La gran mascarada eléctrica

Vicente Fox envió al Congreso de la Unión una propuesta para reformar el sistema eléctrico nacional. Su objetivo es permitir que la iniciativa privada participe en actividades que hoy son exclusivas del Estado, así como crear un mercado de electricidad.

Aunque se diferencian en la forma, en esencia la reforma foxista es similar a la elaborada por Ernesto Zedillo en 1999. Mientras que el ex presidente declaraba explícitamente su objetivo privatizador, el plan foxista pretende esconderlo. El priísta llamaba las cosas por su nombre, el panista las quiere disfrazar.

El paquete consta de cinco iniciativas y decretos. La primera pretende reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución. La segunda busca cambiar artículos y capítulos de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. La tercera y la cuarta crean el centro nacional de control de energía y su ley orgánica. La quinta formula una ley orgánica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El disfraz

El corazón de la propuesta presidencial consiste en reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para restringir el concepto de servicio público a aquel destinado a "la satisfacción de las necesidades colectivas básicas". Con ello esta figura se limita al servicio que el Estado da a los pequeños consumidores de energía eléctrica, y se sustrae de ella a los grandes conglomerados industriales y comerciales, es decir, a aquellos con necesidades superiores a los 2 mil 500 megavatios al año.

De acuerdo con la iniciativa, el abasto a estos grandes consumidores podrá ser efectuado por empresas privadas a las que se garantizan las inversiones realizadas. Más aún, una parte de los pequeños consumidores también podrán ser servidos por agentes privados si se constituyen empresas distribuidoras que sumen la demanda eléctrica de varios clientes.

Aunque el Estado mantendrá el control de la transmisión y la transformación eléctrica, la participación de la iniciativa privada en el sector no tendrá que limitarse a la generación, sino que podrá ampliarse a las áreas de conducción y distribución. Esto es, compañías distribuidoras privadas recibirán la energía de la empresa pública en la red para distribuirla a los grandes usuarios.

Un servicio público es una actividad que busca satisfacer una necesidad colectiva que se considera básica. Su prestación debe ser permanente y uniforme, debido a que su interrupción o insuficiencia puede generar graves daños a la economía y a la sociedad o provocar la alteración del orden público.

La regulación de un servicio público no debe estar enmarcada en el régimen de derecho privado, sino que requiere estar inscrita por normas y principios de derecho público.

El suministro de energía eléctrica a la población, a la industria y al comercio debe ser un servicio público porque busca satisfacer requerimientos básicos de la sociedad y constituye uno de los pilares sobre los que funciona el aparato productivo nacional.

El establecimiento de empresas públicas para garantizar el abasto eléctrico surgió en varios países, incluido México, porque las compañías privadas (frecuentemente extranjeras) eran incapaces de proporcionar el servicio de manera oportuna y eficaz. Se crearon, además, para apoyar con tarifas reducidas la competitividad de la industria y redistribuir el ingreso.

Como ha señalado José Antonio Rojas Nieto en este diario, la iniciativa de Vicente Fox reduce el servicio público a una actividad de segunda, mientras que la porción más rentable de la actividad eléctrica, la de los mejores clientes, se entrega a intereses individuales. Con ello se violenta el espíritu del artículo 27 constitucional, pues la redacción actual de ese texto evita la posibilidad de que se especule y obtengan ganancias ilegítimas en un sector fundamental para el desarrollo nacional.

 A la empresa pública, cristiana sepultura

La propuesta de ley orgánica de la CFE presentada al Congreso no le da autonomía presupuestal a la empresa, con lo que sigue dependiendo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que hasta ahora ha visto en la comisión una fuente permanente para extraer de manera indiscriminada recursos económicos.

Mantiene además el régimen de aprovechamiento, que es una de las principales causas de descapitalización de la comisión. El aprovechamiento consiste en la obligación de pagar a la Federación, por concepto de activos que utiliza para prestar su función, poco más de 7 por ciento del activo fijo neto en operación del ejercicio inmediato anterior reportado en los estados financieros de la empresa. Tan sólo el año pasado la CFE erogó por este concepto alrededor de 40 mil millones de pesos. Casi el mismo monto gastado en subsidios.

Con una insuficiente autonomía administrativa, una actitud confiscatoria por parte de Hacienda y el control sobre la parte menos rentable del mercado eléctrico, las empresas públicas del sector están condenadas a morir de inanición. Enmascarándolo, el objetivo de la propuesta presidencial es preparar el terreno para dar cristiana sepultura a esas entidades.

