El anterior ayuntamiento habría efectuado pagos a una empresa inexistente

Detectan presunto peculado en Playas de Rosarito

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC, 16 de agosto. El ayuntamiento de Playas de Rosarito presentó una denuncia penal contra Germán Morales Martínez, tesorero de la pasada administración municipal, por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas. Se le acusa de haber efectuado cuantiosos pagos a una empresa inexistente de consultoría.

La denuncia fue presentada por el síndico de ese ayuntamiento Tomás de la Rosa Martínez, luego de que el actual tesorero Alfredo Quintero Ruiz practicara una auditoría a la pasada administración.

En total, fueron halladas 18 irregularidades en el manejo de los recursos públicos detectadas por la tesorería, entre las que destacan varios pagos a una empresa de consultoría denominada Torres y Asociados, de la cual no existe registro. De igual manera aparecen varios pagos a nombre de Juan José Torres, apoderado de la empresa Torr-Mar, cuyos cheques fueron endosados y depositados en cuentas de empleados de Morales Martínez, quien mantenía en operaciones un despacho contable, al mismo tiempo que fungió como tesorero.

Por otra parte, se dio a conocer que Hugo Alonso Martínez y Jorge Fuentes Valdez, subrecaudadores de rentas en esta frontera, fueron despedidos de sus cargos por pérdida de confianza y falta de probidad en el desempeño de sus funciones. Ambos ex funcionarios siguen bajo investigación administrativa por la Contraloría del estado para determinar si tienen o no responsabilidad en lo relativo a trámites de placas, donde se ubicaron irregularidades.

En tanto, el cabildo de Playas de Rosarito aprobó en forma unánime apoyar la reforma al marco legal en la entidad a fin de prohibir que servidores públicos que ocupan un puesto de elección popular soliciten licencia o renuncien al cargo con el propósito de pretender otra candidatura.

La medida aprobada por el Congreso del estado ahora requiere que al menos otros dos municipios de la entidad la avalen para poder ser aplicada antes de las elecciones del próximo año.

En otro orden, el presidente del Congreso del estado, el perredista Jesús Alejandro Ruiz Uribe, anunció que en breve los funcionarios del gobierno estatal tendrán la obligación de acatar las recomendaciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, o de lo contrario deberán comparecer ante el pleno legislativo para dar cuenta de sus actuaciones.

La intención de los diputados que actualmente analizan una reforma legal en materia de derechos humanos en la entidad es evitar que, como hasta hoy, las recomendaciones emitidas por la PDHPC estén sujetas a la voluntad política de los gobiernos estatal y municipal de acatarlas o rechazarlas e ignorarlas, como el caso de la menor Paulina del Carmen Ramírez, a quien la pasada administración estatal le negó su derecho legal a un legrado tras resultar embarazada a consecuencia de una violación.