Disuelven en Navarra el grupo legislativo de Batasuna

Acusa Madrid al gobierno vasco de "atentar contra la democracia"

AFP Y DPA

Madrid, 19 de septiembre. El vicepresidente primero del gobierno español, Mariano Rajoy, acusó hoy al Ejecutivo del País Vasco de "atentar contra la democracia" al negarse a aplicar la suspensión del partido radical vasco Batasuna, ordenada a fines de agosto por el juez español Baltasar Garzón.

El martes anterior, el Parlamento regional, controlado por el Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado), declaró "nula de pleno derecho" una resolución de Garzón de suspender por tres años las actividades de Batasuna debido a sus lazos con la organización separatista vasca armada ETA.

Paralelamente, el gobierno del País Vasco anunció que presentará una querella por prevaricación contra Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española. El bloque de Batasuna en el Legislativo vasco está integrado por siete diputados regionales.

En cambio, el Parlamento de la vecina Navarra aplicó la suspensión del bloque legislativo de Batasuna, y los siete diputados de la izquierda pasaron al grupo mixto.

El Legislativo navarro confirmó formalmente este jueves la disolución del grupo parlamentario del partido independentista y el congelamiento de sus subvenciones.

Rajoy, número dos del gobierno central, estimó que la negativa del Parlamento vasco de aplicar la decisión de Garzón es "un disparate jurídico y un dislate político de incalculables consecuencias".

Tras afirmar que quien tiene que establecer lo que se ajusta a la ley es el Poder Judicial, Rajoy, también portavoz del gobierno español, sostuvo en declaraciones a la radio Cope que se trata del "ABC de una democracia, del estado de derecho", y que "si no cumplimos las resoluciones de los jueces estamos cometiendo el más grave atentado contra la democracia".

Dijo además que la demanda del gobierno vasco contra Garzón "no tiene el más mínimo sentido", y que "sospecha" entonces que el PNV "trata de darle cierta cobertura a Batasuna".

El gobierno vasco, a cargo del presidente Juan José Ibarretxe, negó el martes legitimidad a las decisiones del Garzón, que buscan suspender las actividades legislativas de Batasuna y prohibir cualquier manifestación que pueda ser interpretada como un apoyo a ese partido vasco.

El poder regional vasco entró en conflicto abierto con el presidente del gobierno español, José María Aznar, al amenazar el miércoles anterior con actuar de forma unilateral para aplicar las disposiciones aún en suspenso contenidas en el estatuto de autonomía del País Vasco.

El viernes pasado el gobierno vasco, con sede en Vitoria, reiteró ese ultimátum, cuyo alcance es ampliamente simbólico pues lo esencial del estatuto de 1979 ya está en vi-gor. El denominado Estatuto de Gernika dota a la región del norte de España de un nivel de autonomía único en Europa.

Hoy, el secretario de Estado para las relaciones con el Parlamento, Jorge Fernández, calificó ese ultimátum de "provocación".

Además, los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, dieron a conocer un comunicado de apoyo a su colega, destacando su "preocupación por la violación del estado de derecho constituida por la no aplicación de decisiones judiciales".

El ministro español del Interior, Angel Acebes, acusó a los nacionalistas de "presentarse como víctimas de la nada", al responder al presidente del PNV, Xabier Arzalluz, quien la víspera instó al "contrataque".

"Nunca tomaremos un arma en la mano, pero sí usaremos cada vez más todos los medios que la ley nos ofrece para defender nuestra posiciones ante los ataques que recibimos y también el recurso al pueblo", sostuvo Arzalluz, y enfatizó: "Siempre hemos estado contra ETA, pero de lo que pueden estar seguros es que no estamos con Aznar".

Por otra parte, organizaciones convocantes a la protesta del pasado sábado en Bilbao, que terminó en enfrentamientos con la policía, que atacó a los manifestantes con balas de goma y lanzaguas, lo que causó decenas de heridos, celebraron hoy una rueda de prensa en la que exigieron saber qué amenaza hizo Madrid a las autoridades vascas para que se reprimiera de forma tan brutal la movilización pacífica.

Los convocantes rechazaron la versión oficial de que la policía regional fue alertada de que se estaban produciendo incidentes en las calles aledañas, y que unas cien personas agredieron a un cordón policial.

"Unicamente el Departamento del Interior Vasco es responsable de los incidentes, porque las cargas policiales respondían a directrices marcadas por Garzón", dijeron.