Proponen reformar la Constitución para ratificar tratado

"Riesgoso", dejar que la SCJN interprete el Estatuto de Roma, afirma investigador

KARINA AVILES

El investigador de la UNAM Joaquín González Casanova consideró que sería "riesgoso" dejar la interpretación del Estatuto de Roma, mediante el que se creó la Corte Penal Internacional (CPI), a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues existiría la posibilidad de que ese tribunal señalara que efectivamente es inconstitucional la aplicación del tratado en el país.

La consecuencia de que México no ratificara el Estatuto de Roma sería dejar al país en la imposibilidad de cumplir con una obligación internacional, "con la consecuente responsabilidad del Estado y propiciando la impunidad de alguien prófugo de la justicia a nivel internacional", añadió.

Pero también, agregó el académico, la vía de revisar artículo por artículo la Constitución sería "peligrosa", porque llevaría a la posibilidad de dejar algo fuera y hacer reformas constitucionales que quisieran comprender la hipótesis del estatuto "y vinieran a desbalancear el sistema de garantías procesales penales que hay en nuestro país".

En ese sentido, el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se pronunció por una tercera vía: hacer una reforma puntual a la Constitución, para que se autorice explícitamente al país adherirse al estatuto de la CPI.

Durante una discusión sobre la Corte Penal Internacional, el académico subrayó que es necesario resolver cuál es la vía idónea para que nuestro país ratifique el Estatuto de Roma, que aún no ha sido ratificado por el Senado de la República.

Los crímenes que analiza la Corte Penal Internacional

En su turno, Ulises Canchola recordó que la CPI es una instancia jurisdiccional internacional con competencia penal en los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad mundial. Las categorías de crímenes que analiza la Corte Penal son: de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. También, subrayó el académico, la CPI ejerce su jurisdicción sobre personas y no sobre Estados.

Las penas que puede dictaminar la Corte Penal Internacional son: reclusión hasta por 30 años, cadena perpetua, multas y decomisos. También analiza la creación de un fideicomiso que tiene como propósito resarcir los daños a las víctimas de violaciones graves a sus derechos.

Ulises Canchola manifestó que, independientemente de que el Estatuto de Roma entre o no en vigor en nuestro país, es un hecho que tendrá una influencia en áreas como el derecho de tratados internacionales, el derecho a organizaciones y el humanitario, así como el internacional de los derechos humanos.

Por último, señaló que el Estatuto de Roma será un incentivo para fortalecer los sistemas de justicia penal nacional, y destacó que esa disposición no erosiona la soberanía de los países.