REFORMA INDIGENA

Llama Sipaz a activistas de todo el mundo a expresar su preocupación al gobierno de México

ONG estadunidense pide a Fox adecuar la ley indígena con los acuerdos de San Andrés

La reforma constitucional en materia indígena, obstáculo para la paz en Chiapas, advierten

Realizan foros de consulta sobre los derechos de las etnias en Hidalgo y Michoacán

La comunidad internacional espera que el Estado mexicano revise la ley indígena ''para hacerla congruente" con los compromisos asumidos en San Andrés Larráinzar y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostuvo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la organización estadunidense Servicio Internacional para la Paz (Sipaz).

El organismo, conformado por diversos organismos no gubernamentales (ONG) estadunidenses y europeos, pidió a activistas de todo el mundo escribir al presidente Vicente Fox y expresarle su preocupación ''porque la reforma constitucional sobre derechos indígenas se ha convertido en un obstáculo para reanudar el proceso de paz, y avanzar hacia una solución al conflicto de Chiapas''.

En un informe elaborado antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validara el viernes pasado las reformas constitucionales en materia indígena, Sipaz dijo estar ''alarmado'' ante el incremento de la actividad militar en Chiapas. Dicho documento advirtió que si la SCJN declaraba válida la ley indígena, ''el fallo podría ser leído por algunos como el agotamiento de la vía política y pacífica para resolver el conflicto''.

Señaló como factor de preocupación ''el deterioro evidente de la convivencia entre zapatistas y otras organizaciones indígenas en la zona Selva (chiapaneca), con la multiplicación de acusaciones mutuas y conflictos violentos entre esos grupos''.

Añadió en el escrito que a esa situación se unió el que la tierra aún es un factor de tensión permanente, y las autoridades reconocen que 80 por ciento de los problemas sociales y políticos en Chiapas están ligados a temas agrarios.

Concluyó que ''a pesar de algunos avances, México sigue siendo objeto de preocupación por parte de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos''.

A su vez, coordinadoras de ONG con presencia en zonas indígenas chiapanecas, convocaron a la población de esas regiones a participar en una marcha este martes en San Cristóbal de la Casas.

Mientras tanto, alrededor de 50 representantes de diversos partidos políticos, académicos, sindicalistas y empresarios anunciaron la conformación del grupo Unidos por Chiapas, que pretenderá analizar la situación en la entidad. El nuevo organismo elaborará propuestas de solución que harán llegar ''sin identidades o fines partidistas'' a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial estatales y federales.

Por otra parte, a pesar del fallo de la SCJN en Hidalgo, donde unas 500 mil personas -casi la cuarta parte de la población- son indígenas, se promoverán reformas legales que garanticen el respeto a los derechos de los pueblos, a los que el Poder Ejecutivo de esa entidad apoyará con mayores recursos, además de que respetará sus usos, costumbres y vida interna propia, sostuvo el gobernador Manuel Angel Núñez Soto.

Por su parte, el secretario general de Gobierno de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, anunció que se impulsará en la entidad ''una amplia consulta'' entre las etnias purépecha, nahua, mazahua y otomí, que permita integrar una iniciativa de ley indígena estatal ''de avanzada''.

Asimismo, organizaciones indígenas de Michoacán, entre ellas Nación Purépecha Zapatista, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Nación Purépecha, Patria Purépecha y Frente Estatal Indígena (FEI), integrarán un bloque que se coordinará con otras etnias del país para movilizarse contra el Poder Judicial federal, anunció José Alonso Sebastián, dirigente del FEI. En similar tenor se expresó en Hidalgo la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Por su parte, Celerino Bautista Luis, alcalde de Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, uno de los más de 300 municipios que presentaron controversias ante la SCJN en desacuerdo con las reformas constitucionales en materia indígena, dijo en entrevista haberse contactado con otros alcaldes inconformes con el fallo, para ''ver qué se puede hacer al respecto''.

ANGELES MARISCAL, CARLOS CAMACHO, ERNESTO MARTINEZ Y GUADALUPE LOPEZ, CORRESPONSALES