Directora General: Carmen Lira Saade
México D.F. Domingo 21 de abril de 2002
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Sociedad y Justicia

Cura implicado

Madre pide justicia para sus tres hijos, víctimas de abuso

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Mulege, BCS, 20 de abril. María Cruz Soto González, madre de tres hijos, de quienes al parecer abusó el sacerdote español Vicente Serrano, manifestó que lo único que pide es justicia, "apegada a las leyes y no al derecho canónico".

Ante tal situación, la pequeña comunidad pesquera de Bahía Asunción está dividida por la denuncia penal interpuesta por esta madre contra el sacerdote.

Soto González considera injusto que la jerarquía católica proteja a los sacerdotes señalados de pederastia o que pretenda que estos casos no trasciendan ante la opinión pública y con el paso del tiempo se olviden. "Yo espero que se juzgue al padre del pueblo, porque le ha causado un grave daño moral, físico y sicológico a mis tres hijos", dijo.

Relata que sus dos hijos varones acusan al cura de obligarlos a tener sexo oral y violarlos "cuando los invitó a bañarse en la casa de la iglesia", mientras que la única hija reveló que había estado sufriendo por los abusos de Serrano desde 1998, cuando tenía 15 años.

"Lo peor de todo es que el pueblo me ha dado la espalda y apoya moralmente al sacerdote. Somos objeto de burla y morbo, porque tuve el valor de denunciar a quien abusó de mis tres hijos", dijo. Acusó que a ello se suma la Subprocuraduría de Atención a la Mujer y el Menor, dependencia que no ha llevado el caso conforme a la ley.

Luis Alberto, quien apenas cumplirá 12 años, reveló a su madre los abusos de que habría sido objeto por parte del religioso. A la denuncia del pequeño de 12 años siguió la de Jorge Alberto, de 16, y la de su única hija, Montserrat. No obstante, Soto González reafirma su convicción en el catolicismo.

Por su parte, la subprocuradora de Atención a la Mujer y el Menor, Guadalupe Espinoza Ruiz, aseguró que el sacerdote es investigado por atentados al pudor y advirtió que si se encuentran elementos para proceder en su contra, se actuará.

"No protegemos a nadie. Quien la hace, la paga", dijo la funcionaria, quien se negó a proporcionar el número de la averiguación previa y los datos generales del sacerdote.

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