Aunque no se quiera presentar como tal, la reforma es realmente una propuesta para privatizar el sector. Ciertamente no sostiene que los activos de la CFE y Luz y Fuerza del Centro (LFC) vayan a ser vendidos a la iniciativa privada, pero le otorga a ésta el control de áreas de actividad económica que hasta hoy están reservadas al Estado. Zedillo ofreció a los empresarios un paquete que incluía la adquisición de las viejas plantas de generación. Fox les evita tener que adquirir fierros viejos y les garantiza el acceso a las nuevas, con ganancias aseguradas.

Ernesto Martens, secretario de Energía, dijo que la reforma plantea un excelente negocio y que estaría dispuesto a invertir en él. En lo inmediato, las nuevas compañías podrán abastecer a los 400 consumidores de alta tensión y unos 5 mil más de media. Juntos tienen cerca de 45 por ciento del mercado eléctrico. El porcentaje podría crecer si se forman sociedades de auotoabastecedores.

 La política del avestruz

Las iniciativas gubernamentales desconocen las fallidas experiencias internacionales de privatización eléctrica. Hechos como la quiebra de Enron, la especulación y el desabasto provocado por las empresas privadas en California, los continuos apagones en Brasil y Argentina, el fracaso en Guatemala, el escándalo con los subsidios a las grandes empresas eléctricas en España, la tendencia a la monopolización del servicio en Gran Bretaña y la falta de acuerdo para avanzar en la desregulación de esta rama económica en la última cumbre de la Unión Europea son soslayados en la iniciativa presidencial.

A comienzos de la década de los 70, los promotores de la privatización eléctrica ofrecieron a consumidores y naciones un espejismo de bajos costos, alta eficiencia y satisfacción de una demanda creciente. Salvo excepciones notables, como la que se vive en los países nórdicos, los resultados han sido completamente diferentes. Más que solucionar problemas ha creado nuevas dificultades.

Excepto aquellos países donde se ha cambiado la generación basada en el carbón por la producida en plantas de ciclo combinado, los precios de la luz se han incrementado y sufren gran volatilidad. Los apagones, o la amenaza de sufrirlos, provocados por falta de mantenimiento a equipos e instalaciones por parte de empresas privadas que privilegian la obtención de ganancias rápidas a corto plazo, se han hecho frecuentes. Los sistemas de transmisión se han tensado al punto del colapso. El mercado se ha monopolizado de nuevo, pero ahora por compañías privadas, cuyo fin no es brindar un servicio público, sino sólo obtener beneficios.

Además de éstas, se han producido otras consecuencias no esperadas de la desregulación. Ante la demanda creciente de turbinas de gas para las plantas de ciclo combinado, estimulada en parte por la creciente competencia entre generadores de electricidad, los fabricantes introdujeron nuevas tecnologías que no estaban suficientemente probadas. En consecuencia, muchas turbinas fueron producidas con defectos. Los compradores respondieron entablando demandas legales. Las aseguradoras sufrieron fuertes pérdidas financieras.

Los reacomodos del mercado produjeron una racha de adquisiciones y quiebras financieras en compañías de ingeniería, compras y construcción que obligó a empresas, que anteriormente diseñaron y levantaron plantas de energía monumentales e innovadoras, a cancelar nuevos proyectos y a despedir a su equipo de expertos.

Multitud de nuevos proyectos de construcción de plantas de ciclo combinado se han suspendido y cancelado, provocando acumulación excesiva de turbinas de gas, con lo que una mercancía que antes tenía mucha demanda se está transformando en un lastre financiero.

La desregulación ha incentivado el máximo aprovechamiento del equipo, la extensión de las jornadas de trabajo, el uso intensivo de los equipos y la reducción de la inversión en mantenimiento con un grave resultado: el incremento en la frecuencia de cierres forzosos de plantas de energía y accidentes laborales.

 La mascarada

El presidente Fox se empeña en ignorar las lecciones del fracaso de un modelo. Pretende desconocer que el sistema eléctrico mexicano es uno de los más eficientes del mundo. Quiere entregar a intereses privados un servicio que pertenece al pueblo mexicano.

Nadie puede afirmar que en México la privatización de las carreteras o de la banca haya tenido éxito, ni que proporcionó mejores servicios ni más baratos. Sí provocó, al igual que otras desincorporaciones, una mayor concentración de la riqueza. Nadie puede garantizar que esto no vaya a suceder con la privatización de las empresas eléctricas públicas y en unos años se viva el caos que experimentó California con un Fobaproa eléctrico.

Resulta obvio que se requiere una reforma del sector eléctrico. Pero se necesita un cambio para fortalecerlo, no para desmantelarlo. Una vez que se saca la pasta de dientes de su tubo no puede volverse a meter. Si la iniciativa foxista avanza se dilapidará el patrimonio de un pueblo y una nación.