La ofensiva de la intolerancia ultramontana que se cierne sobre la sociedad mexicana, su diversidad, su pluralidad y sus libertades, puede ilustrarse con tres hechos ominosos: la campaña de presiones emprendida sobre los legisladores capitalinos por grupos ultraconservadores laicos y sectores de la Iglesia católica para impedir a toda costa la aprobación de la ley de sociedades en convivencia, la cual daría, por primera vez en la historia de nuestro país, un estatuto legal definido a parejas del mismo sexo y a formas de compartir un techo distintas a las familias formadas en torno a parejas heterosexuales; el amago de los diputados estatales panistas en Guanajuato de revivir la improcedente y bizantina discusión sobre la concepción como inicio de la existencia de la persona, en lo que parece un intento retorcido por volver a la penalización absoluta del aborto; en esa misma corriente de intolerancia se inscriben las insinuaciones cobardes, distorsionadas y calumniosas formuladas por el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, contra "un periódico" --el prelado no tuvo el valor cívico de mencionar explícitamente a La Jornada-- en el sentido de que "desearían que el Papa no viniera" a México.

El primero de los hechos referidos, la campaña de presiones contra legisladores, tiene distintos orígenes: se sabe que en ella participan el propio arzobispo Rivera y otros jerarcas católicos, grupúsculos de presión histérica como el antiabortista ProVida e incluso dirigentes de Acción Nacional, como José Luis Luege, quien emite veladas advertencias a los representantes blanquiazules en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), trata de disuadirlos de que aprueben las sociedades de convivencia y les recuerda que "es una decisión personal, pero en el momento en que nosotros hemos tomado la decisión de militar en un partido político, con unos principios, tenemos también obligaciones".

Con una intolerancia semejante, aunada a una visión totalitaria y a una ignorancia abismal de lo que significa el principio de separación entre las creencias religiosas y las instituciones políticas, el diputado local guanajuatense --también panista-- Omar Chaire Chavero pretende que "si la población votó por nosotros, también votó por nuestra ideología", en un afán por ver de qué manera revierte la derrota política que sufrió su partido en el intento por penalizar el aborto en cualquier circunstancia.

Los hechos anteriores son indicativos del afán de las derechas más primitivas y antiguas por dictar, mediante legislaciones específicas, formas "correctas" y formas "prohibidas" en la vida privada de los individuos y en el cuerpo de las mujeres. Hay en ello una clara tendencia a restringir la soberanía personal y a volver a los tiempos en los que el Estado y la Iglesia --que, además, eran prácticamente lo mismo-- imponían a la gente cómo debía relacionarse y organizar su vida familiar, en qué dirección debía orientar sus afectos y sus deseos sexuales, y de qué manera tenía que pensar.

A ello debe aunarse la paranoica percepción del arzobispo metropolitano, quien, en reacción a informaciones publicadas por este diario sobre una cancelación de la visita del papa Juan Pablo II a nuestro país, interpretó que La Jornada "no desea" que el pontífice venga a México o que a este diario "le molesta" la proyectada presencia papal.

Ante el disparate referido, que exhibe una intolerancia visceral ante la libertad de expresión y ante el desempeño independiente de los medios, es pertinente puntualizar que La Jornada es una publicación laica que respeta las opciones religiosas --o la falta de ellas-- de sus lectores; que, a diferencia de otros medios y de las jerarquías eclesiásticas, no tiene ningún interés pecuniario en el viaje papal y sus planeados episodios; que le es indistinto que Juan Pablo II venga o no venga y que, sea cual fuere la decisión final, está dispuesta a informar con profesionalismo del viaje o de su cancelación. Nuestro diario recabó versiones sobre esta segunda posibilidad y las dio a conocer porque resultan lógicas y creíbles si se toma en cuenta el precario estado de salud del jerarca. Por su parte, quienes se empeñan en traer a Karol Wojtyla en la condición que sea, y en el presumible afán de recabar recursos y carisma --este último por contagio-- podrían estar especulando de manera poco responsable con las enormes inversiones requeridas para las movilizaciones papales y las concentraciones de fieles, con la fe del pueblo y con la vida de un anciano ostensiblemente enfermo.