Argumenta que no tiene competencia para promover reformas penales

Rechaza la Consejería Jurídica recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del DF

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

La Consejería Jurídica del gobierno capitalino rechazó la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que le pide promover reformas a los códigos Penal y de Procedimientos Penales para tipificar el delito de tortura en los términos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; prohibir la admisión de pruebas obtenidas mediante acciones que violen garantías constitucionales, y para que la confesión únicamente sea válida ante un juez. La dependencia argumenta que no tiene competencia al respecto.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal admitió parcialmente los puntos de la recomendación, por lo que reabrirá una investigación contra agentes de la Policía Judicial -que se inició originalmente por abuso de autoridad- como un posible caso de tortura, y dispondrá medidas de vigilancia en las áreas destinadas al resguardo de detenidos, para garantizar que no sufran abusos por parte de los agentes judiciales. Sin embargo, rechazó el punto donde se pide una justa reparación del daño a las víctimas.

Ayer, el ombudsman capitalino manifestó su insatisfacción por la respuesta de la Consejería Jurídica, en tanto que analiza el camino a seguir por lo que hace a la determinación de la procuraduría capitalina.

El organismo consideró preocupante la respuesta, pues contradice el compromiso que asumió en ese sentido el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Emilio Alvarez Icaza, ha advertido que en la realidad no se observa suficientemente la voluntad de las autoridades del gobierno de la ciudad para atender la problemática de los derechos humanos. "Al interior de las instituciones públicas nos seguimos enfrentando a prácticas, inercias y cultura (...) que no responden a la voluntad de protección y defensa de los derechos humanos", considera el ombudsman.

La recomendación 5/02, emitida por la CDHDF el pasado 27 de junio, se deriva de la denuncia de que agentes de la Policía Judicial capitalina secuestraron y golpearon a Miguel Angel García Jacinto y a su sobrino Enrique García López y pretendieron extorsionar a su familia, y al no obtener dinero saquearon su domicilio. Además les formularon cargos falsos por el delito de robo y los acusaron de falsedad en declaraciones cuando denunciaron los hechos; las víctimas recurrieron al ombudsman, pero su caso no fue considerado violación de sus garantías durante la administración de Luis de la Barreda en la CDHDF.

El caso fue reabierto por la actual administración y se determinaron hechos de tortura y otras violaciones graves a los derechos de las víctimas.