Si el engendro denominado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, recientemente inventado por el gobierno de Vicente Fox, tuviera realmente la tarea de garantizar instituciones y procedimientos de calidad en la enseñanza pública, tendría que empezar sus actividades con una crítica profunda a la manera en que se definieron los contenidos de las bibliotecas de aula de la Secretaría de Educación Pública, la cual delegó tal responsabilidad en un grupo de expertos que decidieron la exclusión de los máximos exponentes de la literatura mexicana contemporánea -Octavio Paz, Carlos Fuentes y Alfonso Reyes- de la lista de títulos seleccionados.

Sin embargo, es muy poco probable que se produjera descalificación semejante, toda vez que ambos actos de gobierno -la conformación de esa oficina de evaluación educativa y la marginación de las bibliotecas escolares de los más célebres escritores mexicanos- parecen apuntar a un mismo objetivo: eliminar el sentido laico y los contenidos humanistas y progresistas que todavía subsisten en las instituciones de enseñanza pública y culminar la tarea que iniciaron Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo de demolición del sistema educativo público como uno de los últimos mecanismos de movilidad social y redistribución de la riqueza que le quedaban al país.

Tal vez sea mera casualidad que uno de los autores excluidos -Carlos Fuentes- haya sido objeto de censura paterna en la lista de lecturas aprobadas para la hija del actual secretario del Trabajo y Previsión Social; acaso sea una coincidencia que el presidente de la comisión de educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Godínez, haya festinado la creación de la entidad evaluadora como un triunfo para su organización religiosa; sin embargo, resulta inocultable que la ineficacia de los mandos de la Secre- taría de Educación Pública se corresponde con la creciente convergencia de cúpulas gubernamentales, empresariales, católicas y hasta partidarias en torno a un proyecto de "excelencia" educativa que apunta, en realidad, a dar al sector mayoritario de la población -es decir, a los pobres- una formación educativa que excluya la imaginación, deje de lado los recursos intelectuales y culturales para cuestionar a los poderes económicos y políticos y garantice sumisión, resignación y obediencia, que son algunos de los "valores religiosos" que la jerarquía eclesiástica sueña con reintroducir en la educación pública del país.

Por último, la verdadera excelencia educativa no será, en esta lógica, para las instituciones públicas, sino para los colegios y universidades del sector privado.