Carlos Fazio

Montes Azules

Bajo la pantalla de un conflicto ambiental protagonizado por un puñado de comunidades y ejidos indígenas irregulares, precapitalistas y depredadores, que en el reparto del guión oficial se enfrentan a las fuerzas del progreso, defensoras del rico patrimonio biológico de Montes Azules -encarnadas por la multinacional Pulsar, de Arturo Romo, la ONG californiana Conservation International (acusada de biopiratería), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo e instituciones gubernamentales-, se esconde una variada gama de intereses contrapuestos que convierten a esa región del sureste mexicano en el foco de un haz de contradicciones, algunas antagónicas, y por lo tanto irreconciliables y excluyentes.

A partir de la realidad -no de la propaganda del régimen- ha quedado expuesta en Chiapas y México la centralidad del país imperialista hegemónico y de su socio subordinado, el nuevo Estado interventor foxista -con aspiraciones de satélite subimperial-, en el establecimiento de mejores condiciones para la expansión del capital corporativo, mayoritariamente con casa matriz en el Estado-nación que concentra el poder económico mundial y lo territorializa: Estados Unidos.

Asistimos a una transición del neoliberalismo hacia un mercantilismo corporativo muy similar al antiguo sistema mercantilista, donde la potencia imperial controlaba los sectores estratégicos de la economía de sus colonias, dominaba los mercados y la mano de obra, y dictaba la política económica, ejecutada a través de un conjunto de estructuras asimétricas, monopolistas, que facilitaban el flujo de los beneficios en una sola dirección,

Washington utiliza hoy una estrategia de doble vía: el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y el Plan Colombia-Iniciativa Andina. Esa estrategia ha sido diseñada para aumentar el control monopólico de las corporaciones estadunidenses y apoderarse de la mayor parte del mercado latinoamericano, sus empresas y recursos naturales, canalizando las ganancias y rexportaciones de capital hacia la metrópoli por medio de subsidiarias.

Eslabón estratégico del ALCA -que como plan de recolonización de América Latina está destinado a acabar con los últimos vestigios de soberanía nacional-, el Plan Puebla-Panamá marcará, de consumarse, el inicio de una nueva fase de saqueo de los recursos naturales de la nación (petróleo, gas, agua, biodiversidad, maderas preciosas) y abrirá una nueva etapa de superexplotación de mano de obra, que será empleada en maquiladoras y en las obras de infraestructura necesarias para consumar el robo (corredores carreteros, gasoductos, represas, redes de electrificación).

Dentro de ese haz de contradicciones, en Montes Azules y el militarizado sureste mexicano se mueven algunos contrarios irreconciliables y excluyentes, que en la actual fase de neomercantilismo pueden ser sintetizados en las antiguas contradicciones imperio-nación y oligarquía-pueblo. De lo que se deriva que la disyuntiva gubernamental, "indígenas invasores depredadores" versus "salvadores conservacionistas progresistas", es falsa.

Como administrador del Estado neocolonial que ha sido denominado México S.A., el "gran patriota" Fox -George Bush dixit- debe intervenir para imponer mayor austeridad a los trabajadores y eliminar conquistas sociales, subsidiar el capital en bancarrota (Tribasa) y a trasnacionales (Monsanto), financiar inversiones extranjeras para que los capitales no emigren al sureste asiático, extraer ganancias y las rentas de los trabajadores para pagar la deuda externa y garantizar las reformas constitucionales que deriven en la privatización y entrega del petróleo, la electricidad, el agua y otros recursos estratégicos a las multinacionales del área.

Pero el papel de "capataz" de Fox se da también en función de los intereses de sectores oligárquicos colaboracionistas locales, entre ellos algunos multimillonarios que financiaron su campaña, con intereses específicos en Chiapas, como Arturo Romo (Grupo Pulsar y Savia) y Lorenzo Zambrano (Cemex), ambos eslabonados a la silla imperial.

Se trata de una nueva clase capitalista trasnacional, conectada a los circuitos internacionales como socios, administradores o socios conjuntos, que comparte los mismos intereses, ideología y políticas con la potencia imperial. Esa elite, que incorpora a la cadena de poder y explotación a cuadros gubernamentales, legisladores y a una vasta red de intermediarios de toda laya, representa uno de los polos de una contradicción que tiene en el otro extremo, como enemigo mortal, a los indígenas y campesinos del sureste mexicano.

Desde 1994, los barones del dinero han venido echando mano de un ejército de soldados, policías, paramilitares y espías en el marco de una política contrainsurgente que combina la represión selectiva con matanzas tipo Acteal, Aguas Blancas y El Charco.

Recubiertos con un celofán conservacionista, los planes de represión violenta para el desplazamiento de las comunidades en resistencia de Montes Azules, vigentes desde 2000, son el complemento de una política de Estado de muchas aristas, destinada a erradicar de la geografía chiapaneca la experiencia autonómica de los municipios zapatistas y el modelo alternativo al actual sistema de dominación.

A nivel micro, Montes Azules sintetiza la contradicción oligarquía-pueblo. A su vez, el cipayismo de Fox hacia el imperio exhibe la contradicción antagónica entre los intereses de Washington y los de la nación mexicana.