Hoy, reunión de procuradores y presidentes de tribunales

Buscarán homologar castigo para secuestro y abuso contra menores

Por primera vez abordarán el acceso efectivo de indígenas a la procuración de justicia, informó Claudia Cameras Selvas

Procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia de todo el país analizarán la posibilidad de proponer tipos penales únicos para los delitos de prostitución infantil y secuestro. Asimismo, buscarán aplicar medios alternativos, como juicios orales, con el propósito de abatir el rezago que existe en materia de averiguaciones previas y procesos penales, informó Claudia Cameras Selvas, directora general de la coordinación de interprocuradurías de la Procuraduría General de la República (PGR).

En conferencia de prensa, reconoció que por primera vez los responsables de procurar e impartir justicia abordarán "el tema del acceso efectivo" de los pueblos indígenas a estas instancias.

Cameras Selvas, quien funge como secretaria técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, resaltó que en este encuentro -a realizarse este jueves y viernes en Ixtapan de la Sal, estado de México- se abordarán diversos temas, entre ellos la capacitación y actualización del personal ministerial y judicial, pero como asuntos centrales estarán los "medios alternativos de solución de conflictos en materia penal", el análisis de un tipo penal único para el delito de secuestro, y lo referente a prostitución infantil.

Otro tema importante que se discutirá, dijo, es el establecimiento de "un plan nacional de atención a víctimas, el cual será presentado a los presidentes de los tribunales superiores de justicia.

Indicó que a un año de que se reformó el artículo segundo constitucional, es necesario "aplicar mecanismos para garantizar a los pueblos indígenas el cumplimiento de sus derechos a los pueblos indígenas".

Respecto a los medios alternativos de solución a conflictos en materia penal, señaló que "se pretende aplicar y consensuar propuestas para establecer la mediación y la conciliación" como fórmula para desahogar procedimientos penales.

Además, durante la reunión, los titulares del Ministerio Público presentarán la propuesta del tipo penal que para el delito de secuestro se discutió en la reunión de procuradores de junio pasado en la ciudad de Tijuana, Baja California, la cual no descarta formular acusaciones de tipo penal contra las personas que no denuncien un secuestro.

Por su parte, entrevistado en Ixtapan de la Sal, el procurador de justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, informó que durante la Conferencia Nacional de Procuradores solicitará a sus homólogos establecer en sus marcos jurídicos la posibilidad de intervenir llamadas telefónicas para combatir de manera más eficaz a la delincuencia organizada.

Afirmó que la dependencia a su cargo presentará la serie de reformas a la Ley Orgánica de esta dependencia, que aprobó hace dos meses el Congreso local, para que las demás entidades recojan los alcances que tiene y así poder homologar las leyes en el país.

"El objetivo fundamental va a ser tratar de igualar criterios para mejorar la persecución del delito y la impartición de justicia, con lo que pretendemos cerrar espacios a la impunidad. Nosotros vamos a presentar la Ley Orgánica que aprobó el Congreso local, misma que recoge la gran mayoría de planteamientos que se han vertido en las conferencias nacionales de procuración de justicia y que han quedado hasta este momento en buenos principios y proyectos, pero no se habían plasmado en una legislación", dijo.

Manifestó que lo importante será que todas las procuradurías tengan la posibilidad de intervenir llamadas telefónicas por medio de una solicitud al Poder Judicial Federal, como hace la del estado de México.

De la misma forma, indicó que se buscará llegar a acuerdos para establecer en ley la creación de fiscalías especializadas, ya que en este momento no se mencionan ni en la Constitución ni en las leyes que de ella emanan; las fiscalías existen, pero no están tuteladas en alguna legislación.

Buscarán además la posibilidad de que en cada estado se faculte la protección a servidores públicos y ex funcionarios, y algunas otras características que permitirán enfocar la persecución de delitos hacia la creación de unidades de inteligencia que desmantelen bandas.