Alertan presos en ayuno sobre amenazas a sus familiares
Señora directora: La liberación de
Ericka Zamora Pardo y de Efrén Cortés Chávez es un
acto de justicia plausible y esperanzador, aunque todavía falta
mucho para lograr un país en el que prevalezcan los derechos humanos,
y donde la impunidad sea cuestión del pasado.
La liberación de ambos a una semana del cuarto
aniversario de la masacre de El Charco es significativa. Han sido cuatro
años de lucha por su libertad, durante los cuales denunciaron las
atrocidades que presenciaron y sufrieron en carne propia. Comparto la alegría
de sus familiares, amigos y compañeros que otra vez los tienen a
su lado, y de quienes hemos sabido de su caso y nos dolía su situación.
La vida de los indígenas masacrados es insustituible,
la dolorosa experiencia de los torturados no se puede borrar, que los responsables
continúen actuando en completa impunidad es una bofetada a la sociedad.
Todo esto puede llenarnos de desesperanza y frustración, o, por
el contrario, darnos la entereza y el coraje para unir esfuerzos en pro
de la lucha por el respeto a los derechos humanos. Ericka y Efrén
tuvieron esa entereza.
En estos momentos 26 presos de conciencia continuamos
en huelga de hambre en los penales de La Palma, Neza-Bordo, y Acapulco.
El estado de salud de Jacobo Silva Nogales es especialmente preocupante,
pues lleva más de 42 días de ayuno y su salud comienza a
deteriorarse, pues ya ha bajado de peso casi 14 kilos.
La finalidad de este movimiento es llamar la atención
de la sociedad hacia la existencia de la tortura y de pruebas fabricadas
para mantener a personas encarceladas por su actividad política
y hacer un llamado a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para
que, en uso de sus facultades, obren con justicia y resuelvan lo procedente,
para que todos los presos políticos o de conciencia recobremos nuestra
libertad y no se permita que continúe la farsa que nos mantiene
encarcelados.
También demandamos garantías para nuestros
familiares, pues algunos de ellos han sido amenazados y tememos por su
seguridad.
La situación de los activistas por los derechos
humanos y de los abogados defensores de los presos políticos es
preocupante, pues las amenazas a varios de ellos aún no han sido
aclaradas.
Nuestro país sólo podrá impulsar
los derechos humanos en el exterior con la frente en alto si es reflejo
de la misma política al interior y hacia todos los países.
Seguiremos en huelga de hambre en espera de una solución
favorable a nuestras demandas.
Gloria Arenas Agis, presa política en el penal
de Neza-Bordo
Se queja por "atraco" de American Express
Señora directora: Desde hace 21 años
he usado varios tipos de tarjetas de American Express. Durante todo ese
tiempo mi récord de pagos ha sido intachable.
Actualmente cuento con una tarjeta complementaria. El
8 de mayo pasado realicé un pago por la cantidad de 18 mil 362.56
pesos en Sanborns Insurgentes; este cheque, por primera vez en 20 años,
fue rebotado por falta de fondos.
El 29 de mayo siguiente la titular de la tarjeta recibió
un comunicado, vía correo, en el que se le hacía un cargo
de 18 mil 362.56 pesos más 20 por ciento de castigo (3 mil 672.50),
más IVA 550.87 pesos.
Considero que tanto el 20 por ciento de recargo como el
IVA aplicados son un atraco, sobre todo dada la excelente trayectoria que
he tenido en mi relación con American Express durante más
de dos décadas. En estricto rigor debí pagar únicamente
los 18 mil 362.56 pesos con el consecuente proceso legal que Amexco emprendería
contra un cliente, hasta el pasado 8 de mayo, intachable.
Yo me pregunto dónde están nuestras autoridades
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de
la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros que permiten políticas
leoninas de las instituciones de crédito, en un país donde
la tasa de inflación prevista para 2002 será de un dígito.
Cynthia Anzures Kielman
Piden ayuda a abogados en un caso de homicidio
Señora directora: El que suscribe colabora
con la comunidad indígena nahuatleca La Esperanza, en el municipio
de Mártir de Cuilapan, Guerrero, y el hecho que quiero denunciar,
a petición de Bonifacio Teyuco Miranda, habitante de esa comunidad,
es una forma más de injusticia hacia los diferentes grupos indígenas
de nuestro país.
"El 9 de marzo del año 2001 fue atropellado mi
hermano Julián Teyuco, en la ciudad de México, cuando estaba
desempeñando sus actividades laborales. A consecuencia de las heridas
falleció el 21 de marzo de ese año. Los hechos fueron denunciados
en la agencia del Ministerio Público 37 de la Delegación
Miguel Hidalgo, por lo que se levantó la averiguación previa
38100451/01-03B en contra de Eleazar Hernández Uribe, quien fue
el que atropelló. El fatal accidente sucedió en la calle
Isabel la Católica y Soria. El expediente de la Cruz Roja es el
número 97295. Un abogado nos dijo que podría llevarnos el
caso, y siguiendo su sugerencia nos dijo que rechazáramos los 37
mil pesos de indemnización inicialmente ofrecidos, pues él
podría luchar para obtener más indemnización; sin
embargo, perdió el caso y es fecha en que no tenemos forma de lograr
una indemnización para la esposa e hijos de mi hermano.
Mi hermano dejó en la orfandad a cuatro hijos y
esposa, quienes viven en la comunidad. Dada la precariedad económica
en la que vivimos, mi cuñada tiene que trabajar para darle sustento
a sus hijos, en la población de Zitlala, situada a 30 kilómetros
de la comunidad, por lo que tiene que dejarlos solos toda la semana. Los
padrinos de los niños y nosotros tenemos que vigilar que no les
vaya tan mal. Este lamentable accidente ha roto una familia, por eso exigimos
justicia y nos preguntamos, ¿dónde está la justicia
que tanto pregonan Vicente Fox y Xóchitl Gálvez hacia los
pueblos indígenas? ¿Sólo hay justicia para los ricos
y los lavadores de dinero? ¿No puede haber justicia para
miembros de comunidades indígenas que deben trabajar en otro lado
para satisfacer nuestras necesidades económicas, pues en nuestro
pueblo no hay las oportunidades necesarias?
La presente carta es para solicitar ayuda de los lectores
y gente solidaria para que se pueda conseguir un abogado que represente
a esta familia en su justa demanda y no vuelvan a ser nuevamente engañados.
La información puede hacerse llegar al siguiente correo electrónico:
[email protected]
David Delgado Viveros, profesor de la Universidad Autónoma
Chapingo
Precisiones a nota sobre sida en Yucatán
Señora directora: En relación con
la nota titulada "Retiene gobierno de Yucatán 100 tratamientos gratuitos
para personas infectadas con el VIH", firmada por el corresponsal Luis
Boffil y publicada el 3 de junio, es pertinente hacer las siguientes precisiones:
1. En sesión del Comité Estatal para la
Prevención y Control del Sida, del día 28 de mayo, en presencia
de Carlos Méndez Benavides, integrante del Grupo Multisectorial
y director del albergue Oasis San Juan de Dios, el secretario de Salud
local, José Antonio Pereira Carcaño, ratificó el compromiso
del gobierno del estado en la atención de los enfermos con este
padecimiento.
2. Lo anterior implica 62 nuevos tratamientos antirretrovirales,
que serán distribuidos a partir de julio próximo, para pacientes
con esa enfermedad, y que se sumarán a las 124 medicaciones que
se otorgan desde la primera quincena de abril pasado, en cumplimiento de
un acuerdo de la Federación con Yucatán.
3. De ese modo, serán 186 personas más de
escasos recursos económicos y sin seguridad social, las que se beneficiarán
con ese apoyo, aunado a los 10 tratamientos que se cubren desde la administración
estatal anterior y los 54 tratamientos que otorgaba el Fonsida y que ahora
fueron cubiertos por la Secretaría de Salud federal.
4. En suma son 250 pacientes los que recibirán
atención en el Servicio Especializado del Hospital Agustín
O'Horán, de la capital yucateca.
5. En los próximos días se instalará
la Comisión de Evaluación y Seguimiento para la distribución
de los tratamientos, en cuyo seno se contará con médicos
especialistas, una persona viviendo con VIH y una organización no
gubernamental con trabajo en la atención de personas con sida.
6. El costo de los 62 nuevos tratamientos comprometidos
por el gobierno del estado asciende a 5 millones 208 mil pesos, a los que
hay que agregar otro millón 500 mil pesos por concepto de estudios
especializados de laboratorio, como los de carga viral y conteo linfocitario.
7. Además, los Servicios de Salud de Yucatán
asignó un presupuesto de dos millones 179 mil pesos para el Programa
de VIH/Sida e ITS este año, sin tomar en cuenta el concepto 1000
que corresponde a sueldos de personal.
Por todo lo anterior es de extrañar la versión
de Méndez Benavides, quien tiene conocimiento del esfuerzo que se
realiza sobre el tema que nos ocupa y también del trabajo que está
por iniciarse.
Sin más por el momento, aprovecho para refrendar
el compromiso del gobierno de Yucatán con la salud.
Dr. Eusebio Jiménez Ríos, director de
Prevención y Protección de la Salud de los Servicios de Salud
de Yucatán
Se debe aprovechar la visita de Garzón, dice
Señora directora: Hay que aprovechar que
el juez Baltasar Garzón está en México para que vea
lo del asesinato de campesinos en Oaxaca y que revise las masacres de Aguas
Blancas, Acteal, el asesinato de Digna Ochoa, los cientos de niños
que piden limosna en la ciudad de México, etcétera, que eso
sí tiene que ver con violaciones a derechos humanos, y no hablar
de éstos y terrorismo en Cuba (mensaje especial para Jorge Castañeda).
Ildefonso Aguilar Vázquez
