Se informó a presidentes y gobernadores, pero no hubo respuesta: Octavio García
Desde 1998 Murat conocía de los conflictos
Dos veces le plantearon los problemas de Sola de Vega, dice el párroco de Teojomulco
ALONSO URRUTIA Y VICTOR RUIZ ARRAZOLA ENVIADO Y CORRESPONSAL
Oaxaca, Oax., 4 de junio. El "nudo" de conflictos agrarios en el distrito de Sola de Vega y el clima de violencia que ha generado desde hace más de 60 años "le fue planteado al actual gobernador del estado, José Murat, durante su campaña proselitista de 1998, y en una segunda ocasión, ya siendo gobernador electo, por un grupo de sacerdotes oaxaqueños encabezados por el entonces arzobispo emérito de Oaxaca, Bartolomé Carrasco Briseño", dio a conocer el párroco de Santo Domingo Teojomulco, Martín Octavio García.
El encargado de la parroquia que atiende a los fieles católicos de las comunidades Teojomulco, Texmelucan, Textitlán, Zaniza, Tlacotepec y Xochiltepec, entre otras, recordó que el actual gobernador respondió entonces: "Eso está fácil, está fácil... no hay por qué preocuparse", y durante esas reuniones se planteó una serie de proyectos muy buenos "que nunca se han llevado a cabo, por lo que esas comunidades siguen en la violencia".
Dijo lleva ocho años trabajando en esa parroquia, seis como vicario y los dos últimos como párroco, razón por la cual tiene constancia de que la parroquia y el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca) han denunciado la violencia que existe en la zona: "se han enviado infinidad de oficios e informes tanto a los presidentes de la República como a los gobernadores en turno, pero la respuesta siempre ha sido la misma: el silencio".
Comentó que después de las dos reuniones con José Murat, que fracasaron, el entonces coordinador del Barca, el sacerdote Wilfrido Mayrén Pelaéz, le propuso al secretario general de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud, que el gobernador fuera a la zona, se reuniera con todos los pueblos y les dijera que como siempre han dicho que el gobierno no actúa, en esa ocasión se sentarían a platicar hasta obtener una solución, pero el funcionario se negó, argumentando que no podía exponer la figura del mandatario; "por eso el padre Mayrén acusó a Mafud de ser un idólatra de la figura de su gobernador".
El responsable del templo en Santiago Xochiltepec -de donde eran vecinos los 26 zapotecos masacrados el 31 de mayo por un grupo de hombres armados que, según la Procuraduría General de Justicia del Estado, son pobladores de la agencia municipal Las Huertas, del municipio de Santo Domingo Teojomulco, sede de esa parroquia- rechazó los señalamientos que el gobernador ha realizado sobre los móviles de este derramamiento de sangre, como son narcotráfico y tráfico de madera.
El sacerdote, quien lleva ocho años trabajando en los pueblos de la sierra sur de Oaxaca, consideró que no es posible que el gobernador diga que la culpa de todo la tiene el gobierno federal, pues el responsable de brindar seguridad a esos pueblos es el gobierno estatal, más aún cuando sabía muy bien de la violencia en la zona, tanto por los informes que le dieron durante las reuniones citadas como porque el primero de diciembre de 1998, cuando tomó posesión, ocurrió un enfrentamiento entre campesinos de Teojomulco y Texmelucan, con resultado de 14 muertos.
Por otra parte, Octavio García reconoció que en esa zona del estado existen muchos intereses e incluso se atreve a especular que esta masacre pudo haber sido por cuestiones políticas: "a lo mejor es gente extraña que quiere crear una situación de inestabilidad social en la región, quieran iniciar un conflicto o dañar a algún político, no sé, pero cuestiones como el narcotráfico o el tráfico de madera son argumentos poco probables".
Dijo que en esta región "sí existe cultivo de enervantes, pero lo pueden hacer algunos particulares en baja escala, no como comunidades, pues si se llegara a masificar la siembra por parte de una comunidad, tendría como vigilantes y delatoras a otras comunidades con las que sostiene conflictos agrarios; ellos se vigilan entre sí".
Sobre la premisa de que se trata de un conflicto generado por el tráfico de madera de particulares, dijo que carece de sustento, ya que las propias comunidades explotan sus bosques en forma colectiva, como en Textitlán, Zaniza, Zenzontepec o San Pedro el Alto, "e incluso han recibido reconocimientos internacionales y nacionales por la forma de realizar la explotación de madera, por lo que no tienen necesidad de traficar clandestinamente con sus productos del bosque".
Recordó que estos pueblos han pasado muchos sufrimientos y esfuerzos para lograr los permisos de explotación de sus propios bosques, porque la normatividad del gobierno federal es muy difícil de cumplir. Por ejemplo, agregó, en Santiago Textitlán le pusieron a su empresa forestal el nombre de Cárdenas, porque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano ayudó a los comuneros a gestionar el permiso.
Acerca del supuesto permiso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó a la comunidad de Santa María Zaniza para la explotación de un área forestal, Octavio García dijo desconocer si se lo dieron o no, pero hasta el momento no se ha dado ninguna inconformidad en los pueblos vecinos.
Señaló que el 7 de marzo el pueblo de Zaniza convocó a las autoridades agrarias y municipales de Textitlán, Teojomulco y Xochiltepec para que atestiguaran ante personal de la Semarnat que la zona boscosa para la cual solicitaban permiso de explotación forestal no se ubica dentro de las zonas en conflicto, pero la diligencia no se realizó porque los técnicos de la Semarnat "se perdieron o se les hizo tarde; sin embargo, se presume que pobladores de Xochiltepec emboscaron al grupo de Teojomulco, resultando heridos Raymundo Gutiérrez y Saturnino Galán, y perdió la vida Margariro Osorio, originario de Las Huertas".
Por otra parte, refirió que la empresa que compra la madera a la comunidad de Santa María Zaniza, Chapados y Contrachapados de Oaxaca es propiedad del ex sacerdote José Esteban Camacho, a quien el ex arzobispo de Oaxaca, Ernesto Corripio Ahumada, le inició un procedimiento para expulsarlo del sacerdocio por estar acusado de violaciones sexuales, entre otras faltas.