Persiste la violación de derechos humanos, afirman defensores comunitarios

Investigar acciones del Ejército en Chiapas, solicitan pobladores indígenas a la CNDH

Ha aumentado el movimiento de tropas y el control militar en municipios autónomos

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 11 de julio. La Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar las acciones del Ejército federal en Chiapas, en especial en Cintalapa (Ocosingo), "ya que la violación a los derechos humanos, individuales y colectivos, es continua". El puesto de control en dicha comunidad ha operado desde hace meses, al igual que otros en Amparo Aguatinta, Taniperla y Palenque. A su vez, el municipio autónomo Ricardo Flores Magón denunció el incremento de movimientos y controles militares, así como sobrevuelos de aviones y helicópteros.

La Red de Defensores Comunitarios documentó "continuas acciones del Ejército federal en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón". Durante una visita de observación, encabezada por el representante de la red en la zona de la selva en días recientes, el defensor comunitario y sus acompañantes "fueron retenidos por más de una hora en el puesto del Ejército federal ubicado en la orilla de la comunidad de Cintalapa", en el extremo norte de la selva Lacandona y de Montes Azules, municipio de Ocosingo.

Dicho retén "opera día y noche deteniendo vehículos y exigiendo las identificaciones de sus ocupantes, bajo el argumento de estar aplicando la ley de armas de fuego y explosivos". Los militares, "abusando de esta medida", vigilan, controlan y documentan el tránsito de las personas. Cabe resaltar, apunta la red, "que dicha ley sólo permite la búsqueda de armas y no la identificación de las personas por transitar los caminos".

El automóvil en el que viajaban los observadores fue retenido más de una hora. El defensor de derechos humanos interrogó a los militares sobre la "legalidad" del operativo: "ƑConoce el presidente de la República las acciones que aquí se están llevando a cabo?"

La respuesta "no se hizo esperar", refiere la red: "Claro que sí, él tiene conocimiento de esto", dijeron los militares. El defensor continuó interrogándolo: "ƑY la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sabe de esto?". Los soldados respondieron: "Claro que sí, así es que no hay ningún problema".

Mientras eran revisadas las mochilas de los transeúntes, el defensor "comenzó a realizar su trabajo tomando fotografías de los militares. Estos, al percatarse, le dijeron en tono amenazador que está prohibido tomar fotografías".

Después de un rato se presentó el jefe militar, "a quien no le importó que le tomaran fotografías". Después de una hora, los militares permitieron el paso de los vehículos, "ante la llegada del transporte público, al cual le tocaba turno de ser revisado, situación que ya es cotidiana en las comunidades indígenas en el estado".

Instalan más retenes

El mismo día, el defensor consiguió entrevistarse con representantes del concejo autónomo del municipio Ricardo Flores Magón, quienes denunciaron que "el hostigamiento militar continúa en los caminos de los municipios autónomos en las regiones de Toniná, Monte Líbano y Taniperla; intensificándose la presencia militar desde junio, con la instalación de más retenes en todos los caminos de la zona de la selva".

En estos puestos de revisión es práctica común exigir la identificación de las personas, así como la revisión de sus pertenencias. El concejo indicó que la presencia militar "sigue siendo una amenaza para la población indígena, que no sólo afecta a la población con la instalación extrema de los retenes, sino también en el incremento de los sobrevuelos rasantes que han reaparecido cotidianamente en los municipios autónomos". Esta situación ha sido documentada por el defensor comunitario, quien ha fotografiado los sobrevuelos militares.

Ante estos hechos, la población de las comunidades indígenas, por conducto de la Red de Defensores Comunitarios, ha solicitado a la CNDH que investigue las acciones del Ejército federal en Chiapas, y en especial en la comunidad de Cintalapa, "ya que la violación a los derechos humanos, individuales y colectivos es continua". Los defensores comunitarios argumentan que la Constitución Política "protege el libre tránsito y el derecho de asociación y participación política, así como la labor que realizan los defensores comunitarios por la defensa y promoción de los derechos humanos".