La situación de la población rural mexicana empeora constantemente. Si en 2001 con un salario mínimo era posible comprar 8.3 kilos de tortilla, en 2002 sólo se pueden comprar 7.6 kilogramos, y la misma reducción del poder adquisitivo aleja de la mesa de los pobres la leche, el frijol, los huevos, disminuyendo así el insumo de las proteínas y las calorías necesarias para la reproducción. Al mismo tiempo, aumenta la dependencia alimentaria del país, debido a las crecientes importaciones de granos básicos subsidiados que hunden aún más la ya deprimida producción cerealera nacional. Para agravar el panorama rural se añade la superación, en mucho, de las cuotas de importación establecidas por el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la violación del mismo por parte de Estados Unidos, que acaba de otorgar subsidios multimillonarios (18 mil millones de dólares anuales durante 10 años) a sus exportadores de maíz, trigo, sorgo, principalmente, en una verdadera acción de dumping que afecta duramente la competitividad incluso de los más modernos y productivos agricultores mexicanos, los de Sonora y Sinaloa. El mismo problema, por otra parte, se ha presentado en la industria azucarera, que da trabajo a cientos de miles de cañeros y de jornaleros agrícolas en varios de los estados con economía básicamente rural (Nayarit, Morelos, Veracruz, Chiapas) pues allí también, según palabras del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, al incumplimiento de Estados Unidos al TLC se unen las importaciones de fructuosa para beneficio de las compañías refresqueras, y la firma de cartas paralelas por "debajo de la mesa", distorsionando el mercado del dulce.

El resultado lo tenemos a la vista: el Banco Mundial acaba de registrar que de cada 100 mexicanos que habitan en el mundo rural (donde, como es sabido, no todos son campesinos, artesanos o jornaleros sin tierra) 46 viven en situación de pobreza extrema, mientras hace una década esta terrible cifra era, sin embargo menor, pues los que vivían en extrema pobreza llegaban a 41.3 por cada 100 habitantes de las zonas rurales. Si se considera en cambio la suma de quienes viven en pobreza moderada con los que padecen una pobreza extrema, se llega a 73.3 por ciento, cuando a finales de los 90 esa cifra era menor (69.3).

Es claro el resultado de la política llamada de las "ventajas comparativas" que llevó a importar alimentos estadunidenses (que condenaron a la pobreza a los productores locales o los fuerzan a la emigración) a cambio de la exportación de petróleo, construyendo así una doble dependencia en las importaciones y en las exportaciones y debilitando fuertemente el mercado interno, al mismo tiempo que se agrava la miseria en las zonas rurales, con sus secuelas de aumento de las enfermedades sociales, de la ignorancia, de la inseguridad. Lo peor de todo es que la destrucción de las energías humanas en el sector rural y de las tierras y recursos naturales es un proceso prácticamente irreversible, que debilita la misma seguridad nacional. Ante las comprobaciones del Banco Mundial (el cual, por otra parte, recomendara antes las políticas causantes de este verdadero desastre) y del sector empresarial azucarero, ¿no habría que volver a diseñar la política para el campo antes de que sea tarde?