ASTILLERO
Julio Hernández López
AYER SE REALIZO una ceremonia tan significativa que mereció tener como escenario el patio central del políticamente arrumbado Palacio Nacional. Ochocientos veintiséis miembros del Ejército Mexicano se "integraron" (según rezaban los encabezados de los boletines oficiales que daban cuenta del acto) a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal. El presidente Fox estimó tan importante ese nuevo paso en la militarización de las labores policiacas civiles que quiso anunciarlo en Palacio Nacional y no en Los Pinos, frente a invitados de entre los que distinguió al inicio de su discurso, mencionándolos por nombre y cargo, a dos civiles (Santiago Creel y Alejandro Gertz), y a cuatro militares (los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, general Clemente Ricardo Vega García y almirante Marco Antonio Peyrot González, más el procurador general de la República, general y licenciado Rafael Marcial Macedo de la Concha, y el jefe del Estado Mayor Presidencial, general José Armando Tamayo Casillas, insólitamente colocado en la misma línea referencial de los secretarios y el procurador, y también insólitamente mencionado como personaje público).
A PESAR DEL PREDOMINIO del color verde olivo, ni el presidente Fox ni el secretario Alejandro Gertz hicieron referencia en sus discursos al origen militar de los nuevos policías federales (hablaron de ellos en términos absolutamente genéricos, como si hubiesen sido reclutados mediante avisos clasificados), ni regalaron a la sociedad mexicana una mínima explicación respecto a la creciente militarización de las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública, hecho que tanta polémica provoca, no sólo en cuanto a la violación del espíritu (sino es que a la letra) de la Constitución, y por el riesgo de sustituir la filosofía y la práctica civiles de la prevención y el combate del delito por la doctrina militar del exterminio del enemigo.
EL TRATAMIENTO CONCEPTUALMENTE desdeñoso del fenómeno de la militarización de la policía civil federal se refugió, en cambio, en elaboraciones teóricas tramposas. El Presidente, por ejemplo, prefirió fijar como uno de los motivos de sus políticas policiaco-castrenses el romper con "viejos esquemas de protección y encubrimiento que erosionaron la dignidad y la eficacia de los cuerpos de seguridad", por lo que "hoy, nuestra tarea es acabar de desmontar ese aparato de complicidad entre poder político y órganos de prevención y procuración de justicia". De vuelos más elevados, el secretario Gertz, por su parte, desplegó la tesis de que la incorporación de militares en las tareas policiacas federales es una especie de salto democrático, una comprobación de las bondades del cambio político ofrecido por Vicente Fox.
LA CLAVE DE ESA tesis de la mano dura como producto genuino de la democracia está en las llamadas Fuerzas Federales de Apoyo, que el gobierno de Ernesto Zedillo creó en 1999 y que tuvieron sus momentos de máxima gloria en el asalto a Ciudad Universitaria para desalojar a huelguistas persistentes. Tales fuerzas, encuadradas en la Policía Federal Preventiva, dependían de la Secretaría de Gobernación, en especial de la Subsecretaría de Seguridad Pública. La actual administración, en cambio, trasladó tales áreas a una nueva secretaría, la que encabeza Gertz, bajo cuyo mando ha quedado la antes mencionada Policía Federal Preventiva, que conforman la Policía Federal de Caminos, la Dirección de Inteligencia y las citadas Fuerzas Federales de Apoyo, formadas por militares que provienen de la Defensa Nacional o de la Marina, algunos dependiendo de sus corporaciones originales y otros inscritos ya en la nómina directa de la SSP. De unos once mil agentes de la Policía Federal Preventiva, poco más de cinco mil pertenecen a las Fuerzas Federales de Apoyo, que dirige el general Francisco Arellano Noblecía, y que viven en permanente peregrinación por ciudades y zonas de alta incidencia delictiva.
TALES FUERZAS FEDERALES de Apoyo, según dijo ayer el secretario Gertz, fueron mantenidas por el zedillismo "en la inmovilidad de sus cuarteles, que sólo se quebrantaron para actuar en apoyo al poder público, sin tomar en cuenta la inseguridad creciente que sufría todo el país". No habrá de detenerse demasiado esta quisquillosa columna en preguntarse qué de malo habría en que una fuerza policiaca militarizada sólo actuara "en apoyo al poder público", si, a juicio de esta sección que no ha ocupado la rectoría de la Universidad de las Américas, tal es un fin legítimo, aunque no su abuso o perversión, que tal sería el sentido buscado por las ondas gertzianas. "En cambio -continuó el secretario-, desde el día en que se inició esta administración, el proyecto anterior, que sólo velaba por los intereses del poder, se transformó en un verdadero servicio nacional de seguridad pública, que ha permitido que en un año y medio las acciones de dicha policía y de sus fuerzas federales se hayan incrementado de 8 a casi 100 por ciento".
YA AL FINAL DE su intervención oral de poca fortuna sintáctica, el secretario Gertz le dio otra ordeñada a la productiva tesis de la militarización al servicio de la democracia: "...en breve tendremos los cambios estructurales en nuestras leyes, que habrán de marcar la diferencia entre un sistema autoritario que sólo supo servirse a sí mismo, y un proyecto democrático que acepta la verdad y la crítica, pero que nunca se va a doblegar frente a la insidia y la descalificación injustas".
EL PROYECTO DEMOCRATICO de endurecer la mano, pintándola de verde olivo para frenar la delincuencia desatada, cuenta con un apoyo social notable. Ni siquiera el gobierno de la capital del país ha emprendido algún tipo de acción política o legal para impedir que las calles sean vigiladas por fuerzas militarizadas. Por el contrario, en determinadas zonas se pide más presencia de esas tropas. El área de la Basílica de Guadalupe, encomendada a marinos, es una prueba del reordenamiento posible a partir de esos ingredientes. El mismísimo cardenal Norberto Rivera había dicho el pasado domingo, en su homilía, que en México crece "el miedo social" y que frente al riesgo que supone una mayor libertad, hay quienes preferirían volver a situaciones dictatoriales.
POR LO PRONTO, más militares a la policía federal, en una ceremonia de encuadre protocolario intencionalmente especial aunque, todavía, con el temor presidencial a confesar que, en un marco de inseguridad, de incapacidad política (según han dicho los empresarios), de turbulencias económicas, e incluso de menciones tempranas respecto a presunta ingobernabilidad, el poder civil necesita asirse con más fuerza al poder militar.
Y HASTA AQUI, por hoy, mientras sigue Jonathan Davis tratando de escamotear información o darle tiempo a las empresas de remodelación financiera para que dejen presentables las cuentas de sus Amigos...
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