Ayer, el Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía (TSJA) dio la razón al gobierno de José María Aznar contra el Foro Social de Sevilla y ratificó la prohibición de la manifestación convocada por esa organización para el 22 de junio en Sevilla, en contraposición a la cumbre europea que habrá de realizarse en la capital andaluza en esa fecha.

El episodio podría interpretarse como una simple medida gubernamental para preservar el orden público, pero el Foro Social de Sevilla no es la primera ni la única agrupación social de España que denuncia la "criminalización de los movimientos ciudadanos" por parte del Estado español.

Anteayer, en Bilbao, decenas de miles de personas protestaron por la ley de partidos políticos específicamente diseñada para prohibir las expresiones partidistas del independentismo vasco y homologarlas de manera automática con el terrorismo de ETA.

A la ofensiva de La Moncloa contra las libertades de expresión y manifestación -Sevilla- y contra los derechos de asociación política -País Vasco- debe sumarse el intento de reducción legal de los derechos laborales que ha generado una movilización sindical como no se veía en España desde hace años; que ha desembocado en la convocatoria a un paro general, a realizarse el próximo jueves 20.

Si a esos escenarios de estricta política interna se agrega la ofensiva legal y policial del Estado español contra los inmigrantes -especialmente, contra los procedentes de Africa y de América Latina-, que es claramente violatoria de los derechos humanos, cabe preguntarse adónde se dirige el Estado español de la postransición democrática.

En un entorno europeo en el que las expresiones neonazis y de ultraderecha generan una justificada alarma, el gobierno del Partido Popular, nieto ideológico del franquismo, ha pasado, hasta ahora, inadvertido. Sin embargo, las reformas antidemocráticas en las que está empeñado el régimen que preside Aznar cumplen, en buena medida, con los lineamientos xenófobos autoritarios y coercitivos que pregona, en la vecina Francia, Jean-Marie Le Pen.

Pero el Estado español es mucho más extenso que el partido de Aznar. Debe señalarse que a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de los países europeos en los que las ultraderechas y los movimientos neonazis amenazan las libertades civiles los derechos humanos y la institucionalidad democrática, en España existe la coartada del terrorismo etarra, y esa coartada ha colocado a la mayor parte de la clase política madrileña (e incluso se extiende a toda la española) en posiciones políticas que difícilmente podrían calificarse de democráticas.