ENTREVISTA
José Luis Soberanes, presidente de la CNDH
En derechos humanos, política foxista de simulación
VICTOR BALLINAS
Desde el gobierno -tanto federal como estatal- aún
se solapa la impunidad, mientras que la administración del presidente
Vicente Fox "hasta hoy no tiene una política de Estado en derechos
humanos. No tiene diagnóstico, no tiene nada y se le va el tiempo",
asevera el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), José Luis Soberanes.
En el caso de los gobiernos estatales, dice, muchas veces
en lugar de ayudar a la defensa de los derechos humanos representan un
obstáculo para combatir las violaciones a los mismos y sancionar
a quienes las cometieron.
El ombudsman nacional sostiene: el mensaje que
el gobierno envía a la comunidad internacional al no acatar las
recomendaciones es que "estamos en la simulación".
-En su opinión, ¿tiene el gobierno mexicano
una política de Estado en materia de defensa de derechos humanos?
-En este momento, al día de hoy, no la hay, pero
creo que existe preocupación en este sentido y que pronto va a haber
ya una definición gubernamental a este respecto. Hoy todo mundo
dice y habla de derechos humanos (en el gobierno), pero en los hechos no
hay nada, no se ve reflejado en acciones concretas.
"Este es mi pleito con el gobierno: de qué carambas
sirve que diga el Presidente que los derechos humanos son un tema fundamental
en su administración, si la policía sigue matando a la gente.
Si cree que está resolviendo los asuntos de derechos humanos porque
excarceló al general Gallardo, a los campesinos ecologistas, esos
no son los problemas de derechos humanos del país, y ahí
los estamos viendo. No hay una política de derechos humanos. No
hay diagnóstico, no hay nada."
-¿Se le va el tiempo al gobierno para actuar en
materia de derechos humanos?
-Por supuesto.
-El Presidente dice en sus discursos que las recomendaciones
que emita la CNDH se acatarán, que no permitirá la impunidad.
¿Esto es una realidad o sólo discurso?
-En
efecto, se aceptan, pero luego no se cumplen, porque así como hay
un tornillo y una tuerca que se presiona y funciona, nosotros tenemos -dijéramos
como contraparte- a las contralorías u órganos de control
interno, y eso es algo que sale completamente de nuestro ámbito.
O sea, nosotros recomendamos que se finquen responsabilidades a los servidores
públicos violadores de derechos humanos, pero no sabemos si lo hacen
o no; dicen que sí, y ahí queda todo, porque no tenemos facultades
para darle seguimiento a las sanciones.
"Esa es una constante queja de mis colegas de las comisiones
estatales. Dicen, 'bueno, se pide que se les sancione, pero ni siquiera
nos informan -los gobiernos o funcionarios estatales- si lo van a hacer,
o ni siquiera sabemos si lo hicieron o no. Incluso, a veces son sanciones
ridículas. Entonces de qué sirve, si después el servidor
público va a reírse de que nosotros lo señalemos'.
Entonces, en cuanto a la eficacia de las recomendaciones tiene que haber
ahí un ajuste, una revisión."
-En algunos estados, como Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Veracruz
o el estado de México, entre otros, no se atienden las recomendaciones,
¿esto fortalece la impunidad?
-Sí, ese es un problema que luego a nosotros nos
resulta muy difícil. Por un lado está la impunidad, que muchas
veces es solapada por el mismo gobierno, y luego tenemos también
cierta oposición o corriente en contra. Tratan -los gobiernos- de
desprestigiar a las comisiones alegando que defendemos delincuentes. Inclusive
hasta nos ridiculizan. Nosotros defendemos a la sociedad y parece mentira,
¿verdad?, que se propague entre la gente esa idea de que defendemos
delincuentes. Oiga, ¿pues cómo vamos a defender delincuentes?
Estamos defendiendo a la sociedad. Entonces muchas veces no nos ayudan,
sino, al contrario, estorban nuestro actuar.
-¿Cómo combatir desde la CNDH y las comisiones
estatales la impunidad?
-Hay muchas formas para ello, y esto tiene que ver desde
el principio. Cuando recibimos una queja y pedimos informes, las autoridades
no nos los rinden y les tenemos que estar insistiendo. Aquí debería
haber una reforma para que la autoridad que no proporcione los informes
tenga una sanción. Eso sería importante. Por otro lado, cuando
una autoridad que acepta una recomendación no la cumple, tendría
que ser responsable de ello, porque si no, entramos en un juego de simulación.
-¿Sigue pensando en su propuesta a los legisladores
de que sea el Congreso de la Unión el que llame a cuentas a los
funcionarios que no acaten las recomendaciones que se les hagan?
-Es una de las propuestas que se han venido formulando,
que si en un momento determinado una autoridad no cumple una recomendación
aceptada, pues que sea precisamente el Congreso quien lo llame a cuentas.
Sería lo adecuado, ¿no?
"Por decir algo: en un estado, si un procurador acepta
la recomendación y no la cumple y, bueno, el gobernador no le exige
cuentas, que sea el Congreso quien lo llame. Porque ahí hay un motivo
de responsabilidad, porque si se acepta una recomendación y no se
cumple, es como firmar un cheque que luego no se quiere pagar."
-¿Cuál es el mensaje que se manda a esacala
internacional en la defensa y respeto a los derechos humanos por parte
del gobierno cuando tiene recomendaciones de la CNDH, como la de la matanza
de Aguas Blancas, las muertas de Ciudad Juárez o sobre las indígenas
violadas en Chiapas, y no las acatan?
-A lo mejor lo que quieren es, dentro de 20 años,
hacer comisiones de la verdad, y entonces vamos a ver qué pasó
en el año 2000. Ya le digo, el mensaje es muy claro: es que estamos
en una simulación.
-¿Insistirá usted en la reforma a la ley
de la CNDH para que las recomendaciones se cumplan y se acaten?
-Sí. Eso no es fácil, porque hay que respetar
el sistema del ombudsman. Nosotros no somos jueces, pero, por otro
lado, pues tampoco somos imbéciles, ¿verdad? Entonces, tiene
que haber alguna forma de que se logre la eficacia de nuestras determinaciones.
-En el caso de Oaxaca, en la matanza de Agua Fría
del primero de junio, estaba pendiente una recomendación o un informe,
¿cuándo se presentará?
-Ya lo tenemos, se concluyó una investigación.
En este momento se está revisando y espero que la semana que entra
se pueda presentar a la opinión pública.
-¿Ya tienen la decisión? ¿En qué
va a consistir?
-Sí, es más que nada un informe a la sociedad
de qué es lo que sucedió, cuáles son los aspectos
en los que nosotros vimos que hubo fallas y qué sugerencias hacemos
a las autoridades en ese sentido.