El senador trató de no hacer explícita la información al Congreso

Millonario adeudo de SRA con el bufete del jefe Diego

Ni con su presupuesto anual podría pagar a los clientes del legislador

ANDREA BECERRIL Y ROBERTO GARDUÑO

Involucrado nuevamente en un conflicto de intereses, el panista Diego Fernández de Cevallos maniobró, como presidente de la Comisión Permanente, para no hacer explícita información oficial al Congreso que tiene que ver con un caso ganado por su despacho de abogados en contra de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), de acuerdo con testimonios de legisladores.

La dependencia está obligada a pagar a un particular, cliente del abogado Fernández de Cevallos -y de otro panista, el ex procurador Antonio Lozano Gracia- más de mil 214 millones de pesos por indemnización, y el legislador se negó a dar trámite directo a un oficio de las autoridades hacendarias en el que piden al Congreso decidir cómo pagar ese adeudo, que es superior al presupuesto asignado este año a la SRA.

Pocos diputados o senadores conocen este asunto, pero al hacerse público ayer, el coordinador de la bancada perredista en el Senado, Jesús Ortega, dijo que es preocupante y, ''sin querer especular ni hacer acusaciones sin fundamento'', consideró que no debe permitirse que los legisladores acudan al tráfico de influencias para resolver asuntos particulares.

Oficio itinerante

Pero Fernández de Cevallos no se inquieta. Por principio decidió que el oficio -de fecha 20 de mayo- que le hizo llegar el subsecretario de Hacienda, Carlos Hurtado, mediante el que solicita a la Comisión Permanente definir qué programas de la Secretaría de la Reforma Agraria deben cancelarse para cumplir con esa ejecutoria de la Suprema Corte, se le remitiera a la presidenta de la Cámara de Diputados, Beatriz Paredes.

Sin embargo, la priísta rechazó ello y le regresó la responsabilidad. Envió a Fernández de Cevallos otro escrito, el pasado 11 de junio, en el que le señala que después de haber procesado el oficio del subsecretario Hurtado, le demanda ''procesarlo en la Permanente y turnarlo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados''.

Una vez que Paredes le echó abajo la intención de eludir su responsabilidad, en la pasada sesión de la Permanente, Fernández de Cevallos informó a los integrantes de la mesa directiva que ''tenía conocimiento del asunto'' y por lo tanto se excusaba de tratarlo. No abundó en el tema y el vicepresidente del organismo, el senador panista César Jáuregui, dio trámite al oficio del subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

En ese momento, Fernández de Cevallos se hizo a un lado y bajó de la mesa directiva lo que, a juicio de Jáuregui, fue una forma de excusarse ante el pleno. Sin embargo, los legisladores ayer consultados -entre ellos la priísta Arely Madrid- no se dieron cuenta de ello, porque el panista acostumbra subir y bajar al presidium.

Aunado a ello, en la Gaceta Parlamentaria no se publicó el oficio del subsecretario Hurtado, pese a que tendría que haber aparecido al lado del texto de Paredes, en el que pide dar trámite a ese documento del funcionario. El asunto está ahora en manos de otro panista, el presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luis Pazos.

Este recibió el oficio de la Permanente, junto con cinco cajas que incluyen toda la documentación sobre el caso ganado a la Reforma Agraria por el bufete jurídico de Fernández de Cevallos y Lozano Gracia, y será el responsable de dar respuesta a la demanda de la SHCP, para que el Congreso decida si recorta programas a la dependencia o autoriza algunas otras medidas para que cubra el adeudo, como podría ser una ampliación de presupuesto.

Esta posibilidad, sin embargo, fue rechazada de entrada por el diputado Manuel Añorve y la senadora Arely Madrid, esta última presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria del Senado.

Pero el oficio del subsecretario Hurtado apremia al Congreso. Comienza por detallar todo el conflicto, que comenzó con una resolución presidencial del 14 de diciembre de 1984, por la que se expropió una superficie de más de 236 hectáreas a favor de la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), por causa de utilidad pública, a fin de regularizar asentamientos humanos irregulares en el ejido Santa Ursula Coapa, en el sur del Distrito Federal.

Los señores Armando Bernal Estrada y la sucesión de Gabriel Ramos Millán se inconformaron y promovieron el juicio de amparo 46/47, alegando que se había incluido en la expropiación presidencial una superficie de más de 33 hectáreas de su propiedad. Ocho años después, el 30 de enero de 1992, un juez de distrito les concedió el amparo de la justicia federal.

Como era imposible restituir a los clientes de Fernández de Cevallos la superficie demandada, el juez décimo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal instauró el incidente de daños y perjuicios como pago sustituto para el cumplimiento de la ejecutoria, que después de diversos recursos de queja dictó resolución el 7 de marzo de 2001. Y el 10 de diciembre de ese mismo año se condenó a la SRA al pago de mil 214 millones 174 mil 40 pesos.

Hurtado hace notar -en el oficio originalmente enviado al presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Diego Fernández de Cevallos- que la Secretaría de la Reforma Agraria ha tenido múltiples requerimientos del Poder Judicial de la Federación para que cubra esa cifra millonaria, y pidió el 10 de diciembre de 2001 a las autoridades hacendarias los recursos necesarios para el pago de la condena.

El funcionario precisa que ni utilizando todo su presupuesto para este año, que es de mil 42 millones 800 mil pesos, la SRA podría pagar, y Hacienda ''se encuentra impedida material y jurídicamente para autorizar una ampliación líquida de los recursos, con los que podría darse cumplimiento al fallo''.

Además, ''dado que existe una responsabilidad de la SRA, que debe satisfacer para restituir al gobernado en el goce de sus garantías'', es indispensable ''remitir el presente asunto a esta soberanía''.

Párrafos más adelante, el subsecretario de la SHCP pide directamente a la Cámara de Diputados ''que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales tenga a bien determinar qué programas y metas pueden afectarse, o bien se defina la forma y mecánica que deberá seguirse para cumplimentar la ejecutoria de mérito''.

La senadora Madrid dijo que los priístas se opondrán a ello y deploró que hasta ayer no conocieran ese oficio. De todas formas, se preguntó: ''ƑPor qué tanta prisa para pagar a un particular, si hay por lo menos otras 300 resoluciones que favorecen a campesinos sin que se ejecuten?''

Igualmente, el diputado del PRI Manuel Añorve adelantó que su partido no permitirá fructifique una solicitud de esa naturaleza: ''Es inadmisible que los legisladores pretendamos siquiera beneficiar con más de mil millones de pesos de indemnización a una familia, cuando se encuentran en litigio cientos de casos como ese''.

Añorve, quien encabeza la tercera comisión de la Permanente, adelantó que su bancada en San Lázaro solicitará a la Comisión de Programación y Presupuesto retire la petición de Hacienda. ''Nosotros no seremos trampolín para beneficiar a nadie, llámense políticos o grupos de poder en particular. Tan sólo si observamos esa cantidad en términos fríos podremos concluir que mil 200 millones de pesos serían suficientes para solventar un programa social''.

Antes, el diputado del Partido del Trabajo Félix Castellanos -que integra la Comisión de la Reforma Agraria- anunció que el próximo 9 de julio comparecerá ante comisiones la secretaria del ramo, María Teresa Herrera Tello, ''para que explique los fundamentos de esa demanda perdida ante el despacho de Diego Fernández de Cevallos''.

El legislador agregó que ''no se puede tolerar que el gobierno de Vicente Fox continúe aplastando los derechos de los campesinos y ejidatarios del país. Ahí tenemos a los pequeños propietarios de San Salvador Atenco, los chiapanecos, los guerrerenses y ahora los dueños legítimos de los llamados ejidos de Santa Ursula Coapa''.

El senador Jesús Ortega, en tanto, dijo que se requiere tomar medidas legislativas para impedir que se siga pervirtiendo esa actividad. ''Vamos a proponer que quien sea legislador atienda, como se lo pedimos a los funcionarios, sus responsabilidades. Esto no quiere decir que no tengan actividades privadas o negocios particulares, los puede tener en uso de sus derechos, pero aquí el problema es el tráfico de influencias''.

Finalmente, lamentó que a pesar de ser integrante de la Comisión Permanente, se haya enterado ayer del asunto por la prensa.