Por primera vez en la historia nacional -o, al menos, en el tramo histórico regido por la Constitución de 1917- un ex presidente ha sido llamado a declarar, en calidad de indiciado, ante el Ministerio Público. El hecho, ocurrido ayer, es a todas luces notable y meritorio, y debe ser saludado, no porque se prejuzgue la culpabilidad de Luis Echeverría Alvarez en los crímenes de Estado del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, sino porque la comparecencia del ex mandatario ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado representa una oportunidad para esclarecer aquellos sucesos trágicos e indignantes, y porque sienta un precedente auspicioso en el combate a la impunidad y en la necesaria desarticulación de la espesa red de complicidades y encubrimientos que, pese a la salida del PRI de Los Pinos, sigue viva y actuante en el país.

De alguna manera, las horas en las cuales Luis Echeverría hubo de escuchar los cargos que pesan en su contra por la masacre de Tlatelolco, y las que habrá de dedicar el martes próximo para enterarse de las acusaciones en su contra por el halconazo del 10 de junio, constituyen la demolición de un arraigado tabú de la política mexicana: el carácter de "intocables" de los ex presidentes que, llevado a la práctica legal, implicaba una inimputabilidad grotesca, ilegítima y contraria a los principios básicos del derecho penal, especialmente a uno: la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.

El mérito principal de este logro debe atribuirse, en primer lugar, a las organizaciones y los ciudadanos que han decidido mantener viva la memoria de los excesos represivos del Estado y han librado una batalla legal larga, tediosa y a veces exasperante en el empeño de obtener justicia. También debe admitirse que la alternancia política que vive el país ha sido un contexto propicio para el esclarecimiento de los crímenes del poder público en el pasado reciente.

Por otra parte, y sin afán de ignorar la importancia del suceso, debe señalarse también que hasta el momento no ha ido más allá del terreno de lo simbólico.

Cabe esperar que las investigaciones de las masacres de Tlatelolco y de San Cosme lleguen al esclarecimiento pleno de los hechos y a la consignación de los culpables -independientemente de que el ex mandatario se encuentre o no entre ellos- conforme a derecho, y que José López Portillo -el otro presidente del ciclo de la guerra sucia- sea llamado también a declarar por las desapariciones forzosas, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas que se cometieron, desde el poder público, durante su mandato. Estaríamos, así, ante una señal validatoria por parte de la presente administración sobre su declarada adhesión a la causa de los derechos humanos, la cual, por cierto, no sólo requiere de esclarecimientos históricos, sino también de acciones enérgicas en el presente.

Por último, si el gobierno que preside Vicente Fox realmente desea dejar constancia de su decisión de deslindarse del pasado, debe investigar y, en su caso, fincar responsabilidades legales a sus tres últimos antecesores -Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo- por la enorme cantidad de bienes nacionales que se esfumaron en una neblina de privatizaciones corruptas y "rescates" fraudulentos.