Derechos indios, Corte y Congreso

No ha sido frecuente a lo largo de nuestra historia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifieste en relación a cuestiones altamente visibles y de impacto en la vida política del país.

El pasado viernes 5, en un día y en un formato inusuales para las resoluciones de la Corte, lo que deja ya un mal tufo y despierta necesariamente interrogantes sobre las razones de lo inusual, ésta declaró improcedentes las controversias constitucionales, esto es, las demandas presentadas por 322 ayuntamientos del país para echar abajo las reformas introducidas en la Constitución -por votaciones coincidentes de PAN y PRI- en materia de derechos y cultura indígenas, consideradas insuficientes o contrarias respecto a la iniciativa elaborada por la Cocopa, apoyada, entre otros muchos, por la gran mayoría de los indígenas del país, y presentada al Congreso por el titular del Ejecutivo federal.

 La Corte falló en contra, analizando y tomando en cuenta sólo el procedimiento de aprobación de las reformas, argumentando que de juzgar sobre su contenido, estaría sustituyendo al órgano reformador que representa el Legislativo.

En otros casos anteriores, la Corte había tocado con sus juicios el fondo de las reformas, sin considerar que con ello sustituía o afectaba las facultades del órgano reformador.

Lo cierto es que la mayoría -ocho de 11- de los ministros de la Corte rehuyeron ir a la esencia del problema. No quisieron enfrentarse con las cabezas del régimen del que ellos son parte, y con esta resolución dejan muy claro que se identifican y están sumados a sus intereses y visiones.

Su resolución no es intrascendente. Revive cinco siglos de opresión, explotación, desigualdad y discriminaciones. Deja viva una herida social que impide la unión de los mexicanos en el respeto a su diversidad. Nulifica las potencialidades de nuestra pluralidad. Ofende a los 10 millones de mexicanos que se reconocen como parte de alguno de los 56 pueblos indígenas, y ofende igualmente a los 92 millones restantes de mexicanos, todos aquellos que no nos consideramos herederos ideológicos y materiales del coloniaje, la conquista violenta, las compañías deslindadoras y la tienda de raya, ni nos hemos sumado al entreguismo y al sometimiento político y en el pensamiento de los actuales anexionistas.

Impide la desmilitarización de la selva chiapaneca, donde están asentadas centenares de comunidades y decenas de miles de mexicanos; impide que la tropa vuelva a sus cuarteles originales, los que ocupaba antes del 1° de enero de 1994, y que el Estado mexicano deje de estimular las divisiones y las deslealtades entre hermanos y proteja y promueva en esas regiones la educación y la producción, y ya no más la degradación social y la prostitución.

Mantiene la guerra sorda, que no por ello menos sangrienta, y la violencia paramilitar clasista en vastos territorios de Chiapas, que altera gravemente la vida de las comunidades, que se encuentran en una permanente angustia opresiva y paralizante, que les obstaculiza para dedicar su esfuerzo al trabajo creativo y productivo.

Y lo más grave, cierra las posibilidades para llegar a un acuerdo de paz, estable, definitiva, que se abrió como gran esperanza, primero, al suscribirse los acuerdos de San Andrés y, después, al darse la gran marcha zapatista en los primeros meses de 2001.

En fin, con resolución de la Corte o sin ella, lo que vuelve a quedar claro es que las reformas constitucionales en materia de derechos y culturas indígenas vigentes no contribuyen a resolver los conflictos de Chiapas, a que se den los acuerdos de paz y a que se reconozcan -y puedan cabalmente ejercitarse- los derechos de los indígenas de nuestro país y se creen las condiciones para su desarrollo, participación y aportes creativos, con oportunidades equivalentes y en igualdad con los mexicanos que gozan, contribuyen y se benefician de los niveles más altos de desarrollo social, cultural, político y económico.

En estas condiciones, los legisladores están ante la gran oportunidad histórica de dar solución al problema de enfrentamiento y división entre mexicanos más grave que hoy vive nuestro país, legislando para incorporar a nuestra Constitución las reformas en materia de sus derechos y sus culturas que demandan los pueblos y comunidades indígenas de la nación.