Esta norma "impide cualquier perspectiva para un proceso de paz": la coalición

Aprueban diputados de España la nueva ley de partidos que dejaría en la ilegalidad a Batasuna

El Tribunal Supremo podría disolver un partido a petición de 50 diputados o 50 senadores

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 4 de junio. La Cámara de Diputados de España aprobó hoy con 304 votos a favor y 16 en contra la polémica ley de partidos políticos, impulsada por el Ejecutivo del conservador José María Aznar con el objetivo de dejar en la ilegalidad a la coalición separatista vasca Batasuna, considerada brazo político del grupo armado ETA.

La normativa pasó ahora al Senado, que votará el 25 de junio y la renviará a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva, a fin de que pueda entrar en vigor en julio.

El texto original de la ley, redactado por el ministro de Justicia Angel Acebes, sufrió 80 enmiendas, propuestas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, principal fuerza de oposición) y los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unio (CiU), quienes no obstante mantuvieron sus discrepancias sobre la conveniencia de que una "mayoría parlamentaria pueda promover la proscripción de una fuerza política".

Sin embargo, el texto final no consideró ninguna de las enmiendas presentadas por las formaciones que ven en la nueva ley un atentado contra derechos básicos como el de la libertad de expresión, asociación y representación, o sea las propuestas por los diputados de Izquierda Unida (IU, tercera fuerza en votos), el Partido Nacionalista Vasco (PNV, en el gobierno local) y del Grupo Mixto (gallegos, aragoneses, catalanes y andaluces).

El texto de la ley prevé que el Tribunal Supremo español pueda declarar ilegal y disolver a petición del gobierno o de 50 diputados o 50 senadores, un partido político cuya actividad sea "deteriorar o destruir el régimen de libertades o eliminar el sistema democrático", así como tener un "apoyo activo o tácito al terrorismo".

A pesar de que la ley de partidos políticos ha sido objeto de severas críticas los últimos días por parte de diversos sectores de la sociedad vasca -el gobierno y el Parlamento regionales, la Iglesia católica local, el Consejo de la Juventud, partidos minoritarios-, así como de asociaciones pacifistas, sindicatos y de organismos humanitarios como Amnistía Internacional, la nueva norma logró ser aprobada por 95 por ciento de los parlamentarios españoles.

Este verano entraría en vigor

Si los calendarios parlamentarios se cumplen, la nueva ley sustituirá este mismo verano la firmada en 1978 por todas las fuerzas políticas que participaron en la llamada transición democrática.

Una vez finalizada la sesión de este martes, con la que se autorizó el envío de la ley al Senado, Aznar señaló desde Luxemburgo que "el hecho de que prácticamente 95 por ciento del Congreso esté a favor de una ley que consiste en que si un partido es cómplice de terroristas, o sostiene el terrorismo, puede ser declarado fuera de la ley, confirma que es una expresión democrática impecable".

La nueva ley "resulta absolutamente conveniente e indispensable en la lucha contra el terrorismo agregó Aznar, quien destacó que "así funcionan las democracias y así deben seguir haciéndolo en el futuro".

El vocero del PSOE en la Comisión Constitucional, Diego López Garrido, destacó que la ley resultante se sitúa en la cultura europea frente a la violencia y el racismo, ya que a su juicio se trata de un "acuerdo importante, aunque no llegue al cien por cien", adoptado en el momento adecuado, porque "siempre es oportuno defender los derechos fundamentales".

El vocero de Batasuna en Navarra, Pernando Barrena, advirtió por lo pronto que su formación "agotará hasta la última posibilidad" para presentarse en las próximas elecciones, aunque admitió que será "difícil", ya que esta nueva ley de partidos "está hecha a la medida para declarar ilegal a Batasuna".

Esta ley "abre las puertas a la catástrofe e impide cualquier perspectiva de proceso de paz a corto y medio plazo", estimó, al destacar que se aprobó "en contra de la mayoría social vasca y se ha ignorado la inmensa demanda de paz y cambio político que existe en este país".

Josu Erkoreka, uno de los parlamentarios del PNV presentes en la sesión parlamentaria de este día, advirtió: "Ustedes, los patriotas de la Constitución, han decidido dar un paso que carece de cobertura en nuestra Carta Magna", posición apoyada por la diputada de Eusko Alkartasuna, Begoña Lasagabaster, que además afirmó que el gobierno de Aznar "lo único que pretende es generar crispación y beligerancia sin resolver nada".

El diputado de IU, Luis Carlos Rejón, consideró que la medida es "una tapadera" de Aznar para "justificar que en seis años de gobierno no ha hecho nada para resolver el conflicto y ahora las prisas para aprobar la ley son por su necesidad de utilizar un elemento de propaganda con qué dar una sensación de eficacia tras la pájara que las elecciones vascas provocaron en el PP".

El propio líder de IU, Gaspar Llamazares, señaló que "estamos ante un profundo retroceso democrático" en el que "se criminaliza al disidente y se deja sin representación a 150 mil personas".

Al tiempo que se aprobaba la ley en el Congreso, el gobierno vasco se refirió de nuevo a la polémica surgida por la carta de los tres obispos vascos que, apoyados por la mayoría de los sacerdotes de Euskadi, advirtieron recientemente de las "consecuencias sombrías" que traerá la ley a la región.

Al comentar las recientes declaraciones de Aznar, que tildó la carta de los sacerdotes de "perversión moral e intelectual", el vocero Josu Jon Iman lamentó la "absoluta intolerancia de Aznar hacia las ideas ajenas, a quien sólo le falta amenazar con expulsar a los prelados tal y como hizo casi 30 años antes Francisco Franco con el obispo de Bilbao, Antonio Añoveros".