Podrían derivar en violencia, como en Atenco: CAP
Hay 5 mil conflictos agrarios que representan focos rojos
PATRICIA MUÑOZ RIOS
En los tribunales del país hay más de 5 mil conflictos agrarios que están en focos rojos, pues se está agotando la paciencia de los campesinos y pueden derivar en violencia, como en el caso de San Salvador Atenco, sobre todo por la falta de respuesta del gobierno federal a estos asuntos, señaló el dirigente del Congreso Agrario Permanente (CAP), diputado Juan Leyva Mendívil.
Estimó que se requiere un presupuesto de 10 mil millones de pesos para poder enfrentar y resolver estos asuntos y tener una verdadera ''paz'' en el campo, aunque la mayoría de los casos no son conflictos ''caros'' como el del bufete del senador Diego Fernández de Cevallos con la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), donde se pueden presuponer dolo, componendas y tráfico de influencias, pues ''no es normal'' que se quiera pagar una expropiación a 40 millones de pesos la hectárea, mientras que a los ejidatarios de Texcoco les ofrecieron 7 pesos por metro cuadrado.
El mayor número de conflictos se tiene en Chiapas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Michoacán y San Luis Potosí, agregó por su parte Alvaro López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quien vaticinó que surgirán nuevas batallas agrarias en el corto y mediano plazos, porque se han dejado crecer por décadas las querellas legales en diversas regiones, como la Meseta Purépecha, de Michoacán, o en Nayarit, con los coras.
A su vez, Leyva Mendívil planteó que el meollo del problema es que se carece de una verdadera política agraria y lo preocupante es que no hay una estrategia de ''cómo'' resolver estos conflictos, ya que no se puede tomar como formato el esperar a que estallen para atenderlos. Además, se dan señales encontradas al sector campesino, pues mientras están frenados cientos de conflictos por la falta de presupuesto y de recursos para pagar a los afectados por expropiaciones, al parecer hay una ''urgencia'' para pagar la escandalosa indemnización a un cliente del senador Fernández de Cevallos.
''Con este caso, el gobierno fija los nuevos precios de las indemnizaciones por expropiaciones, pues si al cliente del político le van a pagar por 33 hectáreas mil 200 millones de pesos, a los ejidatarios de Texcoco, por 5 mil hectáreas, les toca lo equivalente'', dijo el diputado, quien argumentó que unos y otros tienen los mismos derechos.
En este sentido, el presidente del Tribunal Superior Agrario, Ricardo García Villalobos, apuntó que, por ejemplo, en los últimos meses se han dado 78 asuntos sentenciados, pero ''no se ha querido forzar su aplicación porque podemos generar un conflicto; es preferible que seamos pacientes, porque el juicio agrario permite conciliación aun después de la sentencia, y si nos equivocamos podemos generar un conflicto entre personas''. Es decir, aun cuando hay sentencias, eso no significa solución, es apenas una parte.
Por su parte, el dirigente del CAP expuso que esta organización negocia con el sector legislativo la conformación de un frente común para exigir al gobierno mexicano la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues la situación del campo mexicano es ''crítica, no ha mejorado en los últimos cinco años y se vislumbra a corto plazo un futuro caótico''.
El TLC, en los términos en que está, significa el ''suicidio deliberado'' del sector agrícola, pues México entregó todo en las negociaciones -cosa que no hizo Canadá-, y ese fue un error de los funcionarios que representaron al país y que dejaron desprotegidos todos los renglones de producción alimentaria. En tanto, Estados Unidos con la mano en la cintura eleva sus subsidios al campo en 44 por ciento y nuestro gobierno no hace nada y simplemente se presta a abrir más las puertas del país, lo que es inconcebible, apuntó.
