Señora directora. Le agradecería publicar la presente en El Correo Ilustrado. Al parecer, el anuncio hecho por la Secretaría de Relaciones Exteriores de que la Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior sería cerrada y sus funciones transferidas a esa secretaría fue precipitado. En Los Pinos no se ha confirmado la noticia, debido a la fuerte reacción en contra que se ha generado en la comunidad migrante. El presidente Vicente Fox no fue advertido del gran valor político y social que la oficina representa.

La demanda de las mexicanas y mexicanos en el exterior de dialogar y acordar directamente con el Presidente de la República se concretó en la creación de dicha oficina. Por fin habían logrado convertirse en una prioridad para Los Pinos, y en consecuencia, para el gobierno federal. Por primera vez se valoraba la capacidad de los migrantes para coadyuvar al buen gobierno del país y se retribuía parcialmente su generoso apoyo al desarrollo de México.

Al tener conocimiento de los rumores y posteriormente del anuncio de que la oficina desaparecería, la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero, así como organizaciones comunitarias, clubes, federaciones y empresarios mexicanos en Estados Unidos manifestaron su oposición al cierre de la oficina. No existía razón política, administrativa o presupuestal para hacerlo. La oficina no debía desaparecer, sino reformarse para hacer de ella una institución con base legal, presupuesto propio y gobernada por un consejo que incluiría la representación paritaria de reconocidas personalidades y dirigentes de organizaciones comunitarias, sociales y culturales en el exterior.

Sería muy positivo para México y su relación con Estados Unidos que el presidente Fox no confirme el cierre o la transferencia de la oficina. Por el contrario, que escuche las propuestas de mexicanos que residen en el extranjero y en acuerdo con el Congreso haga de la oficina la institución de la Presidencia que tenga como mandato orientar, coordinar y evaluar los programas federales dirigidos a proteger la dignidad y derechos de los migrantes, y a promover con ellas y ellos el adelanto de sus familias y comunidades de origen.

Atentamente

Primitivo Rodríguez Oceguera

Denuncian amenazas contra defensor de derechos humanos

Señora directora: Le agradeceremos mucho la publicación de la presente carta. Los abajo firmantes queremos manifestar nuestro absoluto repudio a los actos de hostigamiento y amenazas de los que ha sido víctima Arturo Requesens Galnares, defensor de los derechos humanos de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura. Arturo Requesens se encontraba trabajando junto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en varios casos de desaparición forzada y tortura.

Desde que era estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, Arturo siempre mostró un gran compromiso con la defensa de los derechos humanos en nuestro país, participando primero en el Taller Universitario de Derechos Humanos y después, por cuenta propia, en diferentes organizaciones no gubernamentales. Entre sus sorprendentes logros está el haber ganado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso que obligó al gobierno mexicano a permitir el regreso de los tres sacerdotes extranjeros expulsados del país en el año 1995 por desempeñar una labor social en Chiapas.

Desde el 17 de julio Arturo es víctima de hostigamiento y amenazas por parte de presuntas autoridades. Por este medio exigimos al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y al procurador de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz Vázquez, intervenir inmediatamente en el caso y garantizar la integridad física y moral de Arturo Requesens.

Atentamente

Julieta Marcone Vega, Julio Beltrán Miranda, Guillermo Almeyra, Juan A. Cruz Parcero, Bernardo Bolaños, Antonio Zirión, Efraín Lazos, Luis Ochoa Bilbao, Patricia Gómez Ortiz, Federico Anaya Gallardo, Israel Galán Benítez, Ernesto Anaya, Arturo Santillana Andraca, Antonio Hernández López, Sandino Luna, Massimo Modonesi, Félix Hoyo Arana

Deben SG y El Barzón intervenir en toma de decisiones del IPAB

Señora directora: Agradezco la publicación de la carta suscrita el 19 de julio, así como la respuesta del reportero Roberto González Amador.

Al respecto, deseo precisar que nunca se pretendió cuestionar el profesionalismo del reportero, cuya calidad es conocida por los lectores del diario a su cargo.

En todo caso, la aclaración enviada por un servidor debió precisar que la veracidad por nosotros cuestionada es sobre la posibilidad de que, como resultado de los acuerdos entre la Secretaría de Gobernación, El Barzón y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, se desprenda una intervención de los dos primeros en la toma de decisiones del IPAB.

Adicionalmente, es necesario puntualizar que una de las fuentes citadas, concretamente el dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, falta a la verdad cuando asegura, por ejemplo, que en la reunión de Gobernación con los directivos del IPAB y El Barzón, participó el subsecretario Ramón Martín Huerta, ya que por el lado de esa dependencia del Ejecutivo federal quien acudió fue el señor Luis Carlos Migliavacca, quien es el único funcionario de esa secretaría que firma la minuta respectiva, la que, dicho sea de paso, se consultó desde un inicio para hacer las aclaraciones del caso.

Tampoco es cierta la afirmación de Ramírez Cuéllar, respecto de que el acuerdo fue que "...una vez realizada la auditoría sobre las cuentas de Banca Unión, se procederá inmediatamente a la aplicación del artículo séptimo transitorio, para descontar de las prerrogativas que el IFE entrega al PRI el monto del dinero que ese partido recibió del banco, y que generó el quebranto de Banco Unión".

El dirigente de El Barzón declaró también que "...el descuento de los 45 millones de dólares al PRI deberá ser realizado en el ejercicio fiscal que inicia el primero de enero próximo", y que la auditoría en cuestión "...parece ser mera forma, dado que la operación está suficientemente probada".

Todo lo anterior es falso, como se aclaró en la pasada misiva. El asunto de los gastos de campaña a los que se refiere, son cosa juzgada, y en su momento se determinó que por parte del PRI no hubo violación alguna a la ley.

Carlos Jiménez Macías, coordinador de prensa del CEN del PRI

Sugiere el STUNAM diálogo en Atenco basado en principios

Señora directora: Agradece- ríamos mucho la publicación de la presente misiva. La defensa de la tierra de los campesinos de San Salvador Atenco nos ha llevado a la siguiente reflexión: vemos la diversidad y la diferencia que son derechos humanos universales preventivos al conflicto y a lo injusto, que nos llama a construir un espacio social y legal en el que aparece un reto a la prudencia y sabiduría para la resolución de conflictos y traduce un clima adecuado en las percepciones del otro.

Lo que nos permite discer- nir conflictos de raíces profundas en el que predominan motivaciones (sentimientos, valores, necesidades, su tierra), lo que exige que las causas del conflicto sean eliminadas, manteniendo la dignidad de todos(as), no se trata de solucionar el conflicto de una manera dura o suave, sino una negociación basada en principios, por lo que nos aflige el auto de formal prisión a los campesinos de San Salvador Atenco.

Atentamente

Promotores y defensores de Derechos Humanos del STUNAM: Francisco Castro Melendez, Adrián Pedrozo Castillo, Alicia Andrade Rodríguez, Ana María Solares Basaldúa, Catalina Alvarado Vera y varias firmas más