Querida Carmen: Mucho te agradeceré que le des cabida a esta carta para el Presidente de la República:

Vicente Fox Quesada, presidente de México: Respetuosamente me permito sugerirle que en lugar de Jorge G. Castañeda nombre como titular de Relacioines Exteriores al señor Rubén Mendoza, actual alcalde de Tlalnepantla y miembro del Partido Acción Nacional. El señor Mendoza ha demostrado en su visita a Cuba mayor sensibilidad política que Castañeda, también mejor estilo diplomático y, por si no fuera suficiente, aumentaría usted en su gabinete el número de panistas, cosa que le agradecerá su partido.

Octavio Rodríguez Araujo

Reprueban la ilegalización de Batasuna

Señora directora: Así como, en su momento, hemos condenado sin ambages el terrorismo etarra, reprobamos ahora el proceso de ilegalización del partido Batasuna, impulsado por el juez Garzón y el gobierno de Aznar, con el apoyo del PSOE.

Una democracia no ilegaliza partidos con innegable arraigo en importantes sectores de la población y con representantes legítimos en instituciones parlamentarias y municipales; cuando más, persigue delitos de personas concretas, conforme a normas propias de un verdadero estado de derecho. La suspensión de actividades decretada por el juez Garzón, en contra de Batasuna, adolece de notorios vicios jurídicos y la circunstancia en que se efectúa permite pensar que se ha vulnerado la independencia del poder judicial, con el fin de eliminar un adversario político ciertamente incómodo. Da mucho que pensar el que tal medida se tome, cuando es claro el debilitamiento de los sectores extremistas en el nacionalismo vasco. Da la impresión de que el PP y el PSOE requirieran un abertzalismo violento, para justificar y perpetuar un hegemonismo que recuerda demasiado al impulsado por la dictadura franquista. Sea como fuere, ni las medidas dictadas por dicho juez ni la ilegalización definitiva de Batasuna contribuyen a consolidar la vida democrática ni favorecen una solución del conflicto político que aqueja al pueblo vasco.

Mal hacen el gobierno de Aznar y el PSOE en negar la existencia de ese conflicto y al recurrir en exclusiva a la vía policial, para combatir no sólo a ETA sino también a quienes, rechazando sus tácticas, reivindican un proyecto soberanista para el País Vasco. El pueblo vasco, en su mayoría, apoya la opción contraria, la del diálogo y la negociación, al mismo tiempo que exige el respeto a su derecho a la autodeterminación de su futuro como pueblo. Dar cauce a estas expectativas es lo único que garantiza una paz sustentada en la justicia, el respeto a las diferencias y la democracia. Por el contrario, medidas como la que aquí objetamos sólo sirven para perpetuar la violencia.

Federico Alvarez, Josu Landa

Precisiones de la Procuraduría Social del Distrito Federal

Estimada Carmen: La Procuraduría Social del Distrito Federal es una institución intermedia entre los habitantes de la ciudad y el Gobierno del DF para atender las quejas ciudadanas que se derivan de la prestación de los servicios públicos que debe otorgar el gobierno de la ciudad desde todos sus ámbitos. Asimismo somos autoridad en materia condominal para atender las quejas que se derivan de la convivencia en los condominios, promovemos y formalizamos la organización condominal y promovemos y educamos a los ciudadanos en los valores de la convivencia. Destaca por su impacto social el Programa de Rescate de Unidades Habitacionales de Interés Social con el cual se beneficia a 790 conjuntos habitacionales que cuentan con 325 mil viviendas y que es instrumentado desde nuestra institución.

La Procuraduría a pesar de las grandes responsabilidades que debe cumplir ante la ciudadanía, es una institución muy modesta y cuenta con recursos muy restringidos. Es por eso que, para poder acercar nuestros servicios necesitamos del apoyo de las delegaciones para que nos faciliten espacios dentro de sus demarcaciones y podamos atender las quejas y demandas.

Después de tres meses de presiones, nos desalojaron del espacio ocupado en sus instalaciones desde septiembre de 1999. La justificación que se nos dio fue la necesidad de remodelar las oficinas; sin embargo, en todo momento se nos aclaró, por parte del director Jurídico, que "de ninguna manera la delegada volvería a reinstalarnos en ese lugar, por lo que nos pedían amablemente desocuparlo cuanto antes". Las presiones fueron burdas: filmaban nuestro trabajo en las oficinas y en las asambleas ciudadanas, buscando un pretexto político que nunca encontraron; pusieron a disposición de personal a Rocío Vargas Martínez, trabajadora de la delegación, que colaboraba institucionalmente con nosotros en la atención de los ciudadanos. En fin, sólo mencionaré estas por ser las más importantes.

Finalmente, el 15 de agosto fueron "trasladadas" nuestras cosas a un módulo de seguridad pública ubicado en la Av. Aquiles Serdán que cuenta con 15 m² en dos niveles, cosa que desde luego imposibilita cualquier trabajo de atención al público.

El 25 de agosto, la delegada declaró a Mirna Servín, reportera de La Jornada, "que estoy mal informada". Si es así, mucho le agradeceré a la delegada una comunicación por escrito donde se me informe de la fecha de la reinstalación de la oficina de la Procuraduría en el espacio que ocupaba. De lo contrario lamentaré que su decisión afecte a los habitantes de su demarcación sobre todo a las 54 mil familias que habitan las 42 unidades habitacionales que se benefician de nuestros servicios y programas, porque a partir de entonces, para recibir nuestros servicios deben trasladarse hasta la colonia Roma.

El criterio político que se le imprime al trabajo de gobierno de la Delegación Azcapotzalco, está afectando a los ciudadanos. Llamo a la delegada y a su equipo a que se conduzcan de manera institucional.

Patricia Ruiz Anchondo

Denuncian prácticas fraudulentas de Avantel

Señora directora: El pasado 28 de agosto llamaron a mi casa, de Avantel, contestó mi hija a quien le plantearon lo siguiente: "Debido a que el primero de septiembre entrarán en vigor leyes antimonopólicas, Telmex no podrá seguir prestando el servicio de larga distancia y sus usuarios tendrán, por mandato de la Secretaría de Telecomunicaciones (sic), que escoger entre dos opciones: Avantel (con tarifas iguales a las de Telmex) y AT&T (que tiene un cargo mínimo de 100 pesos mensuales)". Ante la aparente fatalidad de la situación, mi hija escogió Avantel y le dijeron que "la enlazarían con la Secretaría de Telecomunicaciones (!) para confirmar el cambio de compañía". Así lo hicieron y mi hija reiteró los datos que antes le habían solicitado.

Ante lo disparatado de sus argumentos, llamé a Avantel y se me dijo que en pantalla aparecía que Luisa Gómez Pombo había autorizado el cambio a esa compañía, solicité hablar con su supervisor, Ulises Castro a quien replantée la historia y pedí precisar qué podría esperar ante esta fraudulenta práctica de recolección de clientes.

Primeramente me advirtió que cualquier cancelación tarda un mes y que es política de la compañía grabar todas las llamadas de sus promotores, por lo que en 48 horas podrían conocer la que estaba en entredicho. En caso de confirmar la veracidad de mi denuncia su oferta magnánima fue que podríamos "negociar un descuento en mi tarifa de larga distancia". Le pregunté la tarifa de las llamadas de LD y me pidió un momento para investigar mi status, y me informó que era de $1.48 más IVA el minuto. (A mi hija le habían dicho que era de un peso). Dejé clara mi posición a ahondar en este asunto y a hacerlo público en la medida de mis posibilidades. Quedamos en que el miércoles me llamaría; pero sorpresivamente, 10 minutos después, llamó para decirme "qué cree: no está conectada a Avantel, no se preocupe, ya no hay problema". ¿Cómo era posible que un momento antes hubiera consultado mi status como suscriptora y 10 minutos después se había esfumado la situación que originaba el problema? Al mencionarle esto señaló que "posiblemente la ejecutiva ?que me había atendido? había malinterpretado la información" o que "el proceso de conexión no se había completado" o que "entre la fecha de venta y la de conexión pueden pasar entre 7 y 14 días..."

Duvulgo esta experiencia para evitar que otras personas sean sorprendidas y esperando que las autoridades garanticen que la lucha empresarial por los mercados no salga tan flagrantemente de la legalidad.

Luisa Gómez Pombo