Incluye al diputado Jesús Olvera en su denuncia de peculado por más de $2 mil millones
Solicita la PGR desafuero de Romero Deschamps y Aldana
Cita la UEDO a los legisladores y dirigentes del sindicato petrolero a declarar el día 14
GUSTAVO CASTILLO Y RENATO DAVALOS
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el desafuero de los legisladores federales Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, así como del diputado local de Tamaulipas Jesús Olvera Méndez, al encontrar elementos de prueba para acusarlos penalmente como presuntos responsables de los delitos de peculado por más de 2 mil millones de pesos y uso indebido de atribuciones y facultades, como partícipes del desvío de recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex) al sindicato petrolero.
Pese a ello, la PGR mantiene abierta otra indagatoria en la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO) contra los líderes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en la cual se les señala como indiciados en las investigaciones que se siguen por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte.
La Jornada publicó el pasado lunes que la PGR estaba a punto de pedir el desafuero, y ayer la solicitud quedó terminada poco después del mediodía, tras una reunión de más de cuatro horas entre funcionarios de alto nivel de la PGR.
Según fuentes de la dependencia, en ausencia del procurador Rafael Macedo de la Concha, quien se encuentra de gira por Inglaterra en una reunión de procuradores, los titulares de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Alejandro Ramos; el director de la UEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, y la encargada de investigaciones especiales, Marisela Morales, definieron la estrategia para el proceso de desafuero, con un cúmulo de pruebas que se presentarán al Congreso de la Unión una vez que este órgano concluya el proceso de instrucción.
Uno de los principales argumentos, según revelaron fuentes de la PGR, lo constituye el proceso penal que se instauró contra el ex director de Pemex Rogelio Montemayor Seguy y otros cinco ex funcionarios de la paraestatal, por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, caso en el cual la Procuraduría ya obtuvo las órdenes de aprehensión. Asimismo, el auto de formal prisión que el juzgado decimotercero de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Sur de la ciudad de México, decretó a Manuel Gomezperalta Damirón, un ex director corporativo de la paraestatal y único preso de los acusados penalmente hasta el momento.
Por la noche, mediante un video difundido por la PGR, Macedo de la Concha (desde Inglaterra) leyó el comunicado en el cual señaló que "a juicio del Ministerio Público de la Federación, dentro de la indagatoria se acreditó el referido desvío de recursos del presupuesto de Pemex, mediante la suscripción de una serie de convenios administrativo-sindicales celebrados entre los ex directivos de Pemex y los legisladores mencionados, con el supuesto objeto de cubrir diversas obligaciones a cargo de Pemex y otorgar donativos en favor del sindicato, los cuales en su momento no cumplieron con la normatividad aplicable.
"Sobre el particular cabe señalar que dichos convenios sólo constituyen un medio para tratar de legitimar el desvío de los recursos públicos, que incluso no fueron aplicados a los fines señalados en los propios convenios", indicó Macedo de la Concha.
A medianoche, el vocero priísta, Carlos Jiménez Macías, y el coordinador jurídico, Miguel Angel Yunes, aparecieron ante los medios después de una reunión de casi cinco horas en la sede del tricolor, en la que estuvieron los dirigentes petroleros acusados, además de Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo y Francisco Labastida. También hubo contacto telefónico con los gobernadores priístas.
Hoy el PRI fijará su posición y detallará las acciones acordadas anoche. En tanto, Yunes y Jiménez Macías refirieron que se trata de una "venganza política y abuso de la ley", ya que la acción de la PGR se enmarca en la negociación salarial entre el sindicato petrolero y la empresa.
El llamado Pemexgate se inició el 10 de diciembre de 2001, cuando la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) presentó una denuncia ante la PGR contra Montemayor Seguy, Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene Berlanga y Julio Pindter, y los dirigentes del STPRM, como los responsables del desvío (inicial) de mil 100 millones de pesos.
Para el 11 de diciembre de ese año, la UEDO ya había solicitado la colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y obtuvo información en el sentido de que desde la cuenta 559-02069-9, de Banorte, se realizaron retiros de dinero en efectivo por parte de empleados del PRI durante la campaña de Francisco Labastida, por un total de 500 millones de pesos, los cuales en su mayoría fueron entregados en las oficinas de Jorge Cárdenas Elizondo, entonces secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor.
El 19 de enero de este año, La Jornada publicó en exclusiva la información del Pemexgate: que ya había testigos protegidos, que parte de los recursos desviados al STPRM se habían "invertido" en el llamado Sorteo del Milenio del PRI, y que se investigaba la probable comisión de delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero.
Asimismo, este diario dio a conocer que la PGR había obtenido información de transferencias de recursos al extranjero a una cuenta que abrió en un banco de la ciudad de Nueva York Ricardo Aldana por un monto de 40 millones de dólares, dinero que inicialmente fue entregado al STPRM mediante la firma de convenios laborales por parte de Pemex, con autorización de Montemayor Seguy.
También se conoció que durante la gestión de Montemayor Seguy se entregaron de manera irregular al menos 2 mil 200 millones de pesos al STPRM, según las declaraciones ministeriales de Julio Pindter, quien fungió como subdirector de Relaciones Laborales en Pemex.
De los ex dirctivos acusados por peculado por la PGR, hasta el momento sólo uno, Manuel Gomezperalta Damirón, se encuentra detenido y sujeto a proceso penal. De los otros nada se sabe; el ex director de Pemex, a su vez, pagó 5 mil dólares por mantener su libertad en Estados Unidos en tanto se le inicia un juicio de extradición.
Los dirigentes citados
La UEDO citó a comparecer en calidad de indiciados, "al estarse investigando por probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte", a Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana.Mediante los oficios CG/663/02 y CG/664/02, la UEDO pidió desde el 19 de agosto a los legisladores priístas y líderes del sindicato petrolero que acudieran el próximo 14 de septiembre a sus instalaciones a rendir su declaración ministerial.
Sin embargo, por la tarde, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Cámara de Diputados llegaron copias de los citatorios y de una denuncia que la defensa de ambos dirigentes gremiales habrían presentado contra funcionarios de UEDO, alegando que no respetaron su derecho de audiencia, y que sin haber concluido la indagatoria solicitaron el juicio de procedencia en su contra.
Pemex se declara al margen
En un comunicado de prensa, Petróleos Mexicanos manifestó que la paraestatal se mantendrá "al margen de este procedimiento y seguirá trabajando con toda normalidad".
Respecto a la relación con el sindicato, Pemex informó que "en este ambiente de respeto mutuo permanecerán las negociaciones laborales en curso que, con la buena voluntad de las partes, deberán culminar próximamente", antes del primero de octubre. En un par de ocasiones se ha prolongado la fecha para estallar el conflicto en caso de no llegar a un arreglo.
Además, la empresa aseguró que "seguirá manteniendo su respeto absoluto al STPRM, y convoca a los dirigentes sindicales y a los líderes de las diferentes secciones que conforman el pleno del Comité Ejecutivo General a estar tranquilos y a actuar con la responsabilidad que los caracteriza, en beneficio de sus representados, de la institución y de México".
El IFE quiere copia de la averiguación
En el Instituto Federal Electoral (IFE), el consejero Jaime Cárdenas dijo que la PGR está obligada a proporcionar al máximo órgano electoral una copia de la averiguación previa de este caso.
Cárdenas comentó que en dos ocasiones la Procuraduría se ha negado a ofrecer el documento bajo el argumento de que la averiguación aún no está integrada.
