Ayer se conmemoraron 31 años de la matanza de manifestantes perpetrada en esta capital por un grupo de choque -los llamados Halcones- que, según la información disponible, pertenecía y obedecía al gobierno presidido por Luis Echeverría Alvarez. Este pretendió, en su momento, desviar la responsabilidad hacia Alfonso Martínez Domínguez, a la sazón regente de la ciudad, y ordenó para ello su inmediata destitución. Pero, sin descartar las posibles responsabilidades de ese funcionario, debe también recordarse que en aquellos tiempos era impensable e imposible que un grupo como el de los Halcones fuera formado, entrenado y enviado a matar ciudadanos inermes sin el conocimiento y la autorización del Presidente de la República.

Con esta lógica, Pablo Gómez Alvarez y Jesús Martín del Campo, integrantes del Partido de la Revolución Democrática, interpusieron sendas denuncias contra el ex mandatario. El primero, escéptico de la eficacia de la recién creada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, que encabeza Ignacio Carrillo, interpuso su demanda contra Echeverría y contra Martínez Domínguez ante la séptima agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El segundo, en su calidad de hermano de uno de los asesinados el 10 de junio de 1971, acudió a la fiscalía federal referida para presentar su petición de justicia.

Independientemente de las oficinas e instituciones, del nombre y cargo de los demandados y de la personalidad de los demandantes, es clara la necesidad y la procedencia de investigar, al igual que los acontecimientos ocurridos en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, ese episodio trágico, criminal y vergonzoso del pasado, así como sancionar a los culpables, sean quienes sean, conforme a derecho.

La salud de la república también requiere del esclarecimiento de la guerra sucia que manchó el desempeño de los gobiernos en los años setenta y ochenta, con toda la cauda de desapariciones forzadas, torturas y encarcelamientos injustos. Deben investigarse y juzgarse los actos ilegales del 68, del 71 y de los años posteriores, pero también la omisión reiterada de los regímenes priístas -los directamente involucrados y los que les sucedieron y cubrieron las espaldas- para corregir semejantes abusos de poder y lo que implicaron: graves y numerosas violaciones a los derechos humanos, a la Constitución y al Código Penal.

El gobierno actual ha manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de esclarecer esas atrocidades y de procurar justicia. Sin embargo, han transcurrido ya 18 meses desde que el presidente Vicente Fox tomó posesión y debe reconocerse que, hasta ahora, tal voluntad no ha trascendido el ámbito del discurso. Es cierto que a finales del año pasado se anunció la creación de una fiscalía especial para investigar los delitos referidos, pero tal medida no ha reducido la vasta e indeseable impunidad de que gozan quienes ensangrentaron el país desde 1968 hasta entrados los años ochenta.

El presidente Fox y su equipo tienen ante sí la disyuntiva de mostrar eficacia en esa tarea ciertamente compleja y difícil o sumarse a la lista de gobiernos encubridores -y en consecuencia cómplices- del Batallón Olimpia, de los Halcones, de los dipos, de los torturadores de la DFS, de los efectivos militares que participaron en la represión y de los jefes políticos de esas y otras expresiones del poder totalitario y criminal que padeció el país en décadas pasadas y que no deben repetirse nunca más.