resulta más violatorio de los derechos básicos de los cubanos --y no, por cierto, de las garantías de altos funcionarios del gobierno de Castro, sino de la población mayoritaria-- que las limitaciones políticas o los abusos que ese gobierno pueda cometer contra sus opositores.

Desde esta perspectiva, la resolución uruguaya, respaldada por el gobierno del presidente Vicente Fox, no es tan propositiva ni tan inocente como pudiera parecer a primera vista, y es posible incluso que sus efectos resulten más nocivos que benéficos para los cubanos.

Finalmente, el régimen de La Habana no tendría nada que perder, y sí mucho que ganar, si permite la visita de enviados de Mary Robinson, funcionaria cuya independencia, equidad e integridad moral están fuera de toda duda, tanto, que el Departamento de Estado no toleró su gestión como alta comisionada de los Derechos Humanos e intrigó para que abandonara el cargo, cosa que ocurrirá próximamente.