Aunque el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) se ha convertido en la tercera causa de muerte entre hombres y mujeres de 25 a 35 años de edad en nuestro país, las partidas presupuestales oficiales para combatir la epidemia y atender a sus víctimas tienden a reducirse, en tanto que las estrategias orientadas a enfrentar este grave problema de salud pública pierden coherencia, precisión y rumbo.

De acuerdo con el panorama del sida en México que se publica hoy en estas páginas, 20 años después de la primera muerte de un seropositivo registrada en el país, los recursos que se destinan a campañas de prevención y a atención de los infectados de VIH no llega ni a uno por ciento del gasto total en salud.

Más grave aún, los documentos oficiales citados en el reportaje indican que el actual gobierno no tiene idea precisa del desarrollo y la extensión de la epidemia: piensa, por el contrario, que se trata de un fenómeno "concentrado en algunos grupos", y concluye que es pertinente enfrentarlo con "estrategias focalizadas" a "mujeres, jóvenes, hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), poblaciones móviles, indígenas, trabajadoras y trabajadores del sexo comercial y personas privadas de su libertad". La enumeración se desborda a sí misma y contradice la premisa de la estrategia, porque las personas de las dos primeras categorías (mujeres y jóvenes) forman algo así como las tres cuartas partes de la población total del país.

Es preocupante que, mientras la enfermedad avanza y diversifica y multiplica a sus víctimas, las apreciaciones oficiales tiendan a concentrarse en los grupos de riesgo definidos hace tres lustros, lapso en el cual los patrones de expansión de la epidemia se han modificado de manera sustancial.

Desde otra perspectiva, es inquietante que en este terreno, como en otros, el actual gobierno se empeñe en tramitar la abdicación del Estado a sus responsabilidades sociales plasmadas en el texto constitucional, y se concentre en fomentar un asistencialismo a todas luces insuficiente para hacer frente a uno de los mayores desafíos de salud pública.

Las autoridades federales debieran hacer conciencia sobre la magnitud del problema y sobre los costos humanos que el país tendría que pagar si no se aplica, hoy, una estrategia articulada, coherente, extensa e intensiva de concientización para la prevención del sida. Para ello, bastaría con voltear la vista a lo que ocurre en algunas naciones africanas cuyas poblaciones ostentan porcentajes de 20 o 30 por ciento de seropositivos y que se encuentran, por ello, en vías de extinción.