Pide CNDH a Pablo Salazar castigue abusos de policías

Robo, tortura, lesiones y allanamiento, entre los delitos

VICTOR BALLINAS

El gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, recibió la recomendación 26/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por medio de la cual se le solicita investigar y sancionar a policías judiciales estatales y a agentes del Ministerio Público por los delitos de robo, tortura, lesiones, abuso de autoridad, allanamiento y daño en propiedad ajena, al detener indebidamente a 69 personas del municipio de Marqués de Comillas.

En la recomendación, que le fue entregada el pasado 25 de julio, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes Fernández, le pide que también se investigue y castigue a dos agentes del Ministerio Público, dos comandantes y agentes de la Policía Judicial estatal (PJE) por detener y retener arbitrariamente al señor Noé Jiménez Pablo. Ambos hechos ocurrieron el 27 de julio de 2001.

El ombudsman nacional insta al gobierno de esa entidad a cumplir la recomendación que en enero pasado le envió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (01/2002) y que "no aceptó", pese a que los hechos fueron comprobados.

Noé Jiménez Pablo denunció ante la CNDH que fue aprehendido por agentes de la Policía Judicial estatal a las 15:30 horas del 26 de julio de 2001 en Tuxtla Gutiérrez. "Al detenerme, los agentes me preguntaron '¿dónde están los pollos (los indocumentados) y la pistola?' Posteriormente, a las 23:30 horas, los policías judiciales me sacaron de la Procuraduría General de Justicia del estado y me trasladaron a un domicilio particular. Me pusieron un sobre amarillo en la cabeza para sacarme, y me entrevistó en un domicilio particular un comandante sobre las actividades del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala (Mocri-CNPA). Ahí estuve hasta las 21 horas del 27 de julio de 2001, cuando nuevamente fui trasladado a las oficinas de la Policía Judicial..."

La CNDH señala que contó con evidencias para acreditar que el agravio expresado por Jiménez Pablo es fundado. Le fueron violados sus derechos de legalidad y seguridad jurídica con motivo la irregular integración de la averiguación previa.

Además, sostiene el órgano nacional de defensa de los derechos humanos, Jiménez Pablo fue detenido a las 16 horas del 27 de julio y no fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Jorge Luis Llaven Abarca hasta las 23:30 horas, "lo cual hace presumir que estuvo detenido arbitrariamente más de seis horas".

Al afectado no se le informó de inmediato de sus derechos, como el de declarar asistido por un defensor, apunta la recomendación de la CNDH, y "no pasa desapercibido que no hay declaración ministerial sino hasta 60 horas después de la detención de Jiménez Pablo". Existe abuso de autoridad, dilación de la justicia y detención arbitraria, entre otros actos ilícitos.

Respecto al caso de Marqués de Comillas, la CNDH indica que resulta fundada la denuncia interpuesta por los habitantes de ese municipio. "Sus derechos humanos les fueron violados por agentes judiciales; recibieron trato cruel y degradante, por lo que de las 69 personas detenidas en la comunidad, 40 resultaron con golpes, entre ellos menores y ancianos".

Los hechos ocurrieron también el 27 de julio del año pasado, cuando personal de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ambas del estado de Chiapas, llevaron a cabo un operativo para rescatar a servidores públicos de las secretarías de Desarrollo Social, estatal y federal, quienes desde el 21 de ese mes estaban retenidos por integrantes del Mocri-CNPA.

La comisión constató que los agentes policiacos golpearon con patadas y culatazos en diversas partes del cuerpo a los pobladores para que les informaran dónde estaban retenidos los funcionarios estatales y federales. "Después, los obligaron a subir en vehículos donde los continuaron golpeando y maltratando, para posteriormente llevarlos a Tuxtla Gutiérrez".

El ombudsman resalta que el hecho de que los agentes participen en un operativo "no los faculta para hacer uso de la fuerza en forma excesiva, como se desprende del hecho de que resultaran 40 personas lesionadas, de acuerdo con los certificados médicos que elaboraron peritos legistas de la propia procuraduría.

"El Ministerio Público no llevó a cabo una investigación sobre el uso excesivo de la autoridad en el operativo ni preguntó a los detenidos si se querellaban o no por las lesiones que presentaban al momento de tomárseles sus declaraciones.

"Con sus acciones y omisiones, los funcionarios de la procuraduría violentaron los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica e integridad física de los agraviados, hubo trato cruel, ejercicio indebido del servicio público, irregular integración de la averiguación previa y abuso de autoridad."

La CNDH solicitó al gobierno de Chiapas que se investigue al agente del Ministerio Público Jorge Luis Llaven Abarca; al jefe de grupo habilitado de la PJE, Pedro Estrada Moncayo, y a quienes resulten responsables por las violaciones a derechos humanos e irregularidades en la detención de Jiménez Pablo.

Además, solicita que se investigue a elementos de las PJE, de la SSP estatal y los funcionarios que participaron en la integración de la averiguación previa 055/DAR7A MP02/2001 por diversas irregularidades que se cometieron en su integración.