Ocurrirán si no se erradican tortura e impunidad, indica activista de derechos humanos

En dos meses, tres detenidos han muerto en instalaciones policiacas de Monterrey

Piden 15 ONG la renuncia de la procuradora de Justicia y del delegado de la PGR

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 20 de junio. En los últimos dos meses, tres detenidos ?dos de ellos sin orden judicial? han muerto en las instalaciones de las policías estatal, federal y municipal. Otra persona sufrió serias lesiones y la pérdida de un brazo por una golpiza que le propinaron efectivos de la Policía Regia a raíz de un incidente vial.

Al respecto, la presidenta del Centro de Apoyo a Derechos Humanos (Cadhac), Consuelo Morales Elizondo, señaló que mientras no se combatan a fondo las causas de la tortura, que son la impunidad y la corrupción, esa práctica seguirá utilizándose como método de investigación policiaca casi institucional, ya que los malos policías de ese modo pueden presentar "resultados" a sus jefes, dejando a la sociedad en total indefensión, pues ante la tortura cualquier detenido se declara culpable de lo que sea.

El malestar por los recientes hechos de tortura y abuso de autoridad se manifestó hoy cuando integrantes del Grupo Nuevo León, que conforman más de 15 organizaciones no gubernamentales y partidos políticos de oposición, exigieron la renuncia de la procuradora de Justicia Alida Bonifaz Sánchez, y del delegado estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), Luis Alberto del Toro Solís, a quienes señalaron como los responsables por los hechos de tortura ocurridos recientemente en las instalaciones de la PGR y de la Policía Ministerial del Estado.

José Cristóbal Fernández Quiroga, a nombre de la agrupación, señaló que mientras la delincuencia y el crimen organizado avanzan y hacen de las suyas en la entidad, los ciudadanos tienen que cuidarse de quienes supuestamente están para protegerlos, y prueba de ello es que actualmente la denominada Casa del Arraigo, a donde se traslada a los indiciados sin consignar mientras se integran las averiguaciones previas, tiene como "huéspedes distinguidos" a tres ex policías ministeriales y a dos ex miembros de la Agencia Federal de Investigaciones, además de otros seis presuntos delincuentes civiles.

Los tres policías estatales están implicados en la muerte por tortura del taxista Francisco Medellín Alberto, ocurrida el 28 de mayo pasado, mientras los dos federales están relacionados con el asesinato del soldador Roberto Carlos Mendoza Espinosa. La característica común es que los dos occisos eran drogadictos y habrían sido detenidos para extorsionarlos.

Otra muerte ocurrida supuestamente a causa del maltrato policiaco contabilizada por Cadhac se atribuye a la policía municipal de Santa Catarina, lo cual no ha sido reconocido por la autoridad.

Cadhac tiene documentado que el pasado 14 de abril, a petición de un oficial de Tránsito de Monterrey, la Policía Regia (preventiva) detuvo al automovilista Francisco Ulloa Mendoza, de 29 años, por conducir en estado de ebriedad, quien luego de ser esposado y gaseado fue conducido a la demarcación municipal de policía.

Ya en la corporación, Ulloa habría pegado a un oficial en el ojo izquierdo, por lo que en dos ocasiones fue golpeado a puñetazos y patadas por hasta cinco oficiales al mismo tiempo en distintas celdas, lo que provocó lesiones en la vejiga que ameritaron su traslado a un centro médico. Mes y medio después se repuso de las lesiones, pero perdió un brazo, además de que bajó 13 kilos en el periodo de hospitalización.

Actualmente cinco oficiales de la Policía Regia, que fueron dados de baja en mayo, son investigados por el Ministerio Público por los delitos de lesiones y abuso de autoridad.

Otro ejemplo de los métodos de trabajo de las policías en la entidad es que el mismo segundo grupo de delitos patrimoniales, responsable de la muerte de Medellín Alberto, fue acusado del secuestro de un menor de tres años durante 17 horas, supuestamente para extorsionar y presionar a sus familiares.

Una persona de nombre Gerardo Hernández denunció ante la prensa local que el 3 de junio efectivos del Grupo Unidos en Prevención contra las Adicciones de Seguridad Pública del Estado allanaron su domicilio y lo golpearon a él y a su esposa, supuestamente buscando a unos vecinos.