Pretenden atemorizar a los activistas, afirman organizaciones indígenas
Exigen desmilitarizar la sierra de Zongolica
ROSA ROJAS
Agrupaciones sociales del Consejo Nacional Indígena (CNI), comunidades y organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos de los pueblos indios de Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Morelos, Chiapas, Quintana Roo, estado de México y Distrito Federal calificaron de "aberración legal y política", que viola el espíritu y la letra de la Constitución, la militarización de la sierra de Zongolica, Veracruz, solicitada por algunos alcaldes (La Jornada, 16, 17 y 30 de junio de 2002), y exigieron al gobierno de Vicente Fox el retiro de los militares de esa zona y de todas las regiones indias del país.
La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Organizaciones Indígenas por los Derechos Humanos, el Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, de Oaxaca; el Consejo de Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales, de Chiapas; la Alianza de Pueblos Indígenas del Anáhuac, y las comunidades nahuas de Milpa Alta y San Francisco Tlalnepantla, del Distrito Federal, así como de Xoxocotla, Santa Catarina, Tepoztlán, Hueyapan, Cuentepec y Tlayacapan, de Morelos; el Foro Maya Peninsular, Ce Acatl; Rescate y Desarrollo de la Medicina Indígena Tradicional, de Tuxpan, Jalisco, y la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) exigieron la salvaguarda de los derechos más elementales de sus hermanos nahuas de Zongolica.
Denunciaron la pretensión de "infundir temor" a miembros de organizaciones "de reconocida trayectoria en la lucha por los derechos de nuestros pueblos, como la Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, la Unión de Todos los Pueblos Pobres y la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica", porque "podrían ser semillero de movimientos subversivos", como aseguró a la prensa Crispín Hernández Romero, alcalde de Zongolica.
Manifestaron que los gobiernos federal y municipales cometen un "atropello" contra la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al considerar a todos los indígenas terroristas y un peligro social, por el simple hecho "de combatir la miseria abismal que nos rodea, la injusticia que nos ha segregado por siempre del desarrollo nacional".
Por su parte, la activista Magdalena Gómez consideró que la situación de Zongolica "es un botón más de muestra de la incapacidad gubernamental, en todos los ámbitos, para garantizar una relación de respeto con los pueblos indígenas". Dijo que en lugar de llamar al Ejército, las autoridades deben "dialogar con los pueblos y tomar acuerdos para enfrentar sus problemas. Lamentablemente se ha puesto de moda la teoría de los focos rojos, pero se da cuenta de ellos después de que explota la crisis", comentó.
El Consejo Indígena Popular Ricardo Flores Magón (Cipo-RFM) de Oaxaca manifestó que los pretextos del Estado para la militarización pueden ser narcotráfico, brotes de violencia y conflictos intercomunitarios, y aseguró que "es preocupante cómo el terrorismo de Estado adquiere nuevas formas de represión contra los pueblos indígenas".
Los pueblos nahuas de Morelos y la CIDH subrayaron que "la política represiva del gobierno se expresa claramente contra movimientos sociales en donde existe un alto grado de radicalización debido a las condiciones de miseria, desempleo y abandono en que viven los pueblos indígenas".
La función del Estado, agregaron, "la quieren reducir en sus responsabilidades sociales, y ampliar en sus funciones represivas. Esta política tiene como consecuencia la persecución, encarcelamiento y asesinato de luchadores sociales, y la criminalización de la protesta pública. Condenamos esta política y nos solidarizamos con los pueblos de la sierra de Zongolica, ya que los indígenas de Morelos han sufrido las consecuencias de estos procesos de militarización bajo el pretexto de la aparición de grupos guerrilleros en zonas donde hay procesos de organización autónoma de los pueblos".
Por su parte, la Comisión para la Defensa de Derechos Humanos, con sede en Jalapa, Veracruz, destacó que en tiempos de paz el Ejército debe permanecer en los cuarteles y por ningún motivo realizar labores de seguridad pública, y manifestó que "el nerviosismo de las autoridades locales en Zongolica debería desembocar en políticas públicas claras que resuelvan la situación de violencia estructural que sufre la ciudadanía en esa región, máxime cuando las condiciones adversas de una sociedad radicalmente desigual y caciquil se agudizan con la crisis de una actividad clave como la caficultura".
El Cipo-RFM recordó que en Oaxaca "la presencia militar es constante. Diario a nuestros hermanos los vigilan, los intimidan, los patrullan". Como ejemplo de la intensa militarización en los pueblos de Oaxaca está la Zona Militar en Miahuatlán de Porfirio Díaz, que según versiones periodísticas tiene un potencial para "vigilar 169 municipios de las regiones Valles, Sierra Sur y Costa".
La militarización no es casual, agregaron, es una política de exterminio contra nuestros pueblos para impedir que se organicen para defender "el territorio y los recursos naturales y minerales estratégicos".
Exigió también a los gobiernos federal y oaxaqueño "el desmantelamiento de grupos paramilitares que operan en la Sierra Sur, Los Entregadores; así como el establecido en la cuenca del Papaloapan, con el CROCUT, pese a la aprehensión de Cesar Toimil Roberts; y del grupo de paramilitares de la Sierra Norte, que dirige Jacobo Chávez y respalda políticamente el diputado federal Cándido Coheto".
