Firma el Presidente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Asegura Fox: no se aplicará la reserva de datos en los casos de violaciones graves a garantías

ALONSO URRUTIA

Con la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el país avanza en cerrar las posibles fuentes de corrupción e incrementar la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio de gobierno, sostuvo el presidente Vicente Fox al encabezar la ceremonia de firma de la norma, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión. A partir de ahora la relación entre gobierno y sociedad será diferente, porque mediante la rendición de cuentas y la transparencia los ciudadanos tendrán la potestad sobre los actos de gobierno.

En la residencia oficial de Los Pinos, Fox ponderó los alcances de la nueva legislación. Destacó, entre éstos, la apertura informativa del gobierno a la sociedad, misma que ahora podrá verificar, por ejemplo, el sueldo del Presidente de la República, el ejercicio del presupuesto, los resultados de las auditorías internas y datos relativos al rumbo de la economía, las finanzas públicas y las deudas.

Tras sostener que con esta ley "estamos poniendo a México a la vanguardia", Fox puntualizó que el nuevo marco legal establece reservas que permiten salvaguardar otras responsabilidades del Estado, como la seguridad nacional y la pública; la defensa nacional; la estabilidad financiera, económica y monetaria, así como no menoscabar las relaciones con otros países.

"No obstante, un aspecto muy importante es que la ley señala que no podrá invocarse la reserva cuando se trate de violaciones graves a derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, para jamás encubrir a quienes cometan estos crímenes. En ellos no hay prescripción que valga", resaltó el Presidente.

La ceremonia oficial fue desairada por el presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado de la República, el panista Javier Corral.

La norma sienta las bases para un sistema de rendición de cuentas: Luis Carlos Ugalde

En nombre de la sociedad civil habló Luis Carlos Ugalde, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, quien consideró la nueva legislación como una de las reformas estructurales más importantes que se hayan aprobado en los años recientes. Con ella, dijo, se sientan las bases de un sistema de rendición de cuentas a la sociedad, que ayudará a combatir la corrupción y a recuperar la confianza social en el gobierno.

"Sin confianza -destacó- la democracia es frágil e inestable. Sin confianza el Estado carece de mecanismos de persuasión para que los ciudadanos acaten sus disposiciones. Sin confianza el gobierno debe recurrir a la coerción y a la vigilancia para que los ciudadanos cumplan sus obligaciones."

La ceremonia fue atestiguada, como representantes del Congreso de la Unión, por el senador panista Diego Fernández de Cevallos y la diputada priísta Beatriz Paredes Rangel. De igual forma se convocó al evento al consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg; al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, y al rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, entre otros.

Fox destacó que la aprobación de la ley no es un mérito gubernamental, sino el resultado de un esfuerzo de todos los actores políticos y un triunfo de la sociedad civil. "Hace años era impensable que el país contara con un ordenamiento como el que ahora se presenta. El ciudadano no podía imaginar la posibilidad de radiografiar el aparato de gobierno y enterarse de lo que éste hacía y cómo lo hacía. Eran tiempos en los que el ciudadano estaba alejado del ejercicio del poder, con todas las consecuencias que ello conlleva."

Su aprobación es producto de la consolidación democrática del país, como lo muestra el hecho de que para ello se haya contado con el respaldo unánime de todos los partidos representados en el Congreso. Esta ley es un "ejemplo" de que en esta etapa de transición los resultados "derivan más de convergencias que de discrepancias".

Consideró que este triunfo de la sociedad civil es un gran paso en la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas, "pero necesitamos dar más para tomar la vía rápida que nos permita impulsar las reformas estructurales que México necesita con urgencia".

Dijo que a partir de su entrada en vigor todas las instituciones del Estado, tanto de los tres poderes de la Unión como los organismos autónomos -IFE, CNDH y tribunales administrativos, entre otros-, quedarán obligadas a integrar su información para entregarla al ciudadano que la solicite en el plazo de un año.

Entre las mejoras que tendrá la legislación mexicana, en comparación con el marco legal de otros países, están los plazos para la desclasificación de la información, que en México será de sólo 12 años, a diferencia de otras naciones en las que alcanzan 20 y, en algunos casos, hasta 50 años.

Hizo énfasis en que el IFE estará obligado también a hacer públicos los informes de los gastos que realizan los partidos políticos. Al referirse al capítulo de sanciones, citó que será castigado todo aquel funcionario que oculte o destruya información, así como el que incumpla las obligaciones que se desprenden de esta ley.

Dijo que, en muchos casos, el ciudadano ni siquiera tendrá que solicitar formalmente la información, pues el gobierno estará obligado a proporcionarla. "Estamos seguros de que un gobierno que rinde cuentas, que se abre a los ojos de los ciudadanos, que cumple con la ley y tiene un comportamiento ético, responde al objetivo de transparencia y tiene efectos positivos sobre la vida ciudadana."

Por su parte, Ugalde expresó que con la nueva ley se pondrá fin a una etapa en la que se crearon burocracias vigilantes de otras burocracias para controlar el abuso de poder y la corrupción. Burocracias, dijo, que fracasaron en su esfuezo de lograr la honestidad institucional.

Los retos

Citó los retos principales que se desprenden de la legislación; entre ellos, la transformación de la capacidad administrativa guberamental para adaptar sus sistemas de información, innovar su tecnología y capacitar a los servidores públicos para dar respuesta a la demanda de información.

Asimismo, aseveró, se deberá alentar la participación de una ciudadanía que históricamente no está acostumbarada a hacerlo. Para ello se requieren campañas que alienten esta participación, pues al principio los medios de información, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales y los grupos empresariales serán los principales beneficiarios de esta norma.

En entrevista, Paredes Rangel mencionó que la aprobación de la ley es el resultado del consenso alcanzado por las fuerzas políticas en el Congreso, el cual se ha logrado en 85 por ciento de las iniciativas autorizadas.