Alejandro Nadal

Nosotros, los jefes de Estado

Hace seis años los jefes de Estado de 170 países reunidos en Roma para la primera cumbre sobre la alimentación declararon: "Nosotros, los jefes de Estado reunidos en Roma, nos comprometemos a reducir por la mitad el número de hambrientos en el mundo para el año 2015". Ayer, en la segunda cumbre sobre alimentación, los jefes de Estado y representantes de 182 naciones ratificaron la meta original... a sabiendas de que no se está cumpliendo.

En 1996 había 810 millones de personas con hambre en el mundo. Recortar ese número en 50 por ciento exigía reducir el número de hambrientos en 22 millones de personas cada año. El número de gente hambrienta en el planeta sólo cayó a 780 millones, o sea, que anualmente se redujo en 6 millones. A ese ritmo, la meta original sólo se alcanzaría en 2070.

Un análisis más detallado revela que la cifra de 6 millones de personas es engañosa. Según la FAO, el número de personas con hambre en China se redujo en 76 millones entre 1991 y 2000. Eso equivale a 66 por ciento de los 116 millones de personas que dejaron de padecer hambre en el mundo en ese periodo.

En consecuencia, si hacemos abstracción de China, en el resto del mundo el número de personas con hambre no sólo no se redujo, sino que aumentó en aproximadamente 40 millones de personas.

Estos datos sorprenden si se considera que entre 1985 y 1997 (último año para el que se tienen cifras) la superficie cultivable en los países subdesarrollados se incrementó de 5.1 a 6 hectáreas per cápita. En los países desarrollados pasó de 1.8 a 2 hectáreas per cápita.

ƑPor qué aumentó el número de hambrientos?

Hay varias razones. Los países subdesarrollados dedican cada vez menos recursos para apoyar el sector agropecuario. Esto se debe a la política macroeconómica dominante que dispone una reducción sistemática y pronunciada del gasto público, con graves repercusiones en el sector agropecuario. Esta modalidad de política macroeconómica está dictada por los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional, pero cautelosamente ignorados en la declaración de Roma.

En 1995 entró en vigor el Acuerdo sobre Agricultura (AA), uno de los pilares de la OMC. El AA promueve la apertura comercial, pero ignora la gran volatilidad de los precios agrícolas en el mercado mundial. Esos son determinados principalmente por factores climáticos o las cosechas en algunos países grandes, como Estados Unidos o China. Si China tiene malas cosechas su demanda en el mercado mundial presiona los precios al alza. Eso sucedió en 1996, cuando el precio del maíz se disparó (ese año el gobierno mexicano autorizó importaciones récord de maíz que costaron más de mil millones de dólares).

El mercado de productos agropecuarios necesita programas de apoyo para mitigar los efectos de las fluctuaciones en la producción, inventarios y precios. Eso permite armonizar la relación oferta/demanda a precios estables. Desgraciadamente, el AA impuesto por los países industrializados prohibe esos programas. En cambio no garantiza el desmantelamiento de los exorbitantes subsidios agrícolas. Estados Unidos ha consolidado su posición de exportador con estos subsidios, manteniendo artificialmente los precios por debajo del costo de producción con el fin de sostener las exportaciones a precios dumping. El resultado es mayor inseguridad alimentaria para millones de personas en todo el orbe.

El mercado mundial de productos agrícolas es un oligopolio concentrado en el que las grandes empresas comercializadoras de semillas y granos alcanzan más poder económico que muchos países. Y como la demanda es inelástica, las reducciones de precios no se transfieren a los consumidores finales. Es explicable que el mandato de Doha para negociaciones futuras sobre agricultura ignore este hecho. Pero es injustificado que la declaración de Roma haga un llamado para acelerar esas negociaciones.

El AA promueve una agricultura de exportación con efectos ambientales negativos que raramente permite un superávit de la balanza comercial del sector agropecuario y frecuentemente reduce la capacidad de los pequeños productores para asegurar su provisión de alimentos. El impacto de las reglas sobre propiedad intelectual agrava esta situación.

El efecto combinado de estos factores es el aumento de la inseguridad alimentaria y una rigidez a la baja en el número de personas con hambre y desnutrición. Si no se actúa sobre las raíces del problema, las metas de reducción de hambre para 2015 no se cumplirán. Ellos, los jefes de Estado, reunidos en Roma, podrán seguir ratificando declaraciones pomposas, pero la credibilidad de su compromiso es casi nula.