José Saramago y Ernesto Sábato, primeras figuras de la literatura contemporánea iberoamericana, expresaron, en carta enviada a este diario, su desazón y desacuerdo ante la resolución dictada hace dos días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que declaró improcedentes 322 controversias presentadas contra la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas aprobada el año pasado. Los dos escritores manifiestan su irritación por lo que consideran "una bofetada" a los indios de México y "una página negra" en la historia nacional. Además, reprochan abiertamente al Estado mexicano y al presidente Vicente Fox su ominosa postura contra los pueblos originarios de la nación, a los que han negado -en todas las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales de la Federación- sus legítimos reclamos históricos.

En la misiva, Saramago y Sábato no dudan en afirmar que el gobierno de Fox aprovechará el fallo judicial -parte de una estrategia sistemática de discriminación y olvido que, desde numerosas instituciones y estamentos políticos, se practica contra los pueblos indios- para mantener la exclusión de las comunidades indígenas. Con ello, evidencian el engaño en que la actual administración ha mantenido al país: tras pregonar su interés en una solución justa y digna para los reclamos indígenas, se apresta ahora a rentabilizar esta decisión judicial para incumplir sus promesas. El presidente Vicente Fox tuvo, en su momento, la gran oportunidad para resolver el conflicto de Chiapas y comenzar a saldar la deuda histórica con las etnias de México. Pero, a la hora de la verdad, no tuvo la capacidad o la determinación de asumir tan importante responsabilidad y optó por plegarse a la política de discriminación, desprecio y olvido con la que el Estado mexicano ha sometido, por siglos, a sus ciudadanos más débiles: los pueblos indígenas.

La carta de Saramago y Sábato es, también, una declaración de desengaño. Como muchos mexicanos que creyeron en las promesas de cambio de la presente administración, los escritores reprochan severamente al presidente Fox su palabra incumplida. O, quizá, la palabra que utilizó como mercadotecnia electoral pero que nunca pensó cumplir.

Sin una pronta rectificación legislativa que enmiende las graves omisiones y distorsiones de la reforma avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que asuma verdaderamente el sentir de las comunidades indígenas, la letra del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los Acuerdos de San Andrés, los pueblos indígenas no tendrán razón alguna para creer que el Estado mexicano reconocerá lo que legítimamente les corresponde. De no ser así, para ellos, como para millones de compatriotas, la democracia en México nunca estará completa y el 2 de julio de 2000 no será sino la fecha en la que el viejo régimen concluyó su estrategia de revalidación.