Esa práctica aún es común
en el sistema judicial, lamentan defensores
ONG lleva documentados veinte casos de tortura ocurridos
en esta administración
Demandan el esclarecimiento de los genocidios sucedidos
en el país; en Agua Fría, el más reciente Ericka
Zamora, ejemplo de la vigencia de los maltratos, coinciden
VICTOR BALLINAS
A pesar de que el gobierno mexicano ha ratificado el Protocolo
contra la Tortura y los Tratos Degradantes, esa práctica aún
es común en el país, lamentaron Juan Antonio Vega, secretario
técnico de la red Todos los Derechos para Todos; Bárbara
Zamora, abogada del despacho jurídico Tierra y Libertad; Fernando
Valadez y Ricardo Loewe, de Acción de los Cristianos para la Abolición
de la Tortura (ACAT), y Blanche Petrich, reportera de La Jornada.
El
foro La tortura, herida abierta, acto para conmemorar el décimo
aniversario de ACAT México, efectuado en la Universidad Intercontinental
plantel Córdoba, también sirvió para recordar el 10
de junio de 1971.
''Hace 31 años hubo una matanza de estudiantes
inocentes, desapariciones y tortura. Un jueves de Corpus sangriento. Los
autores intelectuales y materiales están impunes; sin embargo, hoy
varios compañeros están presentando una denuncia ante la
PGR para que se investigue y castigue a los responsables", dijo Fernando
Valadez, director de ACAT.
Tampoco deben quedar impunes las masacres de Aguas Blancas,
ocurrida en junio de 1995; la de El Charco, en junio de 1998; la de El
Bosque, en Chiapas; la de Acteal, ni la de Agua Fría, ocurrida recientemente
en Oaxaca, demandó.
Recordó que en el gobierno del ex presidente Carlos
Salinas de Gortari, "quien creó la ilusión en un sector de
la sociedad de que el país estaba a punto de integrarse al primer
mundo, las violaciones a los derechos humanos se multiplicaron, como forma
de repeler la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional el 1o. de enero de 1994 ".
La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
y Canadá "no frenó la sistemática y abierta violación
a los derechos humanos en el país, y aunque las denuncias no fueron
acalladas como se hizo en la década de los 70, integrantes de los
partidos opositores, sobre todo del Partido de la Revolución Democrática,
fueron asesinados".
Esa organización, apuntó Valadez, tiene
documentados 170 casos de tortura, 20 de ellos son en este gobierno.
Juan Antonio Vega, ex director de ACAT y actual secretario
técnico de la red Todos los Derechos para Todos, aseguró
que en México la tortura es una realidad, como en muchas partes
del mundo. ''México se encuentra en la lista negra de países
con violaciones graves de derechos humanos, tortura entre ellos".
Vega dijo que se requiere un movimiento ecuménico
social en demanda de la erradicación de la tortura en el país;
se debe reforzar la opción por la justicia y la lucha contra la
impunidad.
En
el ámbito eclesial, se requiere que la Iglesia destierre el silencio
de abusos de sus ministros o sus fieles; debe existir un compromiso claro
para demandar ante el gobierno la erradicación de la tortura.
Ejemplos de maltratos
Bárbara Zamora, del despacho jurídico Tierra
y Libertad, señaló que aunque el gobierno ha ratificado la
convención contra la tortura, no la respeta, pues esa práctica
es vigente en el país.
"Ejemplos
hay muchos, y cito los casos de Jacobo Silva, eperrista preso en La Palma,
quien ayer cumplió 51 días en huelga de hambre. Gloria Arenas,
esposa de Silva, también fue torturada y está en huelga de
hambre con 31 días''.
La abogada denunció que hay una criminalización
de los movimientos sociales e incremento de la tortura de aquellas personas
que luchan por los derechos humanos.
''La realidad es que se siguen fabricando delitos como
terrorismo, delincuencia organizada o portación ilegal de armas,
para que los acusados no sean considerados presos políticos. Estos
delitos son justificados bajo la firma de confesiones arrancadas bajo tortura.
Esta sigue siendo una practica cotidiana".
Antes se utilizaban los cargos de sedición, rebelión
y amotinamiento; ahora se les han cambiado los cargos, y se les acusa de
terrorismo y asociación delictuosa.
Un ejemplo, precisó la abogada, es el caso de Ericka
Zamora y Efrén Cortés. "A ambos los torturaron en instalaciones
militares. A ella le tomó la declaración un Ministerio Público
Militar, tuvo como abogado defensor un militar, y como testigos a militares.
Se les tomó declaración a las tres de la mañana, y
ella no sabía quién era su abogado defensor, quién
la acusaba y quiénes eran sus testigos. Todos eran militares".
''A ellos se les envió a un penal federal para
que sus abogados no estuvieran presentes en las actuaciones; la administración
de justicia se hace a puerta cerrada, violan la ley. Es vergonzosa la actuación
de los jueces".
La periodista Blanche Petrich refirió que lleva
ya muchos años en los medios de comunicación en temas de
derechos humanos, y se ha preguntado "hasta qué punto sirve escribir
testimonios sobre tortura, si son historias repetitivas. Se acaban las
palabras. Uno como periodistas siente pena, coraje, y a pesar de ello tiene
que preguntar a los torturados sobre los toques eléctricos que recibieron,
la intensidad del dolor, porque tiene uno que transmitir el mensaje, y
a veces, uno puede fallar en lograr ese objetivo".
Petrich aseveró que "hubo una omisión criminal
de la CNDH en los casos de tortura de los ecologistas, del EZLN, incluso
en los casos de Ericka Zamora y Efrén Cortés. Los visitadores
de ese organismo llegaron hasta sus celdas; ellos relataron las torturas
recibidas y, en respuesta, ese organismo actuó como encubridor".
