Hace unos días el gobierno de Estados Unidos anunció la detención, en Chicago, del puertorriqueño José Padilla, supuesto terrorista que se habría convertido al Islam, habría cambiado su nombre por el de Abdulá al-Muhajir y habría planificado la dispersión de material radiactivo en Washington mediante la detonación de un artefacto explosivo convencional, lo que suele llamarse "bomba atómica sucia". El secretario de Justicia, John Ashcroft, informó que el sospechoso, tras ser catalogado como "combatiente enemigo", había sido puesto a disposición del fuero militar, lo cual implica que las autoridades pueden mantenerlo encarcelado por tiempo indefinido y que el detenido no tiene derecho a la asistencia de un abogado. Ayer, basado en la alarma generada en la opinión pública por el supuesto complot de la "bomba sucia", el presidente George W. Bush anunció que su gobierno está decidido a emprender "una cacería humana a gran escala".

La primera consideración que viene a la mente ante ese anuncio es que, si en los círculos del poder de Washington existiera una preocupación real por los peligros del descontrol de armas atómicas, el gobierno estadunidense habría tenido que ser más enérgico ante aliados suyos que desarrollan, a la vista de todo el mundo, artefactos nucleares -"limpios", esos sí- susceptibles de ser empleados en conflictos en curso: Pakistán e Israel. Por si hicieran falta datos sobre la peligrosidad de tales artefactos, cabría recordar que el primero de esos países es gobernado por un militar golpista, y el segundo por un político de ultraderecha sobre el que pesan documentadas acusaciones de genocidio y crímenes contra la humanidad.

Con tales antecedentes, el hallazgo y la captura de un individuo que planeaba contaminar Washington adquieren cierto tono de irrealidad. Para colmo, y sin ningún afán de exculpar o acusar a nadie, hay elementos que permiten sospechar de la veracidad de las acusaciones contra Padilla o Al-Muhajir. De acuerdo con las reglas establecidas por Washington en su nebulosa guerra "contra el terrorismo", a cualquier persona acusada de estar involucrada en ese delito le resulta prácticamente imposible demostrar su inocencia, como lo pone en evidencia la situación de completa indefensión legal del puertorriqueño mencionado. El gobierno de Estados Unidos, en esa lógica, no necesita probar los cargos: le basta con formularlos.

Desde esa perspectiva, la "cacería humana" pregonada por el mandatario estadunidense tiene todas las condiciones necesarias para convertirse en una vasta persecución, al margen de las leyes y de las garantías individuales, de opositores, disidentes y detractores. Peor aún, resulta inevitable suponer que tal persecución habrá de desarrollarse en el ámbito mundial, en violación de las soberanías nacionales y al margen de cualquier principio de derecho internacional. Ese horizonte resulta mucho más peligroso para la paz y la estabilidad internacionales, para la legalidad y para la justicia, que las nebulosas y a veces delirantes amenazas alegadas por Washington en su cruzada contra unos terroristas que, por momentos, parecen un tanto cinematográficos.