Ni con las aprehensiones se redujo la presencia policiaca y castrense

Se agrava crisis del grupo paramilitar Paz y Justicia con el arresto de varios integrantes

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis. 16 de septiembre. La detención de Sabelino Torres Martínez y otros miembros de Desarrollo, Paz y Justicia acentuó la crisis que ha venido atravesando dicha organización, señalada como paramilitar desde 1996 y a la que se responsabiliza directamente de cuando menos 55 muertes en la zona norte del estado.

Sin embargo, nada cambia la aguda militarización de las comunidades ni la presencia constante de policías estatales y municipales en las pueblos. En Sabanilla solamente, el Ejército patrulla cada día San Patricio, Los Moyos, Cristóbal Colón, Bebedero y otras comunidades. El pretexto, según los desplazados en San Marcos, es evitar "que las bases zapatistas sigan creciendo".

El operativo policiaco del viernes pasado resultó inesperado para la organización. El gobierno estatal promovió en meses recientes un proceso de "reconciliación" en la zona, particularmente en el municipio de Tila; han participado diversas organizaciones, incluidos algunos grupos vinculados con Paz y Justicia.

Mateo Gómez Torres, comisario ejidal suplente de Miguel Alemán, declaró este fin de semana a la prensa de Tuxtla Gutiérrez: "No sabemos por qué el gobierno actuó así, si apenas el 25 de junio habíamos firmado la paz y la reconciliación con todos los compañeros".

La organización, creada en 1995 para contrarrestar la influencia del zapatismo en la región chol, ha sufrido divisiones importantes a partir de la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2000. Muchos de sus miembros crearon la Unión de Comunidades Indígenas, Agropecuarias y Forestales (UCIAF) o bien pasaron a otras agrupaciones no priístas, buscando sacudirse la vinculación con los grupos armados contrainsurgentes.

A principios de este año, luego del encarcelamiento de Diego Vázquez, también dirigente de la organización, se registraron nuevos problemas internos que llevaron al asesinato de un indígena en las inmediaciones del ejido Miguel Alemán. De inmediato las comunidades zapatistas fueron hostigadas por convoyes militares y policiacos; el representante de Jolnixtié dijo entonces a La Jornada que los priístas estaban divididos y ajustándose cuentas, pero además querían acusar a los zapatistas de sus crímenes.

Se renueva la dirigencia de Paz y Justicia

Este sábado 14, en lo que la propia organización priísta consideró un "desafío" al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, Desarrollo, Paz y Justicia restructuró su dirigencia. Durante una asamblea efectuada en Yajalón, los delegados indígenas eligieron a Pascual Gómez Velasco como su nuevo dirigente y acusaron al gobierno estatal de no tener rumbo: "no sabe lo que hace".

En medio de otra crisis interna, los delegados de Paz y Justicia rechazaron a su anterior dirigente, Cristóbal Martínez Torres. El sábado "se esperaba" la elección de Sabelino Torres Martínez ("el único con capacidad de defender los derechos de las bases", según señalaron fuentes priístas), pero fue detenido la víspera en su domicilio de Tzaquil, acusado de acopio de armas, asesinatos y abigeato. Sin la participación de los delegados de Palenque ("ahuyentados" por el líder saliente, Cristóbal Martínez, después de "anunciarse" la suspensión de la asamblea), y por supuesto en ausencia de los detenidos en Tzaquil y Miguel Alemán, la organización priísta manifestó su oposición al "boicot" del gobierno estatal contra ella.

En relación con sus compañeros detenidos, Paz y Justicia (que se compone mayoritariamente de campesinos choles) declaró en su asamblea: "No van a quedar solos. Nos estamos fortaleciendo sin traicionarnos. No estamos debilitados; al contrario, frente a los ataques y agresiones del sistema, nos vamos a organizar para defender nuestros derechos de manera pacífica, sin violencia, sin engaños, para seguir gestionando nuestros proyectos ante las autoridades de los diferentes niveles de gobierno".

Un pasado violento

De acuerdo con los investigadores Dolores Camacho y Arturo Lomelí, "en estos tiempos es muy importante hablar de lo incierto del futuro de los choles, ya que en su territorio se ha librado una tensa lucha entre las bases sociales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los grupos de la organización Desarrollo, Paz y Justicia. Esta situación ha deteriorado profundamente la convivencia social".

Es conocido que en los municipios de Tila, Sabanilla y en mucho menor medida Salto de Agua existen miles de desplazados que viven fuera de sus comunidades de origen. Además, a partir de la militarización y paramilitarización de esa zona, hace siete años, persiste una continua zozobra.

"Las formas de organización social basadas en la tradición se han descompuesto", afirman Camacho y Lomelí, quienes han documentado ampliamente la historia de las comunidades choles. "Los conflictos que han vivido los pueblos crearon división y permitieron la acumulación de un gran rencor."

En sus orígenes, la conflictiva regional se debió a las guardias blancas de los finqueros de Tila y Tumablá, luego a los caciques campesinos y, finalmente, a los líderes magisteriales. A partir de 1976 se desató la violencia en El Crucero, comunidad localizada en lo que es ahora el corazón del conflicto entre Paz y Justicia y las bases de apoyo zapatistas. Los caciques Wulfrano Martínez Díaz (y no Wulfrano Torres, como escribió anteayer este enviado), Carmelino Hernández Torres y Manuel Hernández Torres fueron responsables de asesinatos, expulsiones y saqueos a lo largo de los años ochenta.

A partir de 1994 la división y las agresiones se hicieron más evidentes, afirman los investigadores. "Los conflictos se polarizaron, los inconformes empezaron a identificarse con las demandas zapatistas y electoralmente con el PRD, en especial durante la candidatura de Amado Avendaño a la gubernatura del estado, que consiguió un gran apoyo de las zonas identificadas con los zapatistas. A esta actitud hubo una reacción de los tradicionales priístas, encabezados por los maestros, que con el pretexto de la reivindicación india (chol) incitaron a la gente contra la presunta influencia de ideologías extrañas, como la Iglesia católica y los partidos políticos de oposición."

Así se forma Paz y Justicia en 1995, y de inmediato recibe cuantiosos recursos gubernamentales y del Banco Mundial. Con esto, agregan Camacho y Lomelí, "la organización logra controlar gran parte de las comunidades, aunque hubo denuncias públicas de que el dinero también se usó para la compra de armas. También es evidente que se dieron apoyos para ganar simpatías, pero lo fundamental fue el terror provocado con sus actos. La gente que no aceptaba apoyarlos debió huir después de ser amenazada".

En julio del presente año, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) publicó el informe de su visita a Chiapas. Ahí recogía testimonios recientes de toda la zona norte. Respecto de la "reconciliación" emprendida por el gobierno del estado, el representante de una comunidad de Salto de Agua declaró: "Hay que recalcar que en Tila es donde más abundan los paramilitares, incluso el presidente municipal es líder de Paz y Justicia. En la comunidad El Limar hubo un pequeño desorden dentro del grupo; el comisariado ejidal se distancia y empieza a hablar. Esto provoca un choque entre ellos, firman un convenio y aceptan devolver la iglesia que mantenían tomada desde 1995".

Sin embargo, "no hay paz verdadera", agregó el declarante. "Siguen ahí los militares y Seguridad Pública. No se ha firmado ninguna paz, se firmaron unos documentos para la entrega de una iglesia".

En el mismo informe de la CCIODH, los representantes del campamento de desplazados de San Marcos (Sabanilla) aseguraron: "Tanto Paz y Justicia como UCIAF siguen armados, y no es cierto lo que dice Fox, porque los militares siguen en las comunidades". Denunciaron que priístas armados se visten de agentes de Seguridad Pública y que Javier Encino Guzmán y Ambrosio Guzmán Ramírez son los dirigentes paramilitares en Sabanilla. También denunciaron la persistencia de los campamentos militares en Jesús Carranza, Sabanilla, Los Moyos y Andrés Quintana.