A pesar de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que se ordena a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) colaborar con el Instituto Federal Electoral en la investigación por las presuntas irregularidades en el financiamiento de las campañas de Francisco Labastida Ochoa y de Vicente Fox en las elecciones de 2000, el organismo presuntamente regulador del sector financiero sigue negándose a proporcionar al instituto electoral la documentación requerida y se aferra para ello a argucias legales tan indecorosas como exigir que el TEPJF emita una nueva resolución en la que desglose y detalle, casi papel por papel, los documentos que deben ser puestos a disposición del IFE. Así lo expresó ayer el presidente de la CNBV, Jonathan Davis, quien exhibió la inexplicable renuencia de esa institución a participar en el esclarecimiento de los presuntos delitos electorales y comunes que pudieron haberse cometido en las campañas políticas de 2000.

Desde el sexenio pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la CNBV han invocado el secreto bancario para encubrir a los defraudadores del Fobaproa, y ahora para obstaculizar la investigación de las posibles irregularidades electorales de priístas y panistas. Con ello han desvirtuado el sentido y el espíritu de ese principio jurídico, concebido para proteger la privacidad de los ahorradores, no para extender impunidades a los delincuentes de cuello blanco y soslayar mapacherías electorales. Banqueros, autoridades hacendarias y comisión bancaria han presentado en este punto un sólido frente contra las clamorosas exigencias ciudadanas de esclarecer y sancionar los gigantescos desfalcos perpetrados al amparo de la privatización bancaria salinista y del posterior "rescate" de los banqueros, ideado por Ernesto Zedillo, Guillermo Ortiz y José Angel Gurría, y legalizado por los priístas y los panistas de la legislatura pasada.

El círculo del contubernio entre banqueros y autoridades federales ?financieras y penales? parece cerrarse en los intentos de la SHCP y de la Procuraduría General de la República (PGR) por acudir al rescate de las sucursales bancarias capitalinas amenazadas de clausura por sus propias e inadmisibles fallas de seguridad. Ante el cierre de establecimientos bancarios por parte de autoridades delegacionales y del Gobierno del Distrito Federal, fundamentado en el incumplimiento de la Ley de Establecimientos Mercantiles, la PGR ha interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una querella contra las autoridades capitalinas, argumentando "invasión de atribuciones". La semana pasada, la SHCP, por su parte, había propuesto medidas de seguridad mucho más laxas que las exigidas por el gobierno urbano.

De esta manera, las autoridades federales se colocan del lado de los intereses de los banqueros y en contra de la integridad de los ahorradores. No debe ignorarse, por último, la generalizada sospecha de que una parte significativa de los asaltos que sufren los ciudadanos en las inmediaciones de los bancos, una vez que han realizado retiros de efectivo, se cometen con la complicidad de empleados de mostrador que ponen sobre aviso a los delincuentes. Pero esa clase de violaciones al secreto bancario no quita el sueño a los directivos de la CNBV ni a los funcionarios de Hacienda.