Los fondos para el retiro serían usados para generación eléctrica

Se aprovecharían para lograr "un apalancamiento financiero", según la iniciativa

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La iniciativa de reforma al sector eléctrico propuesta por el presidente Vicente Fox establece que no será privatizado ninguno de los activos de las dos empresas públicas del sector, pero pretende que particulares se encarguen del suministro a grandes consumidores y el libre acceso a la red de transmisión. Las reformas plantean que, además de la inversión privada, los recursos de los trabajadores depositados en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) sean empleados por empresas privadas para aumentar la capacidad de generación, informaron este domingo funcionarios del gobierno.

La propuesta gubernamental, que se encuentra desde el viernes pasado en el Senado pero no se ha hecho pública, prevé cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución, eventualidad que han rechazado los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. El secretario de Energía, Ernesto Martens Rebolledo, afirmó ayer que si el Congreso decide aprobar una reforma diferente a la del Ejecutivo, el órgano legislativo "deberá vigilar que México no quede castrado en su proyección de energía hacia el futuro".

Adecuación de los artículos 27 y 28

En conferencia de prensa, Nicéforo Guerrero Reynoso, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía, confirmó que el proyecto de reformas legales plantea la "adecuación" de los artículos 27 y 28 constitucionales, preceptos que actualmente establecen que el de la electricidad es un servicio público, estratégico, cuya prestación es exclusiva del Estado.

"En estos artículos, la reforma no pretende quitar ni la rectoría del Estado ni mucho menos un esquema de seudoprivatización. Lo que se busca es la garantía para los ciudadanos mexicanos de que el servicio público de energía será prestado por el Estado", apuntó Guerrero Reynoso.

Indicó que en particular, en el artículo 28 constitucional, la reforma del gobierno foxista abre la posibilidad de venta de fluido eléctrico a usuarios calificados y el libre acceso a la red de transmisión. Para estos efectos, los usuarios calificados son los grandes consumidores de energía. Así, las paraestatales del sector se encargarían de atender a los consumidores domésticos.

El funcionario planteó que la propuesta de reformar el artículo 27 constitucional consiste "básicamente en quitarle los conceptos de cuando dice: generar, distribuir, transformar, abastecer de energía eléctrica, ahora solamente dirá: al Estado le corresponde la prestación del servicio público de electricidad".

Además, la reforma plantea agregar al texto de ese artículo que la electricidad producida por los particulares para el autoconsumo o para venta de los particulares a grandes usuarios "sea ahora factible y no forme parte del servicio público". Establece, asimismo, la obligación para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de tener abierta la red de transmisión y de distribución a todos los usuarios.

En abril de 2001, el presidente Vicente Fox emitió un decreto que permitía que los productores independientes, que hasta ahora están obligados a vender sus excedentes a la CFE, pudieran aumentar sus ventas de electricidad. En mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ese decreto era ilegal.

Autonomía para la CFE

En la conferencia de prensa, Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE, explicó que la iniciativa de reforma enviada por el Ejecutivo al Senado busca dotar a la junta de gobierno de la empresa de la facultad de tomar las decisiones "sin que éstas tengan que ser aprobadas posteriormente por otras dependencias, como sucede actualmente".

Si la reforma es aprobada, dijo, la junta de gobierno de la CFE tendría facultades para tomar las decisiones de la empresa dentro de un presupuesto global aprobado por el Congreso. "Respecto al régimen fiscal -ahora el gobierno se apropia de todas las utilidades de la paraestatal-, lo que se pretende, pero no es parte de la propuesta legislativa, sino de las negociaciones que habrá de llevar a cabo la CFE con el Congreso y la Secretaría de Hacienda, es eliminar el impuesto por aprovechamiento y sustituirlo por una tributación que sea más parecida a la de las empresas productivas", indicó.

Interrogado con respecto a la estimación del gobierno sobre los recursos privados que fluirían a la industria eléctrica con las reformas propuestas, Elías Ayub respondió: "lo que se requiere son 5 mil millones de dólares por año de inversión entre el sector público y el privado. De éstos, son aproximadamente la mitad para generación, que es la parte que entra ahora en la propuesta. Tenemos que tener aproximadamente 23 mil millones de dólares en los próximos diez años invertidos en generación. La distribución que habrá entre inversión pública y privada dependerá de la aceptación que tenga entre los inversionistas la reforma que apruebe el Congreso".

En este punto, Nicéforo Guerrero explicó que además de la inversión privada la iniciativa plantea que "el sector social" se involucre en el financiamiento para generación de energía. "En relación con el sector social, están los recursos de las Afore que podrían ser aprovechados por empresas mexicanas para hacer proyectos de generación eléctrica y tener un apalancamiento financiero que sirviera para la producción de energía eléctrica."

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), el monto de los fondos de los trabajadores depositados en las Afore alcanzan 435 mil millones de pesos, unos 45 mil millones de dólares.

No habrá un nuevo Fobaproa

El secretario de Energía, Er-nesto Martens, garantizó que la reforma eléctrica del Ejecutivo no va a terminar en un proceso con alto costo económico y social para los mexicanos, como ya ocurrió con la venta de los bancos y la concesión de autopistas. "No vamos a privatizar los activos de la CFE o de Luz y Fuerza. Consecuentemente, no hay el riesgo que tuvieron las carreteras o la banca. Lo que se busca es la complementación, combinar lo que hoy hacen las dos empresas públicas con lo que se requiere por necesidades obvias de crecimiento y para ello es necesaria la inversión privada."

Martens declinó afirmar si la propuesta gubernamental cuenta con apoyo de las diferentes fracciones políticas representadas en el Legislativo. "Tenemos la esperanza y el convencimiento de que hay los argumentos para que se piense favorablemente la propuesta del Ejecutivo", planteó.

-¿Tiene el gobierno un plan b, por si ocurre algo similar a la frustrada reforma fiscal? -fue interrogado Martens.

-El plan b -respondió- está basado en que el Congreso va a aprobar modificaciones a la Constitución y a leyes, que es lo que esperamos. Si fuese diferente deberá vigilar que México no quede castrado en su proyección de energía hacia el futuro y que no queden sus hijos y mis nietos sujetos a lidiar con un país que está medio apagado.