Tráfico de influencias

La Constitución no establece ninguna prohibición para que diputados y senadores litiguen durante su mandato popular, aunque ''éticamente'' ese actuar no es correcto, señalaron los constitucionalistas Elisur Arteaga e Ignacio Burgoa Orihuela, quienes dijeron que en el caso de legisladores -como Diego Fernández de Cevallos, Salvador Rocha Díaz y otros- que mantienen sus despachos abiertos, ello da lugar a que incurran en un eventual ''tráfico de influencias''.

Por otra parte, fuentes judiciales reconocieron que la participación de diputados y senadores en litigios sí ''presiona'' a jueces y magistrados para que fallen a favor de sus clientes. ''Dígame quién va a fallar en contra de Diego Fernández, a sabiendas de que éste tiene la fuerza suficiente para influir en su ratificación o incluso en una eventual carrera política''.

Arteaga dijo que cuando un legislador lleva un caso ante los tribunales, la otra parte -acusado o acusador- está en gran desventaja, porque no cuenta ni con las influencias ni con los contactos personales de su ''oponente''. En síntesis, expresó, podemos hablar que en esos casos los legisladores llevan una ''ventaja indebida'' en la que se corre el riesgo de incurrir en el ilícito de tráfico de influencias.

Por su parte, Burgoa Orihuela indicó que al igual que los ministros, magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial, a quienes la Constitución les prohíbe realizar otra actividad remunerada durante su gestión, en el caso de los legisladores debería ser igual, porque tienen la obligación de dedicarse ciento por ciento a su labor legislativa, para lo cual les pagan ''y les pagan muy bien''.

JESUS ARANDA