GUERRA SUCIA EN EL MAGISTERIO

Se enriqueció de modo ilícito e impulsó la represión de profesores, según la CNTE

El 12 de octubre, juicio popular contra Gordillo

En Atenco, maestros disidentes impugnan el Acuerdo Social por la Calidad de la Educación

CLAUDIA HERRERA BELTRAN ENVIADA

San Salvador Atenco, Mex., 7 de septiembre. La secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Elba Esther Gordillo Morales, será sometida a juicio popular el 12 de octubre por profesores disidentes, quienes la acusan de tener una actitud de "entreguismo" al gobierno foxista, de enriquecimiento ilícito y de haber impulsado, junto con Carlos Jonguitud Barrios, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la represión a los maestros opositores.

La asamblea nacional de la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) -realizada en el auditorio municipal de Atenco- acordó lo anterior, así como sumarse a la denuncia, presentada hace dos semanas, por el asesinato de Misael Núñez Acosta. Con ese propósito nombró a una comisión que acudirá el próximo día 12 a la fiscalía que investiga el caso para confirmar la demanda y presentar eventualmente otras, culpando a Gordillo y a Jonguitud de la muerte y desaparición de otros mentores.

En la reunión, que se inició a las 14 horas y se prolongó hasta la madrugada, los profesores también acordaron llevar a cabo una movilización nacional, el 20 de septiembre, que consistirá en marchas en el Distrito Federal y en otras entidades en repudio al Compromiso Social por la Calidad de la Educación, la reforma eléctrica que promueve el presidente Vicente Fox, y de modificaciones a las leyes laboral y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Desde que comenzó la asamblea todos los contingentes de la CNTE se pronunciaron en favor de impulsar el juicio popular contra el "cacicazgo" de Gordillo Morales, y por consenso se acordó realizarlo el 12 de octubre en el Zócalo capitalino. Serán invitados maestros, intelectuales y organizaciones sociales, para que presenten su testimonio contra la secretaria general del PRI y lideresa moral del sector institucional del magisterio.

El objetivo, explicó el dirigente de la sección 22 de Oaxaca, Alejandro Leal, es obtener un "veredicto popular" sobre la actuación de la priísta y demostrar a la sociedad y al gobierno que ha sido una política "corrupta", que se ha enriquecido a costa de los recursos de los maestros y que para imponer su control ha recurrido a cualquier medio, sobre todo la represión.

Durante la asamblea -que reunió a unos 240 delegados provenientes de 20 entidades del país, mayoritariamente de Oaxaca, Guerrero y Michoacán- los oaxaqueños expusieron la necesidad de impulsar el juicio popular contra Gordillo.

Claudio Flores argumentó: "sin consultar a los maestros, Gordillo comprometió al sindicato en el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, todo por su amistad y colaboracionismo con el presidente Vicente Fox. Además, ha mantenido un cacicazgo corrupto y ha sido autora intelectual, junto con Jonguitud, de la represión contra los maestros de la coordinadora".

Agregó que los maestros de la CNTE ya tienen experiencia en organizar juicios populares. Por ejemplo, añadió, en los años 80, los docentes de Oaxaca realizaron uno, en la Plaza de la Danza, contra el grupo Vanguardia Revolucionaria, que dirigía Carlos Jonguitud.

Víctor Echeverría, líder del magisterio de la sección 14 de Guerrero, y Juan Pérez, secretario general de la sección 18 de Michoacán, coincidieron en que es necesario impulsar una campaña de repudio contra Gordillo Morales. Para lograr ese objetivo, propusieron que se realice, después del juicio popular, un plebiscito para desconocer a la priísta de sus cargos en el SNTE, como presidenta del Comité Nacional de Acción Política y directora de un instituto de estudios sobre el sindicalismo en América Latina.

Sin embargo, Flores señaló que la CNTE se deslinda de Teodoro Palomino, uno de quienes presentaron la denuncia por el homicidio de Misael Núñez, pero que en el pasado fue repudiado por la coordinadora.

"Es evidente que algunos han querido montarse en este conflicto, y es el caso de Palomino", afirmó Flores, en referencia a ex integrantes de la sección 36 del valle de México.

Anunció que para evitar que se "siga sacando provecho político de la figura de Misael", la coordinadora nombrará una comisión para que se presente el 12 de septiembre a la fiscalía especial a confirmar la denuncia y a presentar otros expedientes de la "represión" que han impulsado Jonguitud y Gordillo en el sindicato magisterial.

Gonzalo Martínez Villagrán, representante de la sección 9 del Distrito Federal, recordó que Palomino fue desconocido por haber tenido "arreglos" con Gordillo y haber pretendido "vender" el movimiento de la CNTE, y señaló que en el pasado fue acusado por corrupción en el manejo de un fondo de vivienda.

Como parte de su posición contra las políticas económicas del gobierno foxista, los maestros de Michoacán también plantearon la creación de un frente nacional contra el neoliberalismo, que estaría integrado inicialmente por la CNTE, el Sindicato Mexicano de Electricistas, los ejidatarios de San Salvador Atenco y estudiantes de la UNAM que reivindican el Consejo General de Huelga.

En representación de los michoacanos, Juan Pérez expuso que es necesario hacer un frente común contra el neoliberalismo, porque los embates del gobierno son cada vez peores. Prueba de ello, abundó, son los planes de privatizar el sector eléctrico y de reformar las leyes Federal del Trabajo y del ISSSTE, con el objetivo de acabar con los derechos de los trabajadores.

"Tenemos que ir contra Fox a detener la reforma eléctrica", advirtió. En ese contexto, la CNTE también acordó enviar contingentes representativos a la marcha que se realizará el próximo 27 de septiembre, en oposición a la reforma de la Constitución para abrir la puerta a la inversión privada en el servicio eléctrico.

Antes de la inauguración de la reunión -calificada de histórica por la CNTE, porque se hizo en Atenco, en medio de una coyuntura favorable para el esclarecimiento de los asesinatos y las desapariciones de maestros disidentes-, el oaxaqueño Alejandro Leal expuso que es necesario iniciar una campaña de denuncia contra el charrismo sindical, que pretende entregar la educación pública al sector privado.

El Compromiso Social por la Calidad de la Educación, expresó, tiene el propósito de privatizar la enseñanza, porque da "carta abierta" a los empresarios y a la Iglesia católica para que entren en las escuelas públicas, además de que obliga a los padres a aportar más recursos al rubro, pese a que es una obligación del Estado.

Añadió que es la segunda fase del proyecto neoliberal iniciado en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, que transfirió la responsabilidad de administrar el servicio educativo a las entidades federativas, y que en este gobierno se pretende llegar hasta los municipios y los padres de familia, para que financien la enseñanza